El Gobierno ha decidido no retirar los dos decretos de vivienda a pesar del rechazo anunciado por Junts y mantiene su convalidación este viernes en el Congreso. El Ejecutivo considera que retirar los textos supondría renunciar a un paquete de medidas que defiende como una respuesta a la emergencia habitacional y ha optado por llevarlos a votación aun cuando la aritmética parlamentaria apunta a su fracaso. La Moncloa sostiene que lo adecuado es que cada grupo fije su posición ante unas normas que, según defiende, buscan frenar la especulación, fomentar el alquiler asequible y proteger a los hogares vulnerables.
La decisión de los posconvergentes de votar en contra de ambos decretos había llegado acompañada de una petición expresa para que el Gobierno retirase los textos y elaborase otros de inmediato. La formación independentista considera que algunas de las medidas pueden producir el efecto contrario al perseguido y reclama una nueva negociación. El Ejecutivo de coalición, sin embargo, sostiene que los decretos se han trabajado durante meses y que incorporan medidas negociadas con los distintos grupos parlamentarios, incluyendo al partido de Carles Puigdemont.
El pulso alcanza así su máxima intensidad en la víspera de la votación. Pedro Sánchez ha elevado la presión sobre el PP, Vox y Junts, a los que ha emplazado a decidir si respaldan las medidas del Gobierno o votan en contra. En un mensaje difundido en redes sociales, el presidente afirmó que “ha llegado la hora de la verdad” y sostuvo que el voto de estos partidos permitirá determinar su posición en esta materia, porque su Gobierno “no va a dar un paso atrás en su lucha por el derecho a la vivienda”.
El presidente había reclamado horas antes, durante la inauguración del Foro La Toja, “altura de miras” y que se dejara “a un lado la ideología” y las confrontaciones partidistas para abordar una cuestión que calificó de “pura humanidad”. El Ejecutivo ha mantenido desde el principio que la vivienda constituye una de las principales prioridades de la legislatura.
La estrategia de Moncloa pasa ahora por mantener los decretos sobre la mesa y trasladar la responsabilidad de su aprobación a los grupos parlamentarios. “Los decretos que hemos presentado sirven para frenar la especulación, facilitar el acceso a la primera vivienda, fomentar los alquileres asequibles y frenar los desahucios, como hemos visto hoy con el caso de Macarena en Barcelona”, ha dicho el presidente del Gobierno.
Moncloa ha señalado expresamente a PP, Vox y Junts y sostiene que su posición quedará expuesta en el pleno. La fórmula supone también convertir la derrota parlamentaria, en caso de producirse, en un argumento político para el PSOE de cara al debate público sobre la vivienda. Sobre la oposición de derechas, Sánchez ha afirmado que “deben elegir” estar “con la mayoría social o con los especuladores”. “Mañana, su voto les retratará ante generaciones enteras”, subrayó.
Este Gobierno no va a dar un paso atrás en su lucha por el derecho a la vivienda. Los decretos que hemos presentado sirven para frenar la especulación, facilitar el acceso a la primera vivienda, fomentar los alquileres asequibles y frenar los desahucios, como hemos visto hoy con el caso de Macarena en Barcelona. Ha llegado la hora de la verdad. PP, Vox y Junts deben elegir: o están con la mayoría social o con los especuladores. Mañana, su voto les retratará ante generaciones enteras.
— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) October 1, 2026
Junts reclama retirar los dos decretos
El Gobierno insiste en que los dos textos contienen medidas para facilitar el acceso a la primera vivienda, impulsar alquileres asequibles, frenar determinados desahucios y limitar operaciones de determinados fondos de inversión. Según las fuentes del Ejecutivo, ninguna de las disposiciones perjudica la oferta de vivienda y el paquete incorpora mecanismos reclamados durante las negociaciones con Junts.
La formación de Puigdemont ha mantenido, sin embargo, una posición diferente. Su Ejecutiva decidió rechazar los dos decretos y reclamó al Gobierno que los retire para preparar nuevos textos. Junts sostiene que algunas de las medidas pueden terminar reduciendo la oferta disponible y agravando los problemas que pretenden resolver.
El rechazo de Junts crucial porque el Gobierno necesita reeditar el bloque que permitió su investidura para convalidar las normas. En el caso del segundo decreto, las opciones ya estaban comprometidas después de que el PNV anunciara que votaría en contra. La formación vasca sí había diferenciado su posición respecto al primer texto, al que había anunciado un “apoyo crítico”.
El Ejecutivo socialista, pese a todo, no ha aceptado modificar el calendario. “Lo más conveniente es someterlos a votación”, defendió la secretaria de Estado de Vivienda, Leire Iglesias, tras conocerse la decisión de Junts. La posición oficial es que corresponde al Congreso pronunciarse sobre las medidas y que no existen razones para retirarlas antes del pleno.
La respuesta de los ministros: del enfado al reproche
La decisión de Junts provocó además una rápida reacción dentro del Gobierno y de Sumar. La ministra de Sanidad, Mónica García, acusó a quienes voten en contra de las medidas de no aportar soluciones al problema de la vivienda. El ministro de Transportes, Óscar Puente, centró sus críticas en los socios de izquierdas del PSOE que habían reclamado mayor acción al Gobierno y cuestionó qué habría ocurrido si el decreto se hubiese aprobado en uno solo.
Si no se hubiese troceado el decreto habría cabido la duda de si Junts hubiera llegado a aprobar alguna medida por separado. Así no queda ninguna. Por tanto los que decían “un decreto y que se retraten” una vez más erraron. Ahora sí que se han retratado. Pero de verdad.
— Óscar Puente (@oscar_puente_) October 1, 2026
Desde Sumar, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, defendió igualmente que no había ningún decreto que retirar y llamó a votar a favor del paquete. El tono de las reacciones evidencia que el Ejecutivo ha optado por resistir el órdago de Junts en lugar de buscar una retirada de última hora.
La presión política se produce además mientras las movilizaciones por la vivienda se mantienen en distintas ciudades españolas. La acampada de la Puerta del Sol encara nuevas jornadas de protesta y el Sindicato de Inquilinas de Madrid ha anunciado nuevas movilizaciones después del rechazo de los posconvergentes.
No hay nada que retirar. Este Gobierno tiene muy claro cuál es el camino para luchar contra la especulación, tiene palabra y respeta los acuerdos. O con la gente o con los especuladores. O con España y Catalunya o con Vox y el PP. Eso votamos mañana.
— Yolanda Díaz (@yolandadiaz.bsky.social) 1 de octubre de 2026 a las 17:25
Dos decretos, una votación decisiva
El primer decreto contiene medidas de protección frente a desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional, además de disposiciones destinadas a limitar determinadas operaciones inmobiliarias de los fondos buitre. El segundo incorpora un mecanismo de renovación automática de los contratos de alquiler, una medida que ha generado especial rechazo entre algunos socios parlamentarios y organizaciones vinculadas a los propietarios.
El Gobierno defiende que ambas normas forman parte de una misma respuesta a la emergencia habitacional. La oposición sostiene, por el contrario, que algunas de las medidas pueden tener efectos adversos sobre la oferta de alquiler y la seguridad jurídica de los propietarios. El debate ha trasladado así al Congreso una discusión que combina el problema del acceso a la vivienda con dos modelos diferentes sobre cómo intervenir en el mercado. @mundiario
