Quiero pensar que se trata de una variante de rebelión civil con fuerte olor a berrinche, de esos que de chiquillos o chiquillas solíamos representar, aunque en mi caso y el de muchos y muchas significaba ser acreedor a una buena dosis de nalgadas… ¡cómo se extrañan esos tiempos de terapéutica corrección y no lo que ahora dictan las cristalinas generaciones del TikTok!
Pero, ¿por qué es que seguimos mencionando la necesidad de registrar nuestras líneas telefónicas con fecha mortal del 30 de junio? ¿Qué pasmoso gen nos detiene a darle trámite a un acto que le permitirá al Estado mexicano poseer más herramientas tecnológicas y así cercar a la bola de extorsionadores?
Los 300 años del Santo Oficio en la Nueva España de verdad que nos dejaron marcados, evitando hablar en voz alta en público para no ser señalados de herejes o peor, caminar por la plaza de Santo Domingo frente al edificio de la Inquisición con la mirada gacha y sospechando de cualquier autoridad, sea militar o religiosa. Pero algo, y muy grave, nos fue heredado, que hemos llegado al absurdo de la negación ante un bien. ¿O cómo se califica el que cerremos los ojos —y el criterio— ante una necesidad cuyo único fin es combatir delitos? Cerramos los ojos ante una vacuna que contendrá una enfermedad que ya está desatada.
El arte de gobernar implica dos vías: la detección y atención de problemas públicos por parte de las autoridades legítimas, pero también —y esto es muy serio— la participación de las personas, de todas y todos.
Y encuentro que el problema del no hacerlo, esto de registrar nuestros números telefónicos, le da ventajas a quienes utilizan dichas líneas para que usted y yo, o quienes sean, continuemos siendo los clientes frecuentes de los muy creativos, talentosos y muy impunes criminales… hasta que le toque a esos necios o necias la desgracia de ser víctimas de un secuestro virtual o de algún otro montaje como el cobro de piso. Entonces sí, se tendrá que llorar como conductor de TV Azteca lo que como persona no supiste defender.
Y ya que mencionamos al terrateniente televisivo del Ajusco y amo de los pagos chiquitos —y perpetuos—, su papel en esta asonada ha sido poco menos que penoso, pero útil para entender el espíritu boicoteador que le brota una vez que el mismo Estado mexicano, que en sexenios anteriores le perdonó impuestos, hoy se envuelve en la bandera del no quiero, no quiero y no quiero, y nadie me va a obligar, y le dice a los zombis que lo leen que no registren sus números, pues es cosa del diablo y perderán sus almas si le dicen a Telcel o a la compañía que sea quién es el titular de dicha línea… datos que no serán resguardados por el gobierno, sino por las propias compañías telefónicas. Mentira sobre mentira. Recordemos que existe toda una ley e instituciones públicas activas y vigentes que protegen nuestros datos personales.
Y mire que mi interés no radica en generar publirreportajes o lanzar columnas de pago por evento, sino que este cuadro me reventó en las líneas del sentido común, uno que significa la materia prima del análisis y, digo yo, del buen periodismo de opinión. Y créame que no encuentro ninguna razón para negarnos a algo que es igual o más importante que el uso del cinturón de seguridad mientras manejamos, algo que en su momento fue atacado por los tercos y negacionistas de siempre, pero que terminó siendo una acción inconsciente que realizamos al subirnos al carro y que sabemos que nos puede salvar la vida.
Pues hoy reeditamos esa atmósfera de estupidez propia de un sector de la sociedad que cree que no le va a pasar, que ni él o ella ni su familia están expuestos a los criminales… hasta que se los chingan desde una línea telefónica anónima y es cuando habrán de gritar arrepentidos por qué carajos le tenían que hacer caso a los locutores de noticias de Azteca.
A ver, dejémonos de boludeces —tienen su gracia y aplicación los insultos argentinos— y hablemos las cosas como son. En este gobierno no solo se pusieron las pilas para entrarle al combate del delito de extorsión, sino que han puesto sobre la mesa una serie de medidas muy claras y efectivas. Para ello se han coordinado con las empresas telefónicas para configurar un directorio razonable y válido que responda a la pregunta de quiénes son los titulares de las líneas que por millones son usadas en México.
De esa brutal isla, en su mayoría anónima, surgen los delitos que más lastiman a las y los mexicanos: actos criminales muy democráticos, para ricos y pobres, para sabios o ignorantes, parejitos y parejitas, todos en un universo de indefensión. Hasta que un organismo como la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) reacomoda las fichas y plantea, en voz y con experiencia comprobada, su presidenta Norma Solano Rodríguez, el cómo y por qué llevar a cabo este acto de ingeniería social para construir el primer muro de contención real contra la extorsión.
Una industria que, según la COPARMEX, genera pérdidas por más de 26 mil millones de pesos anuales, y que en población abierta, con delitos como robo, extorsión y fraude, asciende a 269 mil 600 millones de pesos, es decir, el 1.7% del PIB… mucha más lana que la que debe Salinas Pliego, pero eso le importa un cacahuate.
Y el dato negro es que el 96.7% de estos delitos no se denuncian, porque la gente asume que nadie dará con los responsables… efectivamente, desde una línea irrastreable. ¿De verdad es una idiotez seguir pensando que no vale la pena registrar nuestros números?
Pero llegará el 30 de junio y entonces sí, muy a la mexicana, escucharemos las voces y miraremos las pantallas babeantes de la televisión pedir prórroga, mientras un ejército de incautos arde en estrés y ansiedad al ver sus teléfonos sin señal.
Ya los veremos.
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