La disputa política desencadenada por unas declaraciones de Isabel Díaz Ayuso sobre un centro de acogida de migrantes en Alcalá de Henares ha terminado abriendo un frente judicial que afecta a la alcaldesa de la localidad, Judith Piquet. En el centro de la investigación se encuentra un documento policial confidencial difundido posteriormente por el número dos de Ayuso en el PP de Madrid y una acusación especialmente delicada: que la información habría sido trasladada para construir una defensa política de la presidenta madrileña.
El episodio se remonta a enero de 2024, cuando Ayuso visitó Alcalá de Henares y cuestionó públicamente la situación generada alrededor del Centro de Emergencia, Acogida y Derivación instalado en el antiguo acuartelamiento Primo de Rivera. Según El País, la presidenta vinculó entonces la presencia de migrantes con distintos incidentes ocurridos en la localidad, entre ellos reyertas y agresiones sexuales que estaban siendo investigadas.
Las declaraciones provocaron una fuerte reacción política. El Gobierno de España acusó a Ayuso de lanzar un mensaje racista, mientras el PP de Madrid cerró filas en torno a su presidenta. En ese contexto se sitúa la reunión que, según el relato del entonces jefe de la Policía Local, Rubén Jiménez, habría mantenido Judith Piquet con responsables municipales.
La pieza central del caso es el informe policial identificado como 19966/2023. El documento recogía información sobre una denuncia por una presunta agresión sexual y, según la investigación, tenía carácter confidencial. Al día siguiente de la reunión atribuida a Piquet, Alfonso Serrano, secretario general del PP de Madrid y hombre de máxima confianza política de Ayuso, publicó en X una imagen del documento.
La pregunta que intenta responder ahora la Justicia es cómo llegó ese informe hasta el dirigente popular. La acusación del antiguo jefe policial apunta directamente al Ayuntamiento de Alcalá de Henares y sostiene que la documentación pudo salir de allí con el objetivo de respaldar a la presidenta madrileña en plena controversia política.
Una frase que se ha convertido en el eje del caso
Según el informe elaborado por Jiménez y remitido a la Fiscalía, Piquet habría fotografiado el documento después de solicitar información sobre los incidentes investigados. El antiguo responsable policial sostiene que la alcaldesa habría mostrado posteriormente la imagen a su director de comunicación, Raúl Castillo.
Es en ese momento cuando aparece la frase que ha dado una dimensión política al procedimiento: “hay que salvar a la presidenta”, seguida, según el relato del policía, de “hay que salvar a la jefa como sea” y de la indicación de trasladar la información a Madrid.
La relevancia de esas palabras no procede únicamente de su contenido. El contexto convierte aquella supuesta conversación en una pieza potencialmente significativa para determinar si la difusión posterior del documento fue una actuación aislada o formó parte de una respuesta coordinada ante la crisis política provocada por las declaraciones de Ayuso.
Pero existe una versión radicalmente distinta. El PP niega que Piquet pronunciara esas frases y sostiene que el relato procede de un antiguo responsable policial enfrentado con el Ayuntamiento después de su cese. Dos concejales que, según las informaciones del caso, estuvieron presentes en aquella reunión también negaron durante la instrucción que la alcaldesa fotografiara el informe. La contradicción entre ambas versiones es precisamente uno de los elementos que mantienen abierto el conflicto judicial.
Del debate sobre migración a una investigación por revelación de secretos
La polémica inicial tenía como escenario el debate sobre la gestión de la llegada de personas migrantes a Alcalá de Henares. Ayuso había utilizado determinados incidentes para cuestionar la situación alrededor del centro de acogida, mientras sus adversarios políticos consideraron que sus declaraciones establecían una asociación injustificada entre migración y delincuencia.
La publicación del informe policial modificó la naturaleza del enfrentamiento. Ya no se trataba únicamente de una disputa sobre las declaraciones de la presidenta madrileña, sino sobre el posible uso de información reservada para reforzar públicamente una posición política.
