La deuda social con la niñez en el Pacífico sur
Desde una perspectiva sociológica, el fenómeno del trabajo infantil en México puede comprenderse como una expresión estructural de desigualdad social que articula factores económicos, culturales e institucionales.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) define el trabajo infantil como toda actividad realizada por niñas, niños o adolescentes —remunerada o no— que se desarrolla al margen de la ley y en condiciones peligrosas o insalubres, vulnerando sus derechos y afectando su desarrollo integral o su acceso a la educación.
Esta definición permite situar el problema no solo como una práctica económica, sino como una violación sistemática de derechos.
En el caso mexicano, la reforma de 2012 a la Ley Federal del Trabajo estableció con mayor precisión las edades mínimas de empleo y tipificó actividades consideradas peligrosas e insalubres por representar riesgos para la salud, la integridad y la vida de los menores.
Entre estas se encuentran labores en la agricultura, la minería y el comercio informal en vía pública, ámbitos donde las fronteras entre trabajo por necesidad y explotación resultan difusas.
A ello se suman las denominadas “peores formas de trabajo infantil”, definidas en el Convenio 182 de la OIT (1999), adoptado en 2000, que incluyen prácticas extremas como la esclavitud, la trata, el trabajo forzoso, la participación en conflictos armados, la explotación sexual y la inserción en actividades delictivas.
Los datos más recientes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía para 2026 estiman que 3.7 millones de niñas, niños y adolescentes de entre cinco y 17 años se encuentran en situación de trabajo infantil, lo que representa el 13.1 por ciento de este grupo poblacional.
De este universo, el 48.6 por ciento realiza ocupaciones no permitidas y el 42.9 participa en quehaceres domésticos inadecuados.
La cifra implica un incremento de 1.7 puntos porcentuales respecto a 2019, evidenciando una tendencia al alza.
Asimismo, el fenómeno presenta una marcada dimensión de género: el 60 por ciento de los menores trabajadores son hombres, mientras que el resto son mujeres.
Un análisis regional revela que las entidades del Pacífico Sur concentran las tasas más elevadas de trabajo infantil en el país, lo que permite identificar un patrón territorial asociado a condiciones históricas de marginación y rezago socioeconómico.
En Chiapas, más de 760 mil niñas, niños y adolescentes se encuentran en esta situación, con una tasa del 13.5 por ciento en ocupaciones no permitidas, una de las más altas a nivel nacional.
Cerca del 33 se emplea en el sector agropecuario, seguido por servicios y comercio, frecuentemente en condiciones de riesgo.
La entidad ocupa el segundo lugar nacional en incidencia, y más de 228 mil menores trabajan jornadas superiores al promedio, impulsados principalmente por la pobreza, lo que ha llevado a organismos especializados a caracterizar este fenómeno como una forma contemporánea de explotación.
Por su parte, Guerrero registra la tasa más alta del país, con un 24.5 por ciento de su población infantil involucrada en actividades laborales.
Aproximadamente el 48 por ciento de estos menores realiza labores no permitidas o peligrosas, consolidando a la entidad como uno de los casos más críticos en términos de vulneración de derechos infantiles.
En Michoacán, aunque algunos indicadores de pobreza han mostrado mejoras, persisten condiciones estructurales que favorecen la reproducción del trabajo infantil.
Finalmente, Oaxaca se mantiene entre las entidades con mayores niveles de incidencia, destacando la fuerte presencia de menores en el sector agropecuario y en actividades de servicios.
Las cifras nacionales confirman un aumento sostenido del fenómeno, lo que refuerza la idea de que el trabajo infantil en esta región no es un fenómeno aislado, sino parte de un patrón estructural.
La evidencia muestra que el trabajo infantil en la región del Pacífico Sur constituye un problema complejo y multidimensional que impacta directamente en la trayectoria educativa, la salud y el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes.
Más allá de las decisiones familiares, su persistencia responde a condiciones estructurales de pobreza, desigualdad y limitada eficacia de las políticas públicas, lo que sugiere la necesidad de intervenciones integrales que aborden tanto las causas económicas como las institucionales del fenómeno.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) define el trabajo infantil como toda actividad realizada por niñas, niños o adolescentes, remunerada o no, desarrollada al margen de la ley y en condiciones peligrosas o insalubres, que violan sus derechos o afectan negativamente su desarrollo físico, mental, psicológico, social, o que obstaculizan su educación.
En la reforma de 2012 a la Ley Federal del Trabajo se tipificaron las edades y actividades consideradas peligrosas e insalubres por poner en riesgo la salud, la integridad y la vida de los menores.
Estas actividades incluyen la agricultura, la minería o el trabajo en la calle dentro del comercio informal, porque ya no se sabe si el niño sale a trabajar por necesidad o porque alguien está explotando su condición de menor.
Pero hace falta considerar actividades intolerables, como lo estipula el Convenio 182 de la OIT (1999), adoptado en 2000 y se refiere a formas extremas de trabajo infantil: esclavitud, venta y trata, trabajo forzoso, participación en conflictos armados, prostitución, pornografía y actividades delictivas como el tráfico de estupefacientes.
El dato más reciente del Inegi citado al 2026 revea que 3.7 millones de niñas, niños y adolescentes (cinco a 17 años) estaban en situación de trabajo infantil, representando el 13.1 por ciento de esta población.
De ellos, 48.6 realizaban ocupaciones no permitidas y 42.9 quehaceres domésticos inadecuados.
A partir de ello se infiere que El trabajo infantil aumentó 1.7 puntos porcentuales respecto a la medición anterior (2019), afectando a 3.7 millones de menores, donde el 60 por ciento son hombres y el resto de mujeres.
Entre los niños lo púnico que debe trabajar es su imaginación, diría la abuela.
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Referencias
Datos Nacionales INEGI 2025/2026.
Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica (Ceieg),
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