Cleptocracia: sistema de gobierno en el que prima el interés por el enriquecimiento propio a costa de los bienes públicos.
Real Academia Española.
Era cerca de las dos de la tarde del 2 de julio del 2000 cuando Vicente Fox, tras enterarse de que su victoria era irreversible, soltó una frase que parecía inaugurar una época: a partir de ahora, todo aquel que quiera llegar a un puesto público deberá tener votos reales tras de sí.
Fox hablaba del fin de la simulación. Durante décadas, el aparato oficial fue capaz de torcerlo todo: votos, actas y resultados. Primero alteraban, luego contaban. Y siempre ganaban. Con la creación de una autoridad electoral independiente (IFE/INE), el voto —se nos dijo— por fin sería auténtico, depositado por ciudadanos libres en urnas respetadas.
El horizonte lucía prometedor. Una democracia sustentada en virtudes cívicas, elecciones incuestionables y partidos obligados a postular mejores perfiles. Pero el voto real no bastó.
Todo comenzó a pudrirse con una práctica que nunca se combatió en serio: la compra del voto. Lejos de erradicarse, fue normalizada —y en muchos casos perfeccionada— por todos los partidos. Se compra a destajo, sin persecución ni castigo. Se ha educado perversamente al ciudadano para intercambiar su voluntad por dinero, dádivas o promesas. La práctica evolucionó: programas sociales, tarjetas, apoyos condicionados. Y aun así, el día de la elección, el espectáculo se repite: operadores traficando votos en efectivo. La autoridad electoral observa —cuando observa— con una mezcla de impotencia y omisión. Y en ese vacío, el mercado del voto se expandió hasta transformarse en sistema.
La consecuencia tiene una lógica implacable: si ganar elecciones exige carretadas de dinero, ese dinero sale del erario. Se ordeña durante tres o seis años mediante moches, extorsiones y sobreprecios en todo trámite público: compras, licencias, concesiones, permisos. Todo tiene tarifa. Así se llenan los costales que luego compran miles de votos de golpe. La ecuación es simple: corrupción para financiar elecciones; elecciones para perpetuar la corrupción. La cleptocracia deja de ser desviación y se vuelve método de gobierno.
Sobre ese terreno florece el populismo. No como doctrina, sino como estrategia de poder: promoción personal, culto a la imagen, propaganda permanente. Se multiplica el gasto en comunicación social y se colonizan medios —radio, prensa, plataformas digitales— para fabricar una narrativa de cercanía y admiración. Selfies, abrazos, vítores. El político ya no representa, se exhibe. Ya no gobierna, se promociona.
Mientras tanto, la democracia real —la que exige ciudadanos críticos— se diluye. No resiste sin vigilancia social. De la mezcla entre ambición personal, corrupción estructural y propaganda surge la cleptocracia populista: el poder al servicio del saqueo, legitimado por votos comprados y aplausos inducidos.
En Guanajuato, el PAN no solo dejó de contener esta deriva: la adoptó. Bajo el mando de Diego Sinhue y su grupo “Los Charlies”, se perfeccionó el tejido de una red de control político y corrupción que ha operado en Guanajuato capital, Irapuato, Silao y otros municipios. El siguiente objetivo es León. No por ser el peor gobierno —al contrario— es el mejor posicionado, sino porque es el más valioso. León representa la capital económica del estado y un presupuesto anual de más de 9,300 millones de pesos. Demasiado atractivo para no capturarlo.
El método es conocido: debilitar liderazgos incómodos, imponer estructuras obedientes y convertir el gobierno municipal en una caja de financiamiento político. Regidores y síndicos alineados, decisiones tomadas en el cabildo azul, recursos drenados con eficacia quirúrgica. Todo para alimentar la maquinaria electoral y resistir —con dinero público— la competencia de otros populismos.
La paradoja es brutal. Mientras León figura como el gobierno mejor evaluado del estado, su alcaldesa fue atacada sistemáticamente desde su propio partido. En contraste, se toleran —y hasta se proyectan— gobiernos con resultados mediocres o francamente reprobables, como el de Guanajuato capital que ostenta una calificación apenas mayor a 3.
El mensaje es claro: no se premia la eficacia, se premia la utilidad política y la pertenencia incondicional a un grupo. Y la utilidad, en este caso, consiste en minar el presupuesto para beneficiar a su grupo. Juntarán muchos costales.