La agenda ambiental mexicana sigue evolucionando con rapidez y comienza a reflejarse no solo en el ámbito regulatorio, sino también en el fiscal. Un ejemplo reciente es la iniciativa de reforma a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), presentada por el Gobierno Federal el 26 de agosto de 2026, la cual busca fortalecer la gestión ambiental, incorporar expresamente el cambio climático al marco jurídico y otorgar mayor certeza a proyectos e inversionistas.
Esta evolución responde, en parte, a los compromisos asumidos por México al ratificar el Acuerdo de París, que implican avanzar hacia una economía con menores emisiones, promover energías más limpias y fortalecer la protección de los recursos naturales.
Sin embargo, la transformación no se limita al ámbito federal. En los últimos años, también ha surgido una nueva dimensión de la política ambiental desde las entidades federativas.
A partir de 2017, diversos estados comenzaron a introducir impuestos ecológicos dirigidos a gravar determinados impactos ambientales. Lo que inició como una medida innovadora en algunas entidades se ha expandido gradualmente a más de la mitad del país, consolidándose como una tendencia relevante dentro del sistema tributario estatal.
Para las empresas, el principal desafío no suele ser la determinación del impuesto en sí, sino la disponibilidad y calidad de la información necesaria para cumplir con estas obligaciones. La identificación de emisiones, la consolidación de datos ambientales, la coordinación entre las áreas de impuestos, operaciones, sostenibilidad y legal, así como la implementación de controles internos confiables, representan retos cada vez más frecuentes.
Además, existe la percepción de que estos impuestos afectan únicamente a industrias altamente contaminantes. En la práctica, su alcance puede extenderse a una amplia variedad de actividades económicas, dependiendo de la legislación de cada entidad federativa. A ello se suma que los regímenes estatales presentan diferencias importantes en su diseño, mecanismos de cumplimiento e incentivos, lo que exige un monitoreo constante de los cambios normativos.
Los impuestos ecológicos estatales tampoco constituyen un fenómeno aislado de México. Forman parte de una tendencia internacional en la que los gobiernos recurren cada vez más a instrumentos fiscales para apoyar objetivos ambientales y climáticos. Como se destaca en la EY Latin America Tax Sustainability Guide, la sostenibilidad y la política fiscal convergen de manera creciente, convirtiendo los aspectos ambientales en un elemento cada vez más relevante para la gestión empresarial y la toma de decisiones de inversión.
La experiencia internacional muestra que estos instrumentos suelen evolucionar gradualmente, pasando de medidas específicas a marcos regulatorios más integrados. En este contexto, la fiscalidad ambiental deja de ser un asunto exclusivamente de cumplimiento para convertirse en un factor que puede influir en la competitividad, la estrategia de negocio y el acceso a determinados mercados.
Más allá del debate sobre su efectividad para reducir los impactos ambientales, los impuestos ecológicos estatales en México parecen haberse consolidado como un componente permanente del entorno fiscal en nuestro país. En un escenario donde la sostenibilidad influye cada vez más en las decisiones de inversión y en las cadenas globales de valor, gestionarlos adecuadamente ya no es solo una cuestión de cumplimiento tributario, sino de competitividad empresarial.
