En 2025, 79 niñas, niños y adolescentes murieron asesinados en Chiapas. Entre ellos, nueve feminicidios que visibilizan una violencia que se ensaña con las mujeres desde la infancia. Pero el número que más estremece a los defensores de derechos humanos es otro: 460 fichas de búsqueda de menores emitidas por la Fiscalía estatal -75 sin resolver-. Eso equivale a más de un niño desaparecido cada día.
El panorama es aún más desolador cuando se desagregan las cifras. Siete de cada diez reportes por desaparición corresponden a niñas y adolescentes mujeres, mientras que dos de cada tres fichas activas por desaparición en el estado corresponden a este mismo grupo poblacional.
El diagnóstico, elaborado por la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), la Red por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia en Chiapas (Redias) y la organización Melel Xojobal, dibuja un escenario de emergencia nacional.
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El rostro indígena en Chiapas
Un total de 2 mil 507 menores —en su mayoría indígenas tsotsiles y tseltales de San Cristóbal de Las Casas y la zona de Los Altos— están en riesgo inminente de quedar reclutados por grupos delictivos. La cifra sólo representa la punta del iceberg, advierten las activistas, porque cientos de familias no denuncian por miedo a represalias o desconfianza total en el sistema de justicia.
Los números revelan un patrón devastador: niñas originarias de municipios como Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, Comitán y el propio San Cristóbal las captan con engaños a través de falsas ofertas de empleo o relaciones sentimentales simuladas. Una vez en poder de las redes criminales, se convierten en víctimas de explotación sexual comercial o labores forzadas en bares y cantinas de la región.
Para los varones, el destino suele ser distinto pero igual de letal. La diputada local panista, Jovannie Maricela Ibarra Gallardo, expuso en tribuna un dato escalofriante: “Estudios indican que la esperanza de vida de un menor reclutado es de apenas tres años”. Una vez enganchados —cada vez más a través de TikTok y otras redes sociales— son sometidos a entrenamientos con tortura y convertidos en “piezas desechables” del entramado criminal, según describe la investigadora Rossana Reguillo Cruz.
Mientras tanto, Violeta Galicia, coordinadora de Redias, resume el sentir de las organizaciones civiles: “Desde hace más de 30 años, en Chiapas no se garantizan las condiciones básicas de vida para la infancia, principalmente en comunidades indígenas. El hambre, la falta de escuela y el desplazamiento forzado son la antesala del reclutamiento”.
Y lanza una advertencia: si el estado no actúa ya, los 2 mil 507 menores en riesgo, en San Cristóbal, serán sólo el primer nombre de una larga lista de desaparecidos.
Detectan más de 200 cuentas de reclutamiento
La Secretaría de Seguridad del Pueblo de Chiapas emitió una alerta a principios de 2026: centenares de perfiles en TikTok romantizan la vida criminal con corridos, camionetas de lujo y fajos de billetes. “Les venden un sueño que termina en pesadilla. Detectamos más de 200 cuentas dirigidas específicamente a adolescentes chiapanecos”, explicó un mando de la policía cibernética bajo condición de anonimato.
El caso más reciente confirma esta tendencia: en octubre de 2025, elementos de la Marina rescataron en el Golfo de California a 28 adolescentes chiapanecos —entre ellos Carlos, de 16 años— enganchados por redes sociales, trasladados a Baja California y abandonados a la deriva en condiciones de hacinamiento. “Nos dijeron que íbamos a trabajar al campo, pero nos quitaron los teléfonos y nos tuvieron una semana sin comer bien”, declaró el joven a los rescatistas.
Vacío legal es igual a impunidad
México ha firmado tratados internacionales como el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en los conflictos armados, pero no tipifica el reclutamiento de menores por el crimen organizado como delito autónomo en la mayoría de las entidades, incluida Chiapas. Esto genera doble impunidad: los perpetradores no enfrentan sanciones específicas y, las víctimas, al ser detenidas por la delincuencia, son tratadas como delincuentes.
Ante ello, la diputada Ibarra Gallardo presentó una iniciativa para reformar el Código Penal y la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en Chiapas, con el objetivo de reconocer a los menores reclutados como víctimas y no como infractores. “Nuestro actuar legislativo definirá si la niñez chiapaneca estará protegida por la ley o abandonada frente a la violencia”.
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Oaxaca y Guerrero se suman a problemática de Chiapas
Chiapas, Guerrero y Oaxaca son las entidades con mayor vulnerabilidad social y económica para la infancia, donde la pobreza extrema afecta a más de cuatro millones de menores, especialmente indígenas donde el rezago educativo y la desnutrición crónica presentan los niveles más críticos del país, de acuerdo con el Sistema Nacional de Seguridad Pública y el balance de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) al corte de abril de 2026.
En términos de seguridad y violencia, el Estado de México, Guanajuato y Jalisco concentran el mayor número de delitos contra menores, debido a su densidad poblacional y conflictos territoriales.
El Secretariado Ejecutivo reporta un incremento en casos de trata de personas y desapariciones en estas regiones durante el primer trimestre del año.