Integrantes del colectivo “Soy papá, no criminal” se manifestaron en la Unidad 4, especializada en violencia familiar y delitos sexuales, donde entregaron un pliego petitorio con propuestas jurídicas y operativas.
Entre las demandas se incluye la creación de una figura legal equivalente a la violencia vicaria cuando la víctima sea un hombre, el establecimiento de protocolos para identificar denuncias instrumentales, el cumplimiento efectivo de convivencias familiares y la aplicación de sanciones en casos de denuncias falsas.
Durante la protesta, los participantes señalaron que buscan acceso igualitario a las rutas institucionales y mayor coordinación con organismos de atención a víctimas. También solicitaron capacitación con enfoque en infancia e igualdad parental, así como la revisión de sentencias en casos de abuso sexual infantil que, a su juicio, carecen de corroboración suficiente.
Diana Arlette Chávez, vocera de Feminismo Para Todas MX, afirmó que las denuncias falsas representan menos del uno por ciento del total y sostuvo que este tipo de movilizaciones puede desviar la atención de la violencia que enfrentan las mujeres.
Por su parte, Clara Aguayo, vocera del colectivo de hombres, indicó que acompañan casos en materia familiar y penal, y señaló que dentro de la fiscalía se han resuelto más de 20 casos relacionados con hombres. Sin embargo, reconoció que no existe un registro total de denuncias falsas ni de carpetas vinculadas a estos casos. Añadió que han identificado más de 200 expedientes relacionados con su organización.
En materia de atención a víctimas, integrantes del colectivo señalaron que el acompañamiento incluye tanto a hombres como a mujeres y que existe respaldo institucional en algunos casos.
En contraste, Diana Chávez argumentó que las fiscalías especializadas en atención a mujeres responden a un contexto documentado de violencia sistemática, sustentado en datos, y no a decisiones arbitrarias.
En el plano legal, el Código Penal del Estado de Querétaro ya contempla sanciones por denuncias falsas. El artículo 297 establece penas de seis meses a cinco años de prisión, además de multas, para quien impute hechos falsos ante la autoridad.
Finalmente, se señaló que dentro del movimiento participan personas con procesos penales o sentenciadas por violencia sexual infantil, lo que ha generado preocupación respecto a una posible interferencia en el acceso a la justicia.