La Justicia catalana ha decretado prisión provisional, comunicada y sin fianza para un joven de 18 años acusado de ser uno de los presuntos organizadores de los disturbios impulsados por Blocus en Barcelona. El detenido habría participado en la coordinación de acciones violentas a través de las redes sociales, según los indicios apreciados por el Juzgado de Instrucción número 14 de la capital catalana.
Los altercados del pasado 24 de octubre dejaron 133 detenidos y más de 500 personas identificadas. Durante aquella jornada, grupos de encapuchados provocaron incendios, levantaron barricadas y saquearon comercios del centro de Barcelona, especialmente en los alrededores de la plaza de Catalunya.
Las redes sociales, bajo el foco de la investigación
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña considera que existen indicios de conspiración para cometer desórdenes públicos y de posible pertenencia a un grupo criminal. La investigación examina la utilización de plataformas digitales para organizar las convocatorias y coordinar las acciones. La decisión de prisión provisional no supone una condena y el joven mantiene su presunción de inocencia.
La causa también afecta a otros jóvenes. Un menor detenido en Sant Sadurní d'Anoia ha sido internado en régimen cerrado por su presunta vinculación con Blocus, mientras las autoridades continúan investigando la estructura del grupo y su capacidad de movilización.
Ante las