La posible derrota del Gobierno en el Congreso por los decretos de vivienda ha abierto una discusión que hasta hace apenas unos días parecía prematura, aunque muy esperada, sobre si Pedro Sánchez debería disolver las Cortes y convocar elecciones generales. Dirigentes del PSOE y miembros del Ejecutivo por medios como El País, elDiario.es y El Español consideraban en horas de la mañana que, si Junts mantiene su rechazo a los dos textos y ambos son tumbados, continuar la legislatura podría resultar políticamente muy difícil.
Algunas de esas voces creen además que el conflicto de la vivienda y la movilización social desencadenada tras el desahucio de Maricarmen Abascal ofrecen al espacio progresista un escenario para acudir a las urnas con un asunto que ha recuperado protagonismo en la agenda pública.
La hipótesis ha cobrado fuerza después de que la dirección del independentismo catalán confirmara que votará en contra de los dos decretos si el Gobierno no los retira. Moncloa ha rechazado hacerlo y ha decidido llevar las normas al pleno, pese a que el rechazo de Junts, sumado al de PP, Vox y otras formaciones, compromete seriamente su convalidación. El Ejecutivo ha optado por convertir la votación en una confrontación política sobre la vivienda y ha reclamado a los grupos que hagan explícita su posición.
Fuentes del Gobierno citadas por varios medios nacionales sitúan como “muy probable” el escenario de unas elecciones anticipadas si los dos decretos caen. La alternativa sería intentar prolongar la legislatura hasta 2027, reformular las medidas de vivienda y volver a buscar acuerdos parlamentarios con Junts y otros grupos.
Según El País, que cita al ministro Pablo Bustinduy, las formaciones que integran Sumar se reunirán este domingo “para analizar el escenario” de un posible adelanto electoral. “En cualquier escenario nuestra prioridad es una y está clarísima: el derecho a la vivienda”, afirmó el dirigente sobre la prioridad de Movimiento Sumar (MS), Izquierda Unida (IU), Más Madrid y los Comuns. que ahora concurrirían bajo el paraguas del Frente Amplio, sin candidato claro. “Las próximas elecciones serán un referéndum sobre la vivienda”, subrayó.
El adelanto electoral entra en la conversación
Entre los dirigentes socialistas que defienden el adelanto se extiende la idea de que una derrota sobre un paquete legislativo presentado por el Ejecutivo como respuesta a la emergencia habitacional modificaría el escenario político. En su lectura, el PSOE podría plantear la campaña alrededor del conflicto de la vivienda, el rechazo de la oposición y Junts a las medidas y las movilizaciones que se han extendido por distintas ciudades.
La acampada de la Puerta del Sol se ha convertido en el principal símbolo de esa movilización. La protesta surgió después del desahucio de Maricarmen, de 87 años, y ha evolucionado hacia una reivindicación más amplia sobre el acceso a la vivienda. El Gobierno ha presentado los decretos como una respuesta a ese problema, mientras los populares y los posconvergentes cuestionan que las medidas vayan a aumentar la oferta y sostienen que pueden producir efectos contraproducentes.
En ese contexto, algunos dirigentes territoriales del PSOE consideran que unas elecciones permitirían trasladar al electorado si las fuerzas que se oponen a los decretos están rechazando también las medidas destinadas a proteger a los hogares vulnerables. No obstante, se trata de una estrategia defendida por sectores del partido, no de una posición formal adoptada por el PSOE.
Sánchez mantiene la puerta abierta
En Sumar, mientras tanto, existe división sobre la conveniencia de un adelanto electoral. Algunas voces del espacio progresista consideran que la situación podría desembocar en una convocatoria, pero otras rechazan especular antes de que el Congreso vote. La formación ha concentrado sus esfuerzos en la votación de este viernes. PSOE y Sumar han registrado una petición para que los decretos se voten mediante votación nominal, de modo que quede identificado el sentido del voto de cada diputado. La solicitud requiere el respaldo de al menos dos grupos parlamentarios y pretende aumentar la visibilidad política de una votación que el Ejecutivo considera especialmente relevante.
En el espacio de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, hay dirigentes que interpretan el rechazo de Junts como una oportunidad para confrontar sus posiciones con las de las fuerzas de la derecha, pero también quienes advierten de que el escenario electoral no está decidido. La prioridad inmediata, sostienen, es conocer el resultado del pleno y las consecuencias políticas de la caída de los decretos. “Esa misión le corresponde al presidente del Gobierno. He conversado con él y mi discreción va a ser absoluta sobre esta cuestión”, ha dicho la ministra al ser preguntada por los periodistas por el adelanto electoral.
Sánchez acudirá al Congreso para participar en la votación y tiene previsto intervenir después del pleno. La defensa inicial de las medidas corresponderá a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, y al ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, aunque el presidente puede tomar la palabra durante el debate. Sánchez ha evitado anunciar un adelanto electoral y ha mantenido públicamente el foco en la necesidad de aprobar las medidas. El Gobierno sostiene que los decretos sirven para frenar la especulación, fomentar alquileres asequibles, facilitar el acceso a la primera vivienda y proteger a personas vulnerables frente a determinados desahucios.
La decisión de mantener los textos pese al rechazo de Junts responde también a una estrategia parlamentaria: el Ejecutivo quiere que el Congreso vote y que cada grupo asuma públicamente su posición. “Ha llegado la hora” de que PP, Vox y Junts se retraten, han trasladado fuentes gubernamentales, en una apelación que busca convertir el pleno en un juicio político sobre las alternativas a las medidas del Gobierno. “Quedan unas horas para la votación. Espero que cambien de opinión, se vayan a la abstención y permitan la tramitación del decreto como proyecto de ley urgente”, ha dicho la ministra Rodríguez en las dependencias del Congreso este viernes.
“A esa hora va a llegar la hora de la verdad para todos los diputados que tendrán que decirle al pueblo español y catalán si están con ellos o con los buitres. Esto es lo que tengo que decirles con la esperanza de que cambien de opinión”, ha pedido la dirigente socialista.
El calendario sitúa las urnas el 29 de noviembre
Si Sánchez optara por disolver las Cortes inmediatamente después de una eventual derrota, el calendario permitiría celebrar las elecciones generales el domingo 29 de noviembre de 2026, según el cómputo de los plazos electorales. La Ley Orgánica del Régimen Electoral General establece en su artículo 42 que, en caso de disolución anticipada, el decreto de convocatoria se publica al día siguiente de su expedición y las elecciones se celebran el día quincuagésimo cuarto posterior a la convocatoria.
El precedente más reciente fue precisamente el adelanto de 2023. El decreto de disolución de las Cortes y convocatoria electoral fue expedido el 29 de mayo y publicado en el BOE el 30 de mayo; las elecciones se celebraron el 23 de julio. De esta manera, si el presidente decidiera disolver las Cortes este sábado 3 de octubre, el calendario apuntaría al 29 de noviembre. La fecha es, por ahora, una posibilidad derivada de los plazos legales y no una convocatoria anunciada.
La aritmética parlamentaria explica la dimensión del problema. Junts ha confirmado su rechazo a los dos textos y reclama al Gobierno que los retire y redacte otros nuevos. La formación catalana ha anunciado además que trasladará al PSOE una propuesta propia como punto de partida para una eventual negociación futura. El Gobierno, sin embargo, ha decidido mantener los decretos en el orden del día. @mundiario
