MORELIA, Mich., 28 de abril de 2026.- A casi siete años del accidente en el que murió prácticamente una familia completa y un joven de 26 años quedó con ceguera permanente, abogados exigieron a la aseguradora Quálitas pagar la reparación del daño, luego de que, afirmaron, ya existen sentencias en su contra en la vía mercantil y civil.
Durante la rueda de prensa encabezada por el presidente del PRI en Michoacán, Guillermo Valencia Reyes, la abogada Rosa y Sela Santoyo Linares informó que desde marzo de 2025 se cuenta con resoluciones judiciales que condenan a la compañía aseguradora a reparar el daño causado a una víctima que sobrevivió al siniestro, pero quedó con secuelas irreversibles.
“Actualmente y desde el año pasado, desde marzo del 2025, ya tenemos sentencias donde se ha condenado a la compañía de seguros Quálitas a la reparación del daño, tanto en la vía mercantil como en la vía civil”, señaló.
De acuerdo con la litigante, pese a esas resoluciones, la aseguradora ha mantenido una estrategia de dilación judicial mediante recursoa, incidentes y excepciones, incluido el amparo, lo que ha impedido concretar la reparación del daño.
“Ellos, en su dolo y en su proceder de manera fraudulenta, han seguido interponiendo y dilatando los procesos judiciales, promoviendo todo tipo de instancias, incidentes, excepciones. Actualmente como consecuencia jurídica, el recurso de amparo”, expuso.
Santoyo Linares explicó que la víctima tenía 26 años cuando ocurrió el accidente y, a consecuencia de la inhalación de ácido anhídrido, perdió la vista de manera permanente y quedó con afectaciones irreversibles en vías respiratorias.
“Es un chico que tenía 26 años solamente cuando ocurrió este accidente y que ha quedado con ceguera permanente a raíz de la inhalación del ácido anhídrido que le ha dejado secuelas irreversibles em vías respiratorias”, dijo.
La abogada llamó directamente al director de la aseguradora, Bernardo Rizol Salas, a responder por el siniestro y cubrir la indemnización correspondiente.
“Hacemos un llamado al director, al señor Bernardo Rizol Salas, a que se haga responsable de este siniestro, que dé la cara y que pague, que pague por el daño causado”, expresó.
En la misma rueda de prensa, el abogado Joel Alvarado afirmó que el caso forma parte de un problema más amplio en materia de responsabilidad civil, pues las víctimas suelen desconocer hasta dónde puede llegar una indemnización cuando resultan lesionadas o pierden familiares en hechos cubiertos por pólizas de seguro.
Explicó que la responsabilidad civil corresponde a los daños ocasionados a terceros y acusó que, en este caso, se han realizado convenios por montos que calificó como irrisorios, d 300 mil o 400 mil pesos, mediante manipulación hacia víctimas.
“Han venido haciendo convenios, pero convenios irrisorios de 300, 400 mil pesos, haciendo uso de manipulación hacia las víctimas”, acusó.
Alvarado sostuvo que Quálitas ya perdió en primera instancia, pero no ha abierto una mesa de negociación para indemnizar al joven que quedó ciego.
“No queremos una indemnización desproporcionada, se necesita una indemnización ajustada a derecho”, afirmó.
El abogado también llamó a Bernardo Rizol Salas y a José Antonio Correa Echegaray, a quienes identificó como directivos de Quálitas, para que instruyan a su área jurídica en Michoacán a instalar una mesa de diálogo.
“Solamente queremos lo justo para esta persona, con 26 años no va a poder ver, no hay operación que resulte procedente para que recupere su vista”, subrayó.
Guillermo Valencia recordó que el accidente ocurrió hace casi siete años, el 6 de diciembre, y afirmó que el caso no debe quedar en el olvido, porque las víctimas siguen sin reparación integral del daño.
“Si nosotros dejamos que esto se olvide, pues de nada servirá la lucha, de nada servirá la denuncia”, advirtió.
El dirigente priista señaló que en su momento realizaron manifestaciones en las oficinas de Quálitas y bloqueos en instalaciones administrativas de la autopista, en Cuto, para exigir justicia por las víctimas.
Valencia sostuvo que mantendrá el acompañamiento público al caso desde cualquier tribuna, al considerar que el incumplimiento de aseguradoras frente a víctimas constituye un daño social y debe abrir una discusión legislativa.
“Independientemente de la tribuna en la que yo esté, nunca la voy a desaprovechar para alzar la voz por las víctimas”, dijo.
Además, planteó que el Congreso local y la Cámara de Diputados deben revisar el marco legal en materia de seguros, responsabilidad civil e indemnizaciones, para evityar que las víctimas queden sujetas a procesos largos, montos bajos o mecanismos de presión.
“Ese es un tema grave que debemos legislar también nosotros aquí como diputados, en el tema que nos compete en lo local y también los diputados federales en el ámbito de su competencia”, sostuvo.
El caso se originó en diciembre de 2019, cuando una pipa con amoniaco volcó en la autopista Siglo 21, en el tramo Morelia–Lázaro Cárdenas, generando una nube tóxica que alcanzó a un autobús de pasajeros y dejó al menos siete muertod y decenas de intoxicados.
Desde entonces, familiares han acusado falta de pago de gastos e indemnizaciones por parte de la aseguradora y empresas involucradas, en un proceso que, a casi siete años, sigue sin una reparación integral para las víctimas.
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