CIUDAD DE MÉXICO.— Durante 2025 ingresaron a México al menos 15 mil 172 niñas, niños y adolescentes migrantes, de los cuales 970 viajaban sin la compañía de un adulto, de acuerdo con cifras de la Unidad de Política Migratoria (UPM) del gobierno federal.
Estados Unidos se mantiene como el principal destino de estos menores de edad, quienes en la mayoría de los casos abandonan su país de origen por decisión de padres o familiares, con la esperanza de encontrar mejores condiciones de vida. Sin embargo, durante su tránsito se enfrentan a discriminación, exclusión, explotación laboral, trata de personas y violencia sexual.
A este escenario se suma la intensificación de las políticas migratorias del gobierno de Donald Trump, lo que ha incrementado los riesgos para la niñez migrante, incluyendo detenciones arbitrarias, la inaplicación de protocolos y tratados internacionales de protección, e incluso la negación del derecho de asilo, dejando en situación de vulnerabilidad sus derechos humanos.
Fotografía ilustrativa. El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó el arresto de 25 personas más por protestar contra ICE dentro de una iglesia en Minnesota el 18 de enero. | Foto: REUTERS/Especial GHDiagnóstico regional sobre protección a la niñez migrante
Ante este panorama, la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) presentó el Informe comparativo sobre los sistemas nacionales de protección para infantes y adolescentes en contextos de movilidad humana en México, Guatemala, Honduras y El Salvador, elaborado en el marco del proyecto regional REDES.
El documento subraya la necesidad de construir mecanismos eficaces de prevención, acompañamiento y protección para niñas, niños y adolescentes en movilidad humana.
Entre los hallazgos considerados positivos, el informe destaca que desde 1990 los cuatro países analizados están alineados con la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), lo que ha permitido el desarrollo de políticas públicas enfocadas en la protección de la infancia migrante.
En el caso de México, se reconocen instrumentos como el Programa Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes 2025-2030 (PRONAPINNA) y la Ruta de Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en Situación de Migración.
Instituciones y debilidades detectadas
Como máxima autoridad en la materia, el informe identifica al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), a través de la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. También participan el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), el Instituto Nacional de Migración (INM), la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) y la Secretaría de Relaciones Exteriores.
No obstante, el informe señala debilidades institucionales importantes, entre ellas la participación limitada y esporádica de niñas, niños y adolescentes en los procesos de toma de decisiones que les afectan.
Además, no se puede confirmar que los ejercicios de evaluación de políticas públicas consideren la opinión de los propios menores, ni que exista una revisión efectiva del cumplimiento de los planes de restitución de derechos. A ello se suma que el financiamiento suele destinarse a aspectos operativos, en lugar de invertirse en programas sustantivos de protección.
En cuanto a los registros oficiales, Redim advierte que la recopilación de datos se enfoca principalmente en control fronterizo y seguridad nacional, sin considerar información clave como la situación familiar o necesidades de salud, lo que genera vacíos para el diseño de políticas públicas.
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Recomendaciones
El proyecto REDES y Redim emitieron una serie de recomendaciones para fortalecer el sistema de protección en México, entre las que destacan:
- Reforzar el liderazgo del Sipinna.
- Fortalecer la coordinación con los países de origen.
- Garantizar estabilidad institucional.
- Mejorar los mecanismos de identificación de perfiles de niñas, niños y adolescentes en movilidad.
- Convocar este año a una reunión del Sipinna Nacional.
- Asignar presupuestos específicos para cumplir la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
- Asegurar seguimiento integral a los planes de restitución de derechos a mediano y largo plazo.
- Promover datos desagregados e interoperabilidad entre sistemas de información.