Un juez de Control vinculó a proceso penal a Alan Eli “N” por su probable responsabilidad en los delitos de fraude específico maquinado y delitos contra la seguridad y el orden en el desarrollo urbano
La Fiscalía General del Estado de Querétaro informó que obtuvo vinculación a proceso penal contra Alan Eli “N” por los delitos de fraude específico maquinado y delitos contra la seguridad y el orden en el desarrollo urbano, derivado de una investigación relacionada con la comercialización de terrenos en el municipio de El Marqués.
De acuerdo con la investigación, el imputado, en su carácter de presidente de una inmobiliaria, habría promovido la venta de lotes ubicados en el Ejido La Machorra, mediante publicaciones en redes sociales y la intervención de diversos asesores de ventas.
Durante la comercialización, se ofrecían los terrenos bajo el argumento de que la empresa era propietaria de la parcela y contaba con las licencias y autorizaciones municipales para desarrollar un fraccionamiento.
Sin embargo, los actos de investigación permitieron establecer que las operaciones se realizaban sin contar con permisos municipales.
Para llevar a cabo estas actividades, la empresa utilizaba distintos espacios destinados a la promoción y venta de terrenos, entre ellos oficinas ubicadas en la colonia Centro Sur y un punto de atención comercial en la localidad de El Rosario.
De acuerdo con los datos de prueba, Alan Eli “N”, junto con otras personas relacionadas con la empresa, habría intervenido en la promoción de los lotes, la formalización de contratos y la recepción de pagos efectuados por compradores.
El 29 de septiembre pasado, personal ministerial ejecutó dos órdenes de cateo en inmuebles ubicados en Centro Sur y Zibatá, donde fueron asegurados diversos indicios relacionados con la investigación, que contribuyeron a sustentar la obtención de una orden de aprehensión en contra del imputado.
En audiencia inicial, la Fiscalía General del Estado de Querétaro formuló imputación por hechos relacionados con la afectación patrimonial de varias personas. La autoridad judicial impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada y estableció un plazo de tres meses para la investigación complementaria.
