Ciudad de México.- Un eventual aplazamiento elección judicial para 2028 -en vez de que, conforme a la Constitución, se desahogue en 2027- concitó unánime respaldo en el seno de un foro organizado por el Senado de la República.
Parlamentarios, especialistas, abogados y hasta una consejera electoral coincidieron en señalar riesgos operativos y gastos desmesurados en caso de que la segunda etapa de elección judicial se lleve a cabo finalmente en junio del próximo año, junto con la elección de 17 Gubernaturas, la Cámara de Diputados y alcaldías.
La consejera electoral Rita Bell López advirtió que, si se mantiene la fecha de 2027, habría un gasto de unos 15 mil millones de pesos. El INE gastó poco más de ocho mil millones para organizar el proceso electoral de 2024.
Hay muchas áreas de oportunidad. En una opinión que hicimos llegar al comité que se encargó de trabajar los foros para una reforma electoral, una de las cosas en que los once consejeros coincidimos era la necesidad de aplazar la elección y que solamente fuera para 2026 el Poder Legislativo“, planteó.
“La proyección que podríamos estar pensando justo, porque estamos duplicando todas estas actividades y recursos, que son necesarios para la seguridad y certeza de cada una de las votaciones, estaríamos hablando ahí de 15 mil millones en este momento”, calculó.
Incluso, advirtó del riesgo de que las boletas “se agoten” en 2027.
“Es necesario ajustar los tiempos”
El senador morenista Javier Corral explicó que es necesario “ajustar los tiempos del proceso. La experiencia ya mostró que se requiere tiempo para consolidar reglas, alinear criterios y asegurar que las instituciones operen con orden.
Un calendario bien definido permite que el proceso se lleve a cabo con mejores condiciones, lo que hace razonable que la elección del 2027 se posponga al 2028″.
Impulsor de una iniciativa para cambiar la fecha, Corral previno por riesgos políticos si la elección se desarrolla en 2027.
De suyo ya hay una contaminación político-partidista. Ha aparecido un fenómeno de clientelismo político. Los Gobernadores se despacharon con la cuchara grande y se agarraron los Poderes Judiciales locales completitos”.
Por la organización México Evalúa, la especialista Mariana Campos advirtió que “no hay margen para repetir errores. En el balance encontramos que existe evidencia de que los errores han sido uno de los factores clave de la merma en la certeza jurídica”.
Señaló que la elección de 2025 saturó la capacidad operativa del INE y dificultó el voto informado.
“Proponemos reprogramar la siguiente elección, al menos para 2028, para poder resolver el aspecto logístico de la mejor manera”, dijo.
A lo mejor habría que pensar en el 29. Hay que meterle más dinero a la justicia”, resumió Jorge Sepúlveda García, de la Barra Mexicana de Abogados.
Por la Coparmex, Jorge Peñuñi Pantoja propuso que se trazara una “ruta clara” para separar los procesos federal y judicial, puesto que puede asomar “un riesgo operativo mayor”, en detrimento de la necesaria certeza. “No es viable mezclar la lógica política con la lógica judicial sin generar efectos adversos”, anotó.
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