La administración Donald Trump prepara una orden ejecutiva que obligaría a los bancos de Estados Unidos a recopilar información de ciudadanía y, eventualmente, cerrar cuentas de quienes no acrediten presencia legal en el país. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, confirmó al medio especializado Semafor que la medida está "en proceso".
La iniciativa corre en paralelo a una vía legislativa. El 25 de marzo, el senador republicano Tom Cotton presentó el Know Your American Customer Act, que obligaría a bancos y cooperativas a verificar el estatus migratorio de nuevos clientes y convertiría en delito federal abrir o mantener una cuenta sin presencia legal.
La medida se inscribe en un cambio operativo más amplio. Frente al modelo basado en detención y deportación física, la administración avanza hacia una estrategia de presión económica sobre los inmigrantes sin estatus legal, con el sistema financiero como instrumento central.
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Los datos disponibles muestran una desaceleración del primer enfoque. Las detenciones diarias cayeron de 800 en diciembre a menos de 500 en marzo, según el American Immigration Council. La población detenida bajó a 60 mil 311 en abril, mínimo del año, de acuerdo con TRAC Immigration. Mientras que un reporte publicado por la Mass Deportation Coalition contabiliza 350 mil deportaciones en el primer año del segundo mandato, frente a las 650 mil que cita el gobierno.
El Think Tank detrás del giro de Trump
La presión por endurecer la política proviene en buena medida de esa coalición, formada en marzo y liderada por Heritage Foundation, el principal think tank conservador de Washington y autor del Project 2025, la hoja de ruta que ha inspirado buena parte de la agenda del segundo mandato de Trump.
La guía de acción de la coalición incluye 21 recomendaciones para alcanzar al menos un millón de deportaciones anuales, entre ellas el uso del sistema financiero como herramienta de aplicación migratoria. La coalición sostiene en una encuesta interna que 56 por ciento de los estadounidenses respalda excluir a inmigrantes sin estatus legal del sistema financiero.
La estrategia de auto-deportación traslada el costo operativo al propio migrante. Restringir el acceso a cuentas, crédito, remesas y empleo formal busca incentivar la salida voluntaria.
'Vamos a por los ilegales'
Bessent declaró ante CNBC que ese mecanismo resultaría más económico que arrestar y deportar. Mullin lo expresó en términos similares en abril en una entrevista con Fox News: "Vamos a por los ilegales, y nos encantaría que se marcharan por su cuenta". Un funcionario del Departamento de Seguridad Nacional declaró a The Washington Post que tres millones de inmigrantes indocumentados han abandonado el país desde enero de 2025; la cifra combina deportaciones formales y salidas voluntarias y no ha sido verificada.
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El alcance de la medida bancaria desborda a la población indocumentada. El Brennan Center for Justice estimó en 2023 que un poco más de 21 millones de ciudadanos estadounidenses en edad de votar no disponen fácilmente de documentos que prueben su ciudadanía. Solo hay 183 millones de pasaportes en circulación en un país de 340 millones de habitantes, según Bloomberg. El American Action Forum, think tank de centro-derecha, calculó en marzo que un requisito de verificación de ciudadanía agregaría entre 30 y 70 millones de horas de trámite para los bancos, con un costo estimado de entre 2 mil 600 y 5 mil 600 millones de dólares.