En lo que representa uno de los golpes más contundentes a las redes de soporte logístico del crimen organizado en la frontera sur de Estados Unidos, el Departamento de Justicia de ese país (DOJ) formalizó la acusación penal ante una corte federal contra 13 presuntos integrantes de una célula delictiva dedicada al robo, traslado e internación ilegal de vehículos de alto valor hacia territorio mexicano.
La investigación criminal, conducida por la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) en coordinación con el Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional (HSTF) en el Distrito Oeste de Texas, reveló que las unidades no eran destinadas al mercado negro convencional, sino que constituían un suministro directo para fortalecer la capacidad operativa y de blindaje de cárteles del narcotráfico en México.
El informe de las agencias federales establece que la red coordinaba el robo sistemático de camionetas tipo pick-up y vehículos de lujo en la zona metropolitana de El Paso. Las detenciones e imputaciones se ejecutaron de manera escalonada tras el despliegue de la Operación Southbound Takedown, iniciada formalmente en la primavera de 2026.
El expediente judicial documenta que la primera captura se registró el pasado 25 de marzo con la detención de Kimberly Aguilar, a la que siguió el arresto de Marty Gerardo Jr. el 22 de julio. La fase final del operativo permitió la imputación de los 11 miembros restantes —nueve ciudadanos estadunidenses y dos de nacionalidad mexicana— entre el 22 de julio y el 19 de octubre de 2026, fecha en que se consolidó el pliego acusatorio.
De acuerdo con el balance presentado por el agente especial a cargo de HSI en El Paso, Ryan G. McRae, la organización reclutaba a personas con perfil legal o documentación de tránsito frecuente para cruzar los puentes internacionales que conectan con Ciudad Juárez, evitando alertar a los controles fronterizos.
No se trata de delitos aislados contra la propiedad; los vehículos robados demuestran un patrón alarmante para sostener las operaciones diarias de organizaciones criminales peligrosas", aseveró el mando federal.
Asimismo, la investigación estadunidense perfila un esquema de corrupción transfronteriza. De acuerdo con los señalamientos de las autoridades investigadoras en el Distrito Oeste de Texas, la estructura operaba en colusión con funcionarios en México para concretar la recepción, el reemplacamiento y la legalización de las unidades robadas dentro del registro vehicular mexicano, evadiendo los filtros de la autoridad.
Hasta el momento, las autoridades estadunidenses han logrado la recuperación de 29 vehículos con un valor estimado de 1.1 millones de dólares, entre los que se encuentran unidades con modificaciones de blindaje preparadas para el combate urbano. De ser hallados culpables ante el tribunal federal por el delito de transporte internacional de propiedad robada, los 13 imputados podrían enfrentar penas individuales de hasta 10 años de prisión federal.
