Otra vez las familias buscando a los suyos. Otra vez un viaje que no termina, una llegada que alguien seguirá esperando. La tragedia ferroviaria de Toledo nos deja dolor, impotencia y rabia. Mi recuerdo está con quienes han perdido la vida, con los heridos y con las familias que hoy necesitan toda nuestra cercanía.
Pero acompañarlas también significa exigir respuestas. Adamuz y Toledo, dos catástrofes ferroviarias en apenas nueve meses. También el accidente de Gelida, donde murió un maquinista. A esa herida se suman la dana de 2024, los incendios, el apagón y las recientes inundaciones de Oliva. Un país también se cansa de vivir pendiente del siguiente sobresalto.
En el ferrocarril habíamos depositado una confianza construida durante décadas. Subimos a un tren dando por hecho que las vías, los sistemas de seguridad y quienes organizan la circulación cuentan con las garantías necesarias. Cuando ocurre una tragedia así, necesitamos saber qué falló y por qué los mecanismos de protección no impidieron sus consecuencias.
La investigación debe establecer las causas y las responsabilidades. Mientras tanto, corresponde revisar los riesgos y corregir los que se identifiquen. Cada advertencia desatendida, cada revisión pendiente y cada recomendación incumplida deben tener una explicación, si se comprueba que las hubo.
Con las inundaciones también hay preguntas pendientes. Ingenieros que comparecieron ante Les Corts sostienen que las obras previstas en el Poyo habrían reducido los efectos de la dana. En Oliva, su alcaldesa vuelve a reclamar la presa de la rambla Gallinera. Según un cálculo sobre datos de la Agencia Europea de Medio Ambiente, entre 1980 y 2024 la mortalidad por inundaciones, en relación con la población, fue en España unas 2,5 veces la de Francia y 3,9 veces la de Alemania. Son datos que exigen examinar nuestra prevención.
Como contribuyente, quiero saber cuánto de lo anunciado se ejecuta, qué mantenimiento se aplaza y qué actuaciones de protección siguen esperando. Quiero responsables identificados y plazos que se cumplan. Las competencias repartidas entre administraciones deben servir para organizar el trabajo, no para diluir las obligaciones.
En Galicia, esa prioridad también debe llevarnos a evaluar los peajes por su efecto sobre la seguridad vial. La DGT ha observado menos fallecidos en el conjunto de determinadas autopistas liberalizadas y sus carreteras alternativas. Ese resultado merece decisiones basadas en el riesgo de cada corredor.
Gobernar obliga a elegir. Cuidar a las personas tiene que estar por delante del cálculo electoral y de la conveniencia de mantenerse en el poder. Eso se demuestra con mantenimiento, inspecciones, personal preparado, obras necesarias y presupuestos ejecutados a tiempo.
Hoy toca estar con las víctimas. Cuando desaparezcan los titulares, tendremos que seguir preguntando qué se ha corregido. Porque nuestra gente debe ser la primera prioridad todos los días.
Estamos cansados de llorarla. @mundiario
