Junts ha decidido convertir la votación de los decretos de vivienda en una nueva prueba de fuerza con el Gobierno. Los siete diputados de la formación catalana votarán este viernes en contra de los dos reales decretos impulsados por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, una decisión que aboca a ambos textos al fracaso parlamentario a menos de que ocurra un cambio de última hora. La posición fue acordada por unanimidad por la Ejecutiva de Junts después de varios días de deliberaciones internas.
La decisión afecta especialmente al primer decreto, el más transversal de los dos y aquel cuya convalidación dependía del respaldo de la formación de Carles Puigdemont. El texto incorpora medidas como la suspensión temporal de determinados desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional, restricciones a determinadas operaciones de los fondos buitre, regulación de los alquileres de temporada y habitaciones, incentivos fiscales y medidas para ampliar la oferta de vivienda asequible.
El segundo decreto, impulsado por Sumar, establece la prórroga automática de los contratos de alquiler. Su recorrido parlamentario era todavía más complicado porque el PNV y Coalición Canaria ya habían anunciado su rechazo, de modo que el voto de Junts se suma al de PP, Vox y UPN para impedir su convalidación.
Los posconvergentes sostienen que su rechazo no equivale a desentenderse de la crisis de la vivienda. Su argumento es que las medidas aprobadas por el Gobierno pueden producir, a su juicio, el efecto contrario al perseguido al reducir la oferta de alquiler, elevar los precios y dificultar el acceso a una vivienda, además de no actuar con suficiente contundencia sobre los fondos de inversión que la formación considera responsables de parte de las tensiones del mercado.
La formación exige por ello una condición previa para volver a negociar, que el Gobierno retirara los dos textos que este viernes llegan al Pleno extraordinario. El escenario ideal para los independentistas catalanes sería que el Ejecutivo vuelva a elaborar una nueva norma que pueda reunir un consenso transversal en la Cámara Baja. Junts pretende así desplazar el debate desde la disyuntiva planteada por el Gobierno —apoyar o rechazar sus decretos— hacia una nueva negociación sobre el contenido de las medidas.
El movimiento se produce además en un contexto de fuerte presión social por la vivienda. Las protestas surgidas después del desahucio de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años, han situado el problema del alquiler y de los desahucios en el centro de la agenda política, con movilizaciones del Sindicato de Inquilinas de Madrid y una acampada en la Puerta del Sol. El Gobierno había presentado los decretos como una respuesta inmediata a esa presión y como una defensa del derecho a la vivienda.
📺 TV en DIRECTO | Patxi López: "Hoy lo que vamos a ver es quién está con los derechos y quién con las derechas. Junts se situará en una de las dos partes. Si quieren situarse con los especuladores y los fondos buitre, ellos sabrán lo que hacen" https://t.co/qCpTQwCUnP https://t.co/mXCeEOIp17
— EL PAÍS (@el_pais) October 2, 2026
Junts pone su propio texto sobre la mesa
En paralelo a su rechazo, Junts ha anunciado una maniobra para demostrar que mantiene abierta la vía de la negociación. El grupo parlamentario entregará al Gobierno una propuesta de real decreto ley propia, ya preparada, que pretende utilizar como “punto de partida” para elaborar un nuevo texto. La formación la presenta como una iniciativa “amplia y técnicamente solvente”, centrada especialmente en actuar contra los fondos buitre y en proteger al conjunto de las familias.
El planteamiento tiene una doble finalidad política. Por un lado, Junts quiere dejar claro que su voto negativo no supone, según su propia interpretación, rechazar la actuación sobre la crisis de vivienda. Pero los posconvergentes buscan obligar al PSOE a regresar a la mesa de negociación si quiere recuperar sus siete votos para una nueva iniciativa.
La propuesta catalana llega, sin embargo, con una exigencia que dificulta un acuerdo, porque primero deben retirarse los decretos que se someten a votación. Junts considera que su mantenimiento puede generar efectos que califica de “negativos e irreversibles” sobre el mercado de la vivienda y reclama que el Gobierno parta de cero con un nuevo texto.
Sánchez mantiene el pulso a Junts
La respuesta de Moncloa ha sido mantener la votación. El Gobierno rechazó la petición de Junts y defendió que los decretos son el resultado de meses de trabajo y de negociaciones para incorporar las posiciones de diferentes grupos parlamentarios. La secretaria de Estado de Vivienda, Leire Iglesias, sostuvo que retirar el decreto supondría “retirar derechos” que ya están publicados en el BOE.
Sánchez también ha optado por confrontar políticamente la decisión. El presidente ha defendido que su Gobierno “no va a dar un paso atrás” en su política de vivienda y ha presentado los decretos como instrumentos para combatir la especulación, facilitar el acceso a la primera vivienda, impulsar los alquileres asequibles y proteger a las personas vulnerables frente a los desahucios.
La votación deja así dos estrategias enfrentadas. Los posconvergentes pretenden utilizar sus siete escaños para forzar la retirada de los textos y abrir una negociación desde una propuesta alternativa. El Gobierno, por el contrario, ha decidido llevar los decretos al Congreso y convertir el voto de PP, Vox y Junts en una posición antagónica a las medidas de vivienda. @mundiario
