Hay un dato que merece entrar en el debate sobre la responsabilidad política, no porque publicar en redes sociales sea incompatible con gobernar, sino porque la actividad pública de un ministro también revela cómo utiliza su tiempo, su voz y su autoridad.
Según una información publicada por El Español este 29 de octubre, Óscar Puente ha difundido más de 3.396 mensajes en X desde la tragedia ferroviaria de Adamuz, ocurrida el 18 de enero. El diario destaca la frecuencia de sus descalificaciones contra adversarios políticos, especialmente Alberto Núñez Feijóo, a quien ha llamado "inútil" e "imbécil" en mensajes publicados meses antes de la tragedia de Urda. La información señala, además, que en las 24 horas previas al accidente de Toledo el ministro publicó doce mensajes críticos con el líder del PP.
La cifra merece contexto: el volumen de publicaciones, por sí solo, no demuestra una mala gestión ferroviaria ni permite establecer una relación causal con los accidentes. Tampoco cada mensaje político es tiempo necesariamente sustraído a la gestión. Pero la pregunta relevante es otra: ¿qué lugar ocupa la rendición de cuentas sobre las infraestructuras bajo su responsabilidad en medio de una actividad digital tan intensa dedicada a la confrontación política?
Un ministro puede defender su gestión, rebatir a la oposición y participar en el debate público. Lo que no puede hacer es confundir la comunicación política con la gestión. Las redes sociales no sustituyen el seguimiento de los contratos, la supervisión de los organismos responsables, el cumplimiento de los calendarios ni la explicación de las medidas adoptadas para reducir los riesgos.
Los ciudadanos no necesitan que el responsable de Transportes gane una discusión en X. Necesitan saber por qué una modernización de seguridad acumula retrasos, qué medidas se han aplicado mientras llega el nuevo sistema y qué controles existen para que una incidencia técnica no termine en una catástrofe.
Y necesitan que las respuestas se mantengan en el terreno de los hechos. Si el ministro ha dedicado una parte considerable de su actividad pública a insultar a un adversario, ese comportamiento puede ser objeto de crítica política. Pero el argumento de fondo no debería ser el tono de sus tuits, sino la distancia entre la energía empleada en la disputa partidista y la obligación de explicar resultados concretos en el ámbito que dirige.
Después de Adamuz, y ahora de Urda, la exigencia de explicaciones no puede despacharse como una polémica entre partidos. La cuestión es si el Ministerio ha ejercido con la diligencia debida sus competencias, si ha vigilado los retrasos, si ha corregido las deficiencias y si ha comunicado con claridad el estado real de los proyectos de seguridad.
En política, la responsabilidad no se mide por el número de mensajes publicados ni por la contundencia de las réplicas. Se mide por las decisiones tomadas, los compromisos cumplidos y la capacidad de dar cuenta de lo que depende de uno. @opinionadas en @mundiario