Javier Rodríguez Palacios, entonces líder del PSOE de Alcalá, denunció la posible existencia de un delito después de que Serrano difundiera el documento en redes sociales. Desde entonces, la investigación judicial ha tratado de determinar quién tuvo acceso al informe, quién pudo fotografiarlo y cómo terminó en manos del dirigente del PP.
La defensa de Piquet mantiene que no existen pruebas que permitan atribuirle la filtración. Frente a ello, la Fiscalía ha solicitado más de dos años de inhabilitación para la alcaldesa y para Raúl Castillo, además de una multa, al considerar que existen indicios de un delito de descubrimiento y revelación de secretos.
El papel de Alfonso Serrano añade otra incógnita
La actuación de Serrano es uno de los elementos que han adquirido mayor importancia en la investigación. El dirigente popular difundió el documento al día siguiente de la reunión que, según Jiménez, habría provocado la supuesta maniobra para defender a Ayuso.
Serrano declaró posteriormente ante el juzgado, según personas conocedoras de la investigación, que el archivo no se lo había proporcionado ningún responsable del Ayuntamiento. Su explicación fue que había recibido la información por correo electrónico desde una dirección que desconocía y que posteriormente había eliminado ese mensaje.
Esa explicación ha abierto otra línea de investigación. El PSOE ha pedido que se reclamen los correos electrónicos de distintas cuentas utilizadas por Serrano, con el objetivo de intentar localizar el origen del documento y determinar si existió alguna comunicación previa a su publicación.
La cuestión es especialmente relevante porque el origen del archivo constituye una de las incógnitas fundamentales del procedimiento. Si la versión del antiguo jefe policial no pudiera acreditarse, quedaría por explicar de dónde procedía exactamente el documento que acabó difundido en redes sociales.
Una disputa política convertida en un problema judicial
El caso refleja cómo una controversia política puede adquirir una dimensión completamente distinta cuando entra en juego documentación policial reservada. Lo que comenzó como una discusión sobre las declaraciones de Ayuso en Alcalá de Henares acabó derivando en una investigación sobre la posible utilización de información confidencial.
La situación también ha deteriorado la relación entre los responsables políticos y el antiguo jefe de la Policía Local. Jiménez sostiene que, después de denunciar internamente la supuesta filtración, comenzó a desconfiar de sus interlocutores y llegó a conservar grabaciones y documentación de determinadas conversaciones para entregarlas posteriormente a la Fiscalía.
Su versión incluye además otra acusación especialmente grave: que, después de advertir de las posibles consecuencias de una denuncia, Piquet habría planteado atribuir la filtración a un periodista que supuestamente habría fotografiado el documento durante una Junta Local de Seguridad. La alcaldesa, según el relato del policía, habría reaccionado después con una advertencia sobre los problemas que podría tener.
Nada de ello equivale a una condena ni determina por sí mismo la responsabilidad de los implicados. La causa continúa abierta y las versiones de las partes son incompatibles.
La incógnita que queda abierta
La investigación tiene ahora un objetivo esencial: reconstruir la cadena que llevó un documento policial reservado desde los responsables que podían consultarlo hasta una publicación política en X.
Para la acusación, el contenido de las conversaciones atribuidas a Piquet y la coincidencia temporal entre la reunión y la difusión del informe apuntan a una posible estrategia destinada a proporcionar argumentos a Ayuso durante la polémica.
La defensa sostiene, por el contrario, que no existe una prueba material que conecte a la alcaldesa con la filtración y atribuye las acusaciones a un antiguo jefe policial resentido por su salida del cargo.
El desenlace dependerá de qué versión pueda sostenerse con pruebas. Mientras tanto, el episodio deja una pregunta que trasciende la disputa entre el PP y sus adversarios: quién decidió que un documento policial confidencial podía convertirse en una pieza de una batalla política y cómo terminó llegando hasta la dirección del partido en Madrid. @mundiario
