La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) proyecta declarar la invalidez del decreto de creación del municipio de Villa Juárez, en Aguascalientes, al considerar que su aprobación se realizó dentro del periodo de restricción constitucional para efectuar modificaciones fundamentales en materia electoral.

Para este jueves 29 de octubre está programado el análisis y la votación en el pleno del proyecto de resolución de la acción de inconstitucionalidad 125/2026, promovida por Morena contra el decreto aprobado por el Congreso del Estado.

La ponencia de la ministra Sara Irene Herrerías Guerra plantea invalidar el Decreto 566, publicado el 7 de septiembre de 2026, mediante el cual se formalizó la creación del nuevo municipio.

El partido promovente argumentó que el decreto se publicó dentro de los 90 días previos al inicio del proceso electoral local, que comenzó el 9 de octubre de este año, lo que contravendría el artículo 105 de la Constitución federal.

Esta disposición establece que las leyes electorales deben publicarse al menos 90 días antes del inicio del proceso electoral y que durante ese periodo no pueden realizarse modificaciones legales fundamentales.

En el proyecto se considera que la creación de Villa Juárez no constituye únicamente una decisión administrativa o territorial, debido a que tiene consecuencias directas en la organización de las elecciones, la integración del electorado, la elección de autoridades municipales y la participación de candidaturas.

La propuesta también señala que el decreto contemplaba la elección del primer Ayuntamiento en 2027 y la designación de un concejo municipal provisional por parte del Congreso del Estado, disposiciones que tendrían efectos en la organización política y electoral de la nueva demarcación.

Por ello, el proyecto propone invalidar la parte del artículo tercero del decreto que incorporó el nombre de Villa Juárez a la Constitución local, así como los artículos transitorios segundo y tercero, y extender la invalidez al resto de las disposiciones del decreto.

El proyecto sostiene que la emisión del decreto dentro del periodo de restricción constitucional es suficiente para declarar su invalidez, por lo que no considera necesario estudiar los demás argumentos planteados en la querella.