La tragedia ferroviaria de Urda, en Toledo, entra en una nueva fase marcada por dos cuestiones fundamentales: completar la identificación de las víctimas mortales y establecer cómo recibirán apoyo económico quienes han perdido a sus familiares o sufren las consecuencias físicas y materiales del accidente. El balance provisional continúa en 69 fallecidos, pero las autoridades han conseguido identificar ya a 56 personas. De ellas, 51 identidades han sido comunicadas a sus familiares, según los datos trasladados por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha.
Mientras avanza ese trabajo, el Gobierno prepara un real decreto con ayudas económicas para los afectados. El Consejo de Ministros tiene previsto aprobarlo el martes 3 de noviembre, tomando como referencia el dispositivo extraordinario aplicado tras el accidente ferroviario de Adamuz, ocurrido el pasado 18 de enero. Sin embargo, todavía no se conocen las cantidades definitivas ni todos los requisitos que se exigirán para recibir las prestaciones.
La respuesta económica se convierte así en una parte central de la gestión de la emergencia. De este modo, las familias necesitan conocer qué cantidades pueden percibir, qué seguros intervienen, si deben esperar a que se determine la responsabilidad del siniestro y qué posibilidades existen de reclamar una indemnización adicional. Paralelamente, el Instituto de Medicina Legal de Toledo continúa trabajando para establecer la identidad de las personas fallecidas; para ello, el Centro de Integración de Datos, encargado de coordinar la información relativa a las autopsias y los procedimientos de identificación, cuenta con más de 60 profesionales y espera completar las actuaciones pendientes en las próximas horas, según la información judicial difundida.
De las 56 víctimas identificadas, 51 familias ya han recibido la comunicación oficial. Los restos de 36 fallecidos se encuentran a disposición de sus allegados, mientras prosiguen los procedimientos necesarios para completar las entregas. Las denuncias por desaparición se han reducido a 13, todas correspondientes a ciudadanos extranjeros, según el balance del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha.
La identificación resulta especialmente compleja cuando el estado de los restos exige recurrir a técnicas forenses y pruebas de ADN. No se trata únicamente de asignar un nombre a cada víctima: es necesario garantizar que la identificación sea concluyente y que la información llegue a los familiares por los canales oficiales.
Mientras las labores de búsqueda de restos biológicos continúan en el lugar del accidente, la Guardia Civil mantiene un dispositivo de vigilancia mediante drones, patrullas a caballo y controles de acceso. Para garantizar la seguridad del perímetro, la zona restringida abarca dos kilómetros de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla en ambos sentidos, quedando la entrada limitada exclusivamente a los servicios de seguridad y al personal judicial autorizado. De momento, el balance de fallecidos permanece provisionalmente en 69; por lo tanto, la investigación deberá determinar si el hallazgo de nuevos restos permite completar la identificación de todas las víctimas y, de este modo, cerrar las actuaciones médico-forenses.
Qué ayudas prepara el Gobierno y cuánto podrían recibir las familias
La evolución de los heridos ofrece algunos datos favorables, aunque todavía hay personas en estado grave. En Castilla-La Mancha permanecen ingresados 31 pacientes, 13 de ellos en unidades de cuidados intensivos. El Hospital de Toledo concentra 18 hospitalizados, siete en la UCI; otros seis están en el centro de Mancha Centro y seis en Ciudad Real, mientras que uno permanece ingresado en Albacete.
Desde que se produjo el accidente, la Sanidad madrileña ha atendido a un total de 122 afectados. De las 110 personas que inicialmente requirieron hospitalización en la región, 79 ya han recibido el alta médica y, en las últimas horas, dos pacientes han podido abandonar las unidades de críticos. No obstante, diez personas continúan ingresadas en la Comunidad de Madrid; tres de ellas permanecen en cuidados intensivos repartidas entre la Fundación Jiménez Díaz, el Hospital 12 de Octubre y el Ramón y Cajal.
La reducción progresiva de los ingresos no significa que la emergencia sanitaria haya terminado. Algunas lesiones pueden requerir intervenciones, rehabilitación prolongada y tratamientos posteriores, con consecuencias laborales y económicas que deberán tenerse en cuenta al calcular las compensaciones.
El Ejecutivo prevé aprobar el martes un real decreto específico para las víctimas del accidente de Urda. La referencia inmediata es el paquete aplicado tras la tragedia ferroviaria de Adamuz, donde se estableció una compensación global de 216.000 euros por fallecido: 72.000 euros de ayuda directa y otros 144.000 euros vinculados a los seguros de responsabilidad civil y obligatorio de viajeros, según las cantidades difundidas entonces.
