Salvador Illa ha evitado este jueves una reprobación formal del Parlament, pero no ha salido indemne del Debate de Política General. Junts no logró sacar adelante su propuesta para reprobar al president, que obtuvo 50 votos a favor, 68 en contra y 11 abstenciones, pero el Govern sufrió un revés en una de sus principales apuestas para afrontar la crisis de la vivienda. La Cámara catalana rechazó el plan de propiedad compartida impulsado por el Ejecutivo después de que los Comuns optaran por abstenerse.
El resultado dibuja una paradoja para Illa. Los dos socios parlamentarios que sostienen su mayoría —ERC y Comuns— volvieron a marcar distancias con el Govern durante el debate, pero ninguno quiso sumarse a la iniciativa de los posconvergentes para censurar directamente al president. La reprobación, planteada por la principal fuerza de la oposición, quedó así a un voto de prosperar en el bloque contrario al Ejecutivo.
La formación de Carles Puigdemont había presentado la iniciativa como una respuesta al rumbo de la Generalitat y había acusado a Illa de gobernar con “desgobierno”, “incompetencia” y una supuesta dependencia de Madrid y del PSOE. La portavoz Mònica Sales llegó a calificarle de “peor presidente de la Cataluña moderna”. ERC y Comuns compartieron parte de las críticas a la gestión del Govern, pero no dieron el paso de respaldar la reprobación.
El mayor revés para Illa llegó, sin embargo, en el terreno que el propio president había situado en el centro de su intervención. El Govern había anunciado dos fondos por valor de 125 millones de euros: uno de 25 millones destinado a intervenir en situaciones de vulnerabilidad extrema y riesgo de desahucio y otro de 100 millones para desarrollar un modelo de propiedad compartida entre particulares y la Generalitat.
La propuesta de propiedad compartida pretende facilitar el acceso a la vivienda a personas con capacidad para afrontar una cuota hipotecaria, pero que encuentran dificultades para reunir el dinero necesario para la entrada. La fórmula se apoya en instrumentos previstos en el derecho civil catalán y persigue, además, incrementar el parque de vivienda protegida.
🏛️ Revés pel govern de Salvador Illa. 🏡 El Parlament rebutja la proposta de compra compartida d'habitatge ➕ Info: https://t.co/pWLU39gkui https://t.co/kwHOu9JgJn
— RTVE Notícies (@rtvenoticies) October 2, 2026
El plan de vivienda se queda sin el respaldo de los Comuns
Pero solo ERC votó a favor del plan. El resto de grupos se posicionó en contra o se reservó, y la abstención de los Comuns resultó determinante para que la iniciativa no prosperara. El rechazo tiene carácter político y parlamentario, ya que no impide necesariamente que el Govern continúe desarrollando la propuesta, como ocurrió con anteriores anuncios de vivienda del Ejecutivo.
La posición de los Comuns resulta especialmente significativa porque la formación forma parte del entramado parlamentario que permitió la investidura de Illa. Su portavoz, David Cid, aprovechó la votación para elevar la presión sobre el Govern y reclamar que cumpla antes los compromisos pendientes en materia de vivienda, especialmente la puesta en marcha de la unidad antidesahucios.
“Ponga usted la mirada en la Cataluña de hoy y no en la de 2030. Y mientras tanto, ¿qué?”, reprochó Cid al Ejecutivo. Los Comuns sostienen que la propiedad compartida no responde a las urgencias inmediatas del mercado y han cuestionado que se anuncien nuevas fórmulas mientras permanecen pendientes compromisos anteriores.
El PSC también se distancia de los Comuns
La fractura no se produjo únicamente en una dirección. El PSC tampoco respaldó algunas de las iniciativas planteadas por los Comuns, entre ellas la relativa a la prórroga indefinida de contratos de alquiler y la exigencia de poner en marcha en un mes la unidad antidesahucios.
Los socialistas defendieron que sus votaciones no estaban condicionadas por las decisiones adoptadas por sus socios. El resultado fue una sucesión de desencuentros que dejó patente la dificultad del Govern para convertir los acuerdos de investidura en una mayoría parlamentaria estable en todas las materias.
La tensión ya se había manifestado durante el debate. Los republicanos calificaron algunas de las propuestas de Illa como insuficientes y exigieron mayor ambición política, mientras los Comuns cuestionaron el ritmo de aplicación de las políticas de vivienda y otros compromisos adquiridos por el Ejecutivo.
Junts pierde la reprobación, pero gana terreno en renovables
Aunque Junts no consiguió su objetivo principal —la reprobación de Illa—, sí logró aprobar varias resoluciones que obligan al Govern a asumir posiciones incómodas. Una de ellas afecta directamente al despliegue de las energías renovables. El Parlament respaldó una resolución que insta al Ejecutivo a suspender la tramitación de nuevas licencias hasta la aprobación definitiva del Plan Territorial Sectorial para la Implantación de las Energías Renovables en Cataluña (Plater) y reclama un nuevo periodo de participación del mundo local.
El resultado fue de 72 votos a favor, 53 en contra y 10 abstenciones, lo que convierte la cuestión energética en otro de los puntos de fricción entre Junts y el Govern. La formación independentista tampoco consiguió reprobar a las conselleras de Interior y Educación, Núria Parlon y Esther Niubó, pero sí logró respaldo parlamentario para reclamar que se haga efectivo el traspaso de competencias en inmigración, una de las reivindicaciones que Junts mantiene también en su negociación con el Gobierno central.
ERC, por su parte, logró sacar adelante una resolución que reconoce la persistencia del “conflicto político” catalán, mientras que los Comuns consiguieron respaldo para varias de sus prioridades sociales: la reducción progresiva de las ratios en las aulas, la disminución de las listas de espera para especialistas y la garantía de acceso al aborto en toda la red sanitaria pública y concertada.
También prosperaron iniciativas del PSC sobre el reconocimiento de la autoridad pública del profesorado y sobre la necesidad de aprobar sin más dilaciones el nuevo modelo de financiación autonómica para que pueda entrar en vigor en 2027. @mundiario
