Alberto Núñez Feijóo ya ha fijado qué hará con los decretos de vivienda del Gobierno si el PP llega a La Moncloa: los derogará. La dirección popular considera que el nuevo escudo frente a los desahucios y la prórroga extraordinaria de los contratos de alquiler no solucionan la crisis habitacional, sino que pueden agravarla al reducir la oferta disponible, elevar los precios y aumentar la inseguridad jurídica para los propietarios. La alternativa consiste en separar la respuesta social ante los desalojos de la regulación de los contratos de alquiler y dejar en manos de los servicios sociales la búsqueda de una alternativa habitacional para las familias vulnerables.
El anuncio sitúa la vivienda en uno de los principales terrenos de confrontación entre el Gobierno y el principal partido de la oposición. Los dos reales decretos aprobados por el Ejecutivo, que se prevén que decaigan este viernes tras el rechazo de Junts, incorporan medidas destinadas a contener los efectos más inmediatos de la crisis, el primero establece nuevas garantías para personas vulnerables sin alternativa habitacional y permite determinadas prórrogas extraordinarias de los contratos hasta por dos años; el segundo plantea un mecanismo de renovación automática de los alquileres. El primer decreto ya fue publicado en el BOE y el segundo tiene prevista su entrada en vigor el 2 de octubre.
La principal discrepancia afecta a la forma de abordar los desahucios. El decreto aprobado por el Gobierno establece, entre otras medidas, un régimen temporal de suspensión de determinados procedimientos cuando la persona afectada sea vulnerable y carezca de una alternativa habitacional. En algunos supuestos, la protección se extiende hasta el 31 de diciembre de 2030. La norma también establece mecanismos de intervención de las administraciones cuando no se haya proporcionado una alternativa habitacional.
El PP considera que este modelo desplaza el problema desde las políticas sociales hacia la legislación de arrendamientos. La propuesta de los populares pasa por derogar esas protecciones y que, si finalmente se produce un desalojo, sean los servicios sociales municipales y autonómicos los encargados de buscar alojamiento a las familias afectadas. Es un cambio de orientación relevante. En lugar de impedir o suspender el lanzamiento mediante una protección específica vinculada al procedimiento judicial, los populares plantean que el problema de la vulnerabilidad sea atendido fundamentalmente por las administraciones responsables de las políticas sociales.
Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años cuyo desahucio desencadenó una fuerte movilización social, se ha convertido precisamente en el ejemplo que evidencia las dificultades de ese modelo. El PP admite que los servicios sociales ya desempeñan esa función, pero sostiene que la respuesta debe reforzarse mediante recursos y políticas específicas y no mediante una prolongación de la protección dentro de la legislación de alquiler.
Nuestro voto a los decretos será NO porque queremos proteger al conjunto de los españoles. https://t.co/HtDsYvzBW9
— Partido Popular (@ppopular) October 1, 2026
La advertencia del PP: menos oferta y más precios
La dirección popular sostiene que las nuevas obligaciones para los propietarios pueden tener un efecto contrario al perseguido. El diagnóstico de Génova es que parte de los arrendadores optará por retirar viviendas del mercado o no alquilarlas a determinados perfiles ante el temor de no poder recuperar el inmueble en caso de impago o de encontrarse con dificultades para finalizar el contrato.
En ese contexto, el PP anticipa un aumento de los precios y una reducción de la oferta. También alerta de un incremento de lo que denomina “inquiokupación”, término utilizado por las derechas para referirse a situaciones en las que un inquilino permanece en una vivienda a pesar de incumplir sus obligaciones contractuales, y en las que el propietario encuentra dificultades para recuperar la posesión.
La Moncloa mantiene precisamente la tesis contraria. El Gobierno de Pedro Sánchez considera que la protección de los hogares vulnerables y la estabilización de los alquileres son necesarias ante el fuerte incremento de los costes de la vivienda. El decreto publicado en el BOE argumenta que una parte relevante de los hogares que alquilan a precios de mercado soporta una elevada carga financiera.
Un millón de viviendas como respuesta
Frente al modelo del Ejecutivo, Feijóo plantea una estrategia centrada en aumentar de forma sustancial la oferta. La propuesta del PP contempla la construcción de un millón de viviendas, la movilización de suelo y una reducción de su coste de hasta el 30 % respecto a los precios medios de mercado, según la dirección popular.
Génova pretende además modificar la legislación urbanística para acelerar la disponibilidad de suelo y los procedimientos de construcción. A ello suma una mayor financiación para las comunidades autónomas y los ayuntamientos que faciliten la promoción de vivienda y reclama más capacidad de gasto municipal para impulsar nuevos proyectos.
El plan popular incorpora también incentivos fiscales. El objetivo declarado es facilitar el acceso de los jóvenes a la propiedad mediante reducciones del IVA y del impuesto de transmisiones patrimoniales. El PP pretende así combinar una expansión de la oferta con medidas fiscales dirigidas a quienes quieran adquirir una vivienda.
La propuesta incluye asimismo facilitar la incorporación de trabajadores inmigrantes de forma ordenada para cubrir las necesidades de mano de obra del sector de la construcción. La premisa del PP es que el problema de fondo no se resuelve únicamente regulando los contratos existentes, sino aumentando el número de viviendas disponibles allí donde la demanda es mayor.
Algunas de nuestras propuestas para solucionar el problema de la vivienda: https://t.co/TEmbr6oRec
— Partido Popular (@ppopular) September 30, 2026
El PP prepara también recursos judiciales
La oposición popular cuestiona además la propia arquitectura jurídica de los dos decretos. Uno de los principales argumentos es que determinadas medidas de ambos textos pueden entrar en conflicto entre sí, especialmente por la coexistencia de la prórroga extraordinaria de hasta dos años contemplada en el primer real decreto y el mecanismo de renovación automática planteado en el segundo. El primer decreto establece que determinadas prórrogas extraordinarias pueden prolongarse hasta un máximo de dos años adicionales y fija como referencia el 31 de diciembre de 2028.
El segundo decreto, por su parte, ha sido concebido por el Ejecutivo para reforzar la estabilidad de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual y entra en vigor el 2 de octubre. Desde el PP sostienen que esa situación puede generar derechos y expectativas jurídicas durante el breve periodo comprendido entre la publicación de la norma y su eventual rechazo parlamentario. De ahí que Génova estudie recurrir ante los tribunales si finalmente los decretos son convalidados.
Varias comunidades gobernadas por el PP ya han anunciado que acudirán a la Justicia. Castilla y León y Aragón se encuentran entre ellas, mientras la dirección nacional estudia sumarse a esas iniciativas si las normas superan la votación del Congreso. @mundiario
