SAN LUIS POTOSÍ, SLP., 23 de abril de 2026.-Familiares de una de las personas involucradas en los hechos registrados el 26 de febrero de 2023 en Soledad de Graciano Sánchez fijaron postura sobre el caso, al señalar presuntas irregularidades en el proceso judicial y falta de pruebas en su contra.
Durante un posicionamiento público, indicaron que la detención de José Luis “N” se realizó hasta el 18 de agosto de 2023, varios meses después de los hechos, lo que, afirmaron, genera dudas sobre la actuación de las autoridades.
Expusieron que, según su versión, el conflicto inició cuando una persona identificada como Antonio “N”, alias “El Pina”, presuntamente portaba un arma de fuego y habría amenazado a integrantes de la familia.
“Se menciona que esta persona habría mostrado un arma y realizado amenazas, lo que detonó la situación”, señalaron.
En relación con la persona fallecida, indicaron que, de acuerdo con lo expuesto, habría salido con vida del lugar, lo que, aseguran, deja incertidumbre sobre el sitio exacto donde ocurrieron las lesiones.
“Esto no habría sido plenamente acreditado por la autoridad investigadora”, afirmaron. Asimismo, señalaron que existían antecedentes de denuncias previas entre las partes, así como conflictos constantes.
De acuerdo con lo manifestado, previamente se habrían registrado episodios en los que un grupo de personas acudía al domicilio del imputado, presuntamente con la intención de agredir y presionar para retirar denuncias.
Durante el posicionamiento, también mencionaron que algunos manifestantes estarían siendo presuntamente asesorados por una trabajadora de la Fiscalía General del Estado, identificada como Socorro “N”, situación que pidieron sea investigada.
Los familiares señalaron que vivieron situaciones de riesgo antes y después de los hechos, incluyendo presuntos ataques al domicilio. “Se reportaron agresiones e incluso disparos contra la vivienda”, indicaron.
Añadieron que, elementos de la Guardia Nacional intervinieron para resguardar a la familia y facilitar su salida del inmueble, el cual dejaron por motivos de seguridad.
Respecto al proceso judicial, reiteraron que, según su postura, la Fiscalía no logró acreditar plenamente el delito de homicidio en los términos planteados.
Indicaron que durante el juicio se presentaron videos en los que se observa el ingreso de varias personas al domicilio, lo que fue interpretado por la defensa como una agresión directa.
Bajo este contexto, señalaron que el juez determinó que los hechos ocurrieron en un escenario de exceso de legítima defensa, al considerar que el imputado actuó para proteger a su familia.
También señalaron que el comportamiento posterior a los hechos también genera cuestionamientos, ya que, según su versión, no hubo intervención inmediata de servicios de emergencia en el lugar.
Reproducción autorizada citando la fuente: Quadratín SLP
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