Cuatro centros de vigilancia conectados con los sistemas C4 y C5 permitirán monitorear la calidad del agua del río Atoyac, detectar descargas industriales contaminantes y reportar incidentes a lo largo de su cuenca, como parte de la estrategia para sanear el afluente rumbo a 2030.
La secretaria de Medio Ambiente de Puebla, María de los Ángeles Ballesteros, informó que el Gobierno federal proyecta instalar estos espacios, aunque todavía no se definen las ubicaciones.
Los puntos serán seleccionados mediante estudios técnicos para determinar las zonas estratégicas de monitoreo.
“Están viendo dónde se va a instalar el centro; van a ser cuatro centros de monitoreo de agua en toda la cuenca, que es muy larga”, explicó en entrevista.
El proyecto busca reforzar la vigilancia del río y detectar posibles fuentes de contaminación, además de contribuir a la protección de los recursos hídricos y la salud de las familias que habitan en la región.
Como parte de las acciones de recuperación, el Gobierno de Puebla también participa en el saneamiento mediante infraestructura para el tratamiento de aguas residuales. Ballesteros indicó que una planta está próxima a concluirse, aunque no precisó su ubicación ni la fecha en que comenzará a operar.
Invertirán 265 millones de pesos en agua tratada
En días recientes, el gobernador Alejandro Armenta Mier anunció una inversión de 265 millones de pesos para 2027, destinada al aprovechamiento del agua tratada de las plantas de San Martín, Las Flores, Moyotzingo y Los Pinos.
El propósito es reutilizar el recurso para el riego de mil 450 hectáreas agrícolas y reducir la presión sobre las fuentes de agua, en el marco de las acciones para recuperar el Atoyac.
La estrategia nacional, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, contempla el saneamiento del río, la restauración de riberas, la reforestación y el control de descargas contaminantes en Puebla y Tlaxcala. La meta es sanear el afluente para 2030.
Por su parte, el comisionado del Proyecto del Río Atoyac destacó la coordinación entre la Federación, el Gobierno estatal y 22 municipios para atender la contaminación de los ríos Tula, Lerma-Santiago y Atoyac, considerados entre los más contaminados del país.
