La impunidad en México alcanzó el 99.23% de los delitos cometidos en el país, según el estudio “Radiografía de la Impunidad en México: Hallazgos del Sistema de Justicia Penal, 2024”, elaborado por el centro de pensamiento México Evalúa. Esto significa que casi ningún delito termina con una sanción efectiva.
De acuerdo con el informe presentado por la coordinadora del Programa de Justicia, Susana Camacho, junto con la directora del organismo, Mariana Campos, el 93% de los hechos delictivos no se denuncian formalmente ante las fiscalías. Y de los pocos que sí se denuncian, solo el 10.58% logra resolverse.
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Cómo se calcula la impunidad en México
La mayoría de las inversiones están diseñadas para aprovechar el interés compuesto, y es raro encontrar una que no lo haga.El estudio explica que de cada 100 delitos cometidos en el país:
- 93 no se denuncian
- 7 se denuncian
- Solo 0.77 terminan resolviéndose
Esto implica que el índice de casos sin castigo entre los hechos denunciados llegó a 89.42% en 2024.
La investigación se basa en fuentes abiertas, principalmente datos del Inegi, y analiza información de 2019 a 2024. Define la falta de justicia como la incapacidad del Estado para investigar, procesar y sancionar delitos, así como para generar resultados efectivos en el sistema penal.
Estados con mayor y menor nivel de casos sin resolver
El análisis incluyó 27 entidades federativas. Cinco estados fueron excluidos —Baja California Sur, Sonora, Tabasco, Chiapas e Hidalgo— por inconsistencias o datos incompletos.
Las entidades con mayor proporción de ilícitos denunciados sin resolución son:
- Jalisco (97.80%)
- Morelos (97.61%)
- Guerrero (96.59%)
- Estado de México (96.03%)
- Ciudad de México (96.01%)
En contraste, las entidades con menor porcentaje de expedientes sin solución son:
- Michoacán (67.68%)
- Nayarit (73.07%)
- Yucatán (74.23%)
- Puebla (75.81%)
- Tlaxcala (85.56%)
Un punto en común entre los estados con mejores resultados es el mayor uso de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias (MASC) y criterios de oportunidad.
La cifra oculta de delitos en el país
MEX286. CIUDAD DE MÉXICO (MÉXICO), 30/08/2021.- Familiares de Desaparecidos marchan hoy lunes con motivo del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, en las principales avenidas de la Ciudad de México. Miles de familias mueven cielo y tierra para encontrar a sus desaparecidos en México, ahora con el apoyo decidido del Gobierno, pero su titánica labor choca muchas veces con la ineficacia o incluso el desdén de las fiscalías y una impunidad desatada. EFE/ Mario Guzmán
Uno de los hallazgos más relevantes es el tamaño de la llamada cifra negra, es decir, los delitos que no se denuncian. En México alcanza el 93%, una de las más altas a nivel internacional.
Para dimensionarlo:
- En Colombia, la tasa de no denuncia es de 77%
- En Estados Unidos, es de 52%
El dato se obtuvo mediante encuestas de victimización, que permiten estimar cuántos delitos ocurren sin llegar al sistema de justicia.
Llamadas de emergencia vs denuncias formales
El estudio también identifica una brecha entre las llamadas al número de emergencia y las denuncias ante fiscalías.
En promedio, solo el 25.9% de las llamadas de emergencia terminan convirtiéndose en denuncias formales. Esto refleja una pérdida importante de casos antes de que entren al sistema penal.
Entre las principales razones para no denunciar se encuentran:
- Tiempo excesivo en trámites
- Desconfianza en la autoridad
- Miedo a represalias
Qué propone México Evalúa para reducir la impunidad
Foto: Cortesía.Ante este panorama, el centro de análisis plantea medidas para disminuir los niveles actuales:
- Facilitar el acceso a la denuncia
- Reducir la revictimización institucional
- Mejorar el trato a víctimas
- Fortalecer la investigación
- Transformar la gestión de fiscalías hacia resultados
- Detectar cuellos de botella procesales
- Ampliar soluciones no punitivas
- Mejorar transparencia y rendición de cuentas
De acuerdo con el organismo, la acumulación de expedientes sin resolver demuestra que la impunidad en México sigue siendo la principal debilidad del sistema de justicia penal y el mayor reto estructural para garantizar seguridad y acceso efectivo a la justicia.
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