El exjefe de Gabinete de la Delegación del Gobierno en Ceuta, Gonzalo Sanz, ratificó formalmente como testigo ante la jueza María Tardón que, el 29 de julio —un día antes de la crisis—, alertó a su superior, el entonces delegado Miguel Ángel Pérez Triano, sobre un aviso explícito del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Aquel mensaje de WhatsApp desclasificado advertía de un llamamiento masivo en redes sociales que sumaba unos 180.000 seguidores para asaltar la frontera. Sin embargo, la declaración de Sanz ante el tribunal ha aportado nuevos elementos de alto impacto político y judicial al entregar su propio móvil a la magistrada, revelando la existencia de una conversación y otros 19 mensajes con el CNI que todavía no han sido desclasificados por el Gobierno.
Esta testifical confirma la profunda brecha interna en la Delegación del Gobierno. Inicialmente, Pérez Triano negó haber recibido dicha alerta de su mano derecha —calificándola de un simple "comentario"—, lo que desencadenó la dimisión de Sanz el 11 de septiembre. Finalmente, cercado por la presión y las contradicciones, el propio Pérez Triano terminó renunciando a su cargo y a la vida política activa.
A raíz de estos hechos, la jueza Tardón, quien investiga el suceso como un presunto ataque a la integridad territorial con implicación extranjera, ya aprecia indicios de una posible involucración de personas que pudieran ejercer altas responsabilidades en instituciones públicas. A este complejo escenario judicial se suma un tenso cruce de acusaciones con Moncloa, avivado por la declaración del presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas. Vivas afirmó en el juzgado haber intentado contactar sin éxito hasta en diez ocasiones con Pedro Sánchez para solicitar el estado de emergencia, un registro de llamadas que el Ejecutivo central se ha apresurado a desmentir públicamente.
La importancia de la declaración de Sanz no reside únicamente en que mantenga la versión que ya había expuesto al dimitir el 11 de septiembre. Sanz ha aportado información de su propio teléfono móvil y ha señalado la existencia de 19 mensajes adicionales relacionados con el CNI y una llamada que tampoco habría sido desclasificada por el Gobierno. La jueza deberá determinar ahora qué contienen esas comunicaciones, quién conocía su existencia y si modifican la cronología que hasta este momento se ha podido reconstruir.
El punto de partida conocido se sitúa el 29 de julio, un día antes del comienzo de la entrada masiva. Según la documentación que sí fue desclasificada, un agente del CNI contactó con Gonzalo Sanz mediante WhatsApp a las 13.52 horas. El mensaje advertía de una movilización que se estaba difundiendo en redes sociales para acceder a Ceuta por la frontera y por vía marítima.
La información señalaba que dos grupos en redes sociales acumulaban alrededor de 180.000 seguidores, una referencia que pretendía ofrecer una medida aproximada del alcance de la convocatoria. También situaba el posible intento de entrada durante el día siguiente, coincidiendo con la Fiesta del Trono en Marruecos. Posteriormente se produjo una conversación telefónica de unos once minutos entre Sanz y el agente del CNI. La existencia de esos contactos quedó acreditada después de la desclasificación de documentación por parte del Gobierno.
Hay, sin embargo, una cuestión fundamental que la investigación debe separar y es lo que argumenta el Gobierno, que: recibir una información de inteligencia no equivale necesariamente a disponer de una predicción exacta de lo que finalmente ocurrió. La información conocida apuntaba a una gran convocatoria y a un posible intento de entrada, pero la magnitud final de la movilización, su velocidad y la dimensión alcanzada durante los días 30 y 31 constituyen elementos distintos.
Precisamente por eso la jueza Tardón ha pedido a distintos organismos las alertas y análisis de riesgo emitidos antes de los hechos, así como sus destinatarios, los medios utilizados para comunicarlos y las fechas y horas en que fueron elaborados. La investigación busca reconstruir no solo qué sabían las instituciones, sino qué información concreta tenían en cada momento.
La contradicción entre Sanz y Pérez Triano
El principal conflicto aparece en la siguiente etapa. Gonzalo Sanz sostiene que trasladó la información al entonces delegado del Gobierno, Miguel Ángel Pérez Triano. El propio Sanz ya había dejado constancia de ello en su carta de dimisión, en la que hablaba de una "evidente incompatibilidad" entre su versión y las declaraciones públicas de su superior.
Pérez Triano negó inicialmente haber recibido aquella información concreta. Tras conocerse las comunicaciones desclasificadas, defendió que el intercambio entre el CNI y Sanz no podía considerarse una alerta formal dirigida a la Delegación del Gobierno. Según su explicación, las alertas propiamente dichas se elevaban a los ministerios competentes y se formalizaban por otros canales.
Esta diferencia no es menor. Determinar si el mensaje constituía formalmente una alerta o una comunicación de inteligencia puede ser relevante desde el punto de vista administrativo, pero para la investigación judicial existe otra pregunta más sencilla y decisiva: si el contenido fue comunicado a la persona responsable y qué hizo esta después con esa información.
La declaración de Sanz aporta ahora un elemento susceptible de comprobación. Ya no se trata únicamente de contrastar dos testimonios personales. La jueza tiene acceso al teléfono que el antiguo jefe de Gabinete ha puesto a disposición del juzgado y podrá comprobar las comunicaciones, sus horarios y, en su caso, las conversaciones mantenidas con el delegado o con otros organismos.
La novedad más significativa es precisamente la existencia de esos 19 mensajes que, según Sanz, no habían sido desclasificados. Si la jueza obtiene acceso formal a ellos, podrá determinar si son comunicaciones independientes, prolongaciones de la conversación del 29 de julio o mensajes posteriores relacionados con la evolución de la amenaza.
También deberá comprobarse qué interlocutores aparecen, qué información se intercambió y si existen referencias a peticiones concretas de refuerzos o medidas operativas. La existencia de mensajes no demuestra por sí sola que una determinada autoridad conociera su contenido. Para establecer esa conexión habrá que reconstruir la cadena de transmisión.
Ese es, en realidad, uno de los objetivos centrales de la investigación: pasar de una discusión política sobre quién avisó a quién a una cronología documentada de comunicaciones y decisiones.
La jueza ya había solicitado documentación a numerosos organismos policiales y militares para identificar las alertas y análisis de riesgo existentes antes de la entrada masiva. Además, la causa contra el propio Pérez Triano por su actuación ante la crisis ha quedado integrada en la investigación de la Audiencia Nacional, después de que el juzgado de Ceuta acordara remitir sus actuaciones.
¿Qué investiga realmente María Tardón?
La dimensión de la investigación va mucho más allá del enfrentamiento entre dos antiguos cargos de la Delegación del Gobierno. La Audiencia Nacional analiza la entrada masiva desde varias perspectivas: la posible planificación desde Marruecos, la actuación de las autoridades españolas y las consecuencias humanas de la operación.
La Fiscalía consideró que podían existir indicios de favorecimiento de la inmigración irregular, homicidio y lesiones por imprudencia grave y organización o grupo criminal, además de la posibilidad de delitos relacionados con la paz o independencia del Estado. La jueza, por su parte, abrió una investigación penal al considerar que podía existir una conducta presuntamente cometida en el extranjero con efectos graves sobre la integridad territorial española.
En septiembre, Tardón pidió expresamente conocer qué información y alertas habían recibido las autoridades y qué medidas se adoptaron a partir de ellas. También asumió la investigación relacionada con Pérez Triano, después de que otro juzgado de Ceuta le remitiera las actuaciones.
Por tanto, la cuestión de fondo no consiste simplemente en saber si "el Gobierno sabía" que podía producirse una entrada. El expediente judicial debe establecer qué se sabía, desde cuándo, con qué grado de precisión, quién recibió la información y qué capacidad real tenía cada organismo para actuar.
La declaración de Sanz coincide además con una investigación que está incorporando otros testimonios. Juan Jesús Vivas, presidente de Ceuta, ya declaró ante Tardón sobre sus contactos con el Gobierno central durante los días previos y posteriores a la entrada masiva. La jueza está recopilando así testimonios de responsables políticos, policiales y administrativos para reconstruir el funcionamiento de las instituciones antes del colapso fronterizo. @mundiario
