El accidente ferroviario de Urda, en Toledo, ha desencadenado una ofensiva política que pone el foco en la responsabilidad del Ministerio de Transportes y en la gestión de la seguridad ferroviaria. Mientras los investigadores tratan de esclarecer las causas del choque entre un AVE de Renfe y un tren de Iryo, los partidos políticos han comenzado a exigir explicaciones y responsabilidades.
La iniciativa más contundente ha llegado de Vox, que ha presentado una querella contra Óscar Puente ante el Tribunal Supremo. La formación de Santiago Abascal acusa al ministro de posibles delitos de homicidio por imprudencia grave y lesiones en relación con el siniestro, que ha causado 69 fallecidos según el balance publicado el 29 de octubre.
Al mismo tiempo, ERC y Podemos han registrado una petición para que el titular de Transportes comparezca ante la Diputación Permanente del Congreso. Sumar también ha reclamado su presencia para que dé cuenta de la información de la que dispone el Gobierno.
Las tres iniciativas reflejan la creciente presión sobre el Ejecutivo, aunque parten de planteamientos diferentes: Vox ha optado por la vía judicial, mientras que las formaciones de izquierda reclaman explicaciones políticas y mayor transparencia parlamentaria.
Vox acusa a Puente de no haber supervisado adecuadamente la seguridad
La querella de Vox sostiene que la responsabilidad que atribuye al ministro no deriva únicamente de su cargo ni de las actuaciones de sus subordinados. El partido centra su argumentación en una supuesta falta de supervisión de los mecanismos de seguridad ferroviaria y de las entidades dependientes de Transportes.
En su escrito, la formación solicita al Supremo que admita la querella, tome declaración a Puente en calidad de investigado, escuche a varios testigos y recurra a peritos independientes especializados en circulación ferroviaria para que aporten conclusiones técnicas.
Vox argumenta que el ministerio debía impulsar evaluaciones de riesgos, controles, inspecciones y medidas correctoras ante posibles deficiencias de seguridad. También reclama que se examine si existían advertencias previas que exigieran una actuación específica de los responsables políticos y técnicos.
La formación considera que el Tribunal Supremo es el órgano competente para estudiar su iniciativa debido al aforamiento del ministro. La presentación de la querella, sin embargo, no significa que Puente haya sido declarado responsable ni que exista una resolución judicial que confirme los delitos denunciados.
ERC y Podemos quieren que el ministro dé explicaciones en el Congreso
La respuesta de ERC y Podemos se ha centrado en la rendición de cuentas parlamentaria. Ambas formaciones han registrado una solicitud para que Puente comparezca ante la Diputación Permanente, el órgano que permanece activo en el Congreso durante la disolución de las Cortes.
El objetivo es que el ministro explique los datos conocidos sobre el accidente y detalle las actuaciones del Gobierno antes y después de la colisión.
El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha defendido que una tragedia de esta magnitud exige asumir responsabilidades y ofrecer información transparente. También ha criticado la difusión de las grabaciones de las comunicaciones entre los trenes y el centro de control de Adif, al considerar que no deben utilizarse para desplazar responsabilidades sin que se conozcan todas las circunstancias.
Rufián ha atribuido el problema a factores estructurales y ha señalado tanto la inversión ferroviaria de anteriores gobiernos del PP como la liberalización del mercado impulsada durante la etapa del PSOE.
Desde Podemos, Irene Montero ha cuestionado que el debate se centre exclusivamente en un posible error humano. A su juicio, el accidente obliga a examinar el funcionamiento del sistema ferroviario en su conjunto y la influencia que pueden tener las decisiones económicas y organizativas sobre la seguridad.
Sumar se suma a la exigencia de transparencia
Sumar también ha pedido que el ministro acuda a la Diputación Permanente para dar explicaciones. Ada Colau, candidata de Frente Amplio —el espacio político heredero de Sumar—, ha defendido que, en un momento tan doloroso, resulta imprescindible ofrecer toda la información disponible.
Por su parte, el coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, ha reclamado una auditoría independiente que analice el estado de la red ferroviaria y permita conocer si existen deficiencias que requieran medidas correctoras.
La petición de Sumar busca que se examinen las circunstancias del accidente, se conozcan los datos técnicos y se determinen las responsabilidades que puedan derivarse de la investigación. Para registrar la solicitud formal de comparecencia, la formación necesita el apoyo de otro grupo parlamentario, ya que no dispone por sí sola de suficientes diputados para hacerlo.
La investigación debe aclarar qué ocurrió antes del choque
El trasfondo de estas iniciativas es la necesidad de esclarecer cómo se produjo la colisión en la línea de alta velocidad. Entre los elementos que se investigan figuran la avería del sistema de seguridad LZB, las instrucciones transmitidas desde el centro de control de Adif y las circunstancias por las que el AVE terminó alcanzando al Iryo, que permanecía detenido.
El ministro Puente calificó de "inexplicable" la autorización para que el tren de Renfe reanudara la marcha con normalidad después de la incidencia técnica. La investigación deberá determinar qué información manejaban los responsables de circulación, qué protocolos debían aplicarse y si se produjo algún incumplimiento.
Las comunicaciones ferroviarias, las cajas negras y la documentación técnica serán fundamentales para reconstruir la secuencia de los acontecimientos. Hasta que se conozcan los resultados, no puede darse por probada una responsabilidad penal o política concreta.
Con más de 60 fallecidos en el balance difundido el jueves, el accidente de Urda se ha convertido en una crisis de enorme impacto humano y político. El Gobierno afronta ahora una doble exigencia: colaborar en el esclarecimiento de los hechos y responder a las preguntas de los grupos parlamentarios sobre el funcionamiento y la supervisión de la seguridad ferroviaria. @mundiario
