PACHUCA, Hgo., 23 de abril de 2026.- Desde este viernes entra en vigor el llamado Plan B de la reforma electoral, tras su publicación en el Diario Oficial de la Federación, y las nuevas disposiciones comienzan con cambios en el uso del presupuesto y en la operación de autoridades electorales en el país.
El paquete de reformas surge después del rechazo a una propuesta constitucional previa y mantiene la estructura del sistema electoral; el contenido se enfoca en medidas administrativas y ajustes al gasto público dentro de organismos electorales y gobiernos locales.
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Entre los principales cambios se encuentra la reorganización de áreas en el Instituto Nacional Electoral con el objetivo de reducir costos. También se establece la disminución de recursos para actividades institucionales y la modificación de procedimientos en mecanismos de participación ciudadana, y a esto se suman nuevas reglas para el ejercicio del presupuesto en materia electoral.
En el ámbito local, la reforma incluye modificaciones en ayuntamientos y congresos estatales; se contempla la reducción en el número de integrantes de cabildos, así como recortes en los presupuestos de congresos locales, además, se fijan límites al gasto público en entidades federativas para evitar incrementos en el uso de recursos.
Otro de los puntos corresponde a las percepciones dentro del órgano electoral, pues ningún funcionario podrá recibir un salario superior al de la persona titular del Ejecutivo federal y la reforma fija topes para consejeros y magistrados, además de eliminar prestaciones adicionales dentro del instituto.
Las disposiciones del Plan B se aplican a partir de su entrada en vigor y abren una etapa de ajustes en la organización electoral y en la administración de recursos públicos en el país.
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