En aquel caso también se aprobaron indemnizaciones para los heridos, con importes que oscilaron entre 2.400 y más de 84.000 euros en función de la gravedad de las lesiones, planteándose estas ayudas extraordinarias como pagos únicos y exentos de tributación de acuerdo con las condiciones establecidas para dicho accidente. Sin embargo, es importante distinguir entre ese precedente y lo que se aprobará para Urda, ya que las cantidades de Adamuz no se trasladan automáticamente a las víctimas de Toledo; por lo tanto, el Gobierno deberá establecer mediante un nuevo decreto qué prestaciones reconoce, quiénes pueden solicitarlas, cómo se tramitarán y qué pagos podrán adelantarse.
El presidente Pedro Sánchez ya ha anunciado que la Administración General del Estado destinará recursos económicos a los afectados, mientras que el ministro de Transportes, Óscar Puente, presentará un informe sobre el accidente ante el Consejo de Ministros. Posteriormente, a las 17:00 horas, Puente comparecerá ante la Diputación Permanente del Congreso para informar sobre las circunstancias conocidas y las medidas previstas, anunciando además que prepara cambios para reducir la posibilidad de fallos técnicos y recuperar la confianza de los viajeros; asimismo, ha descartado dimitir al sostener que la prioridad actual es esclarecer lo ocurrido y reforzar la seguridad ferroviaria.
¿Se puede cobrar una indemnización aunque no se conozca la causa del accidente?
Sí. Las víctimas y sus familiares no tienen que esperar necesariamente a que concluya la investigación para acceder a determinadas prestaciones. El sistema contempla distintas vías de compensación, que pueden ser compatibles, aunque deben descontarse los pagos que legalmente correspondan para evitar duplicidades.
1. Seguro Obligatorio de Viajeros (SOV). Está vinculado al billete de transporte y ofrece cobertura por fallecimiento, lesiones y asistencia sanitaria. Su característica principal es que opera con independencia de que se haya determinado quién tuvo la culpa del accidente. El baremo aplicable establece cantidades tasadas según el tipo y la gravedad del daño. Entre las cifras facilitadas para este siniestro se ha mencionado una compensación superior a 72.000 euros para los familiares, pero conviene comprobar el importe definitivo y su composición en la normativa y en las condiciones que se apliquen a Urda.
2. Anticipos previstos por la normativa europea. El Reglamento (UE) 2021/782, sobre los derechos y las obligaciones de los viajeros de ferrocarril, contempla pagos a cuenta para atender necesidades económicas inmediatas. En caso de fallecimiento, el anticipo no puede ser inferior a 21.000 euros por viajero y debe abonarse, cuando proceda, dentro de los 15 días siguientes a la identificación de las personas con derecho a recibirlo. Este pago no supone que la compañía reconozca su responsabilidad y se descuenta de la compensación final correspondiente.
3. Reclamación por responsabilidad civil. Es la vía que puede permitir una reparación más amplia de los daños. Puede incluir perjuicios físicos, secuelas, gastos médicos, pérdida de ingresos, daños patrimoniales y perjuicios morales. Para determinar quién debe responder será necesario conocer los resultados de las investigaciones y establecer si existieron responsabilidades de las empresas ferroviarias, del gestor de la infraestructura o de otros intervinientes. La reclamación no queda limitada necesariamente a las cantidades tasadas del seguro obligatorio.
4. Seguros privados. También conviene revisar las pólizas de vida, accidentes y seguros asociados a tarjetas bancarias con las que se compró el billete. Algunas incorporan coberturas por accidentes durante viajes en transporte público. Sus condiciones, límites y exclusiones dependerán de cada contrato.
Mientras se concreta el decreto, resulta conveniente conservar el billete o justificante de viaje, los informes médicos, los documentos de identificación, los justificantes de gastos y cualquier comunicación de las aseguradoras o empresas ferroviarias. En caso de fallecimiento, los familiares deberán acreditar su condición de beneficiarios o derechohabientes mediante la documentación que corresponda.
Para los heridos, es importante guardar los informes de urgencias, hospitalización, intervenciones, rehabilitación y evolución de las secuelas. Si existen pérdidas de ingresos o gastos derivados de la atención médica y los desplazamientos, también deben conservarse los justificantes.
La intervención de un abogado especializado en responsabilidad civil y accidentes ferroviarios puede ayudar a identificar las vías de reclamación, comprobar los plazos y evitar que la aceptación de un anticipo se confunda con la renuncia a otros derechos. Antes de firmar un acuerdo definitivo con una aseguradora, conviene conocer qué conceptos incluye y si supone cerrar futuras reclamaciones.
La aprobación del real decreto será, por tanto, un paso importante para que las familias dispongan de recursos sin tener que esperar al final de un procedimiento judicial o técnico que puede prolongarse. Pero las ayudas extraordinarias, los anticipos de los seguros y una eventual indemnización por responsabilidad civil son figuras diferentes. Conocer esa distinción será esencial para que cada afectado pueda reclamar todas las prestaciones que legalmente le correspondan. @mundiario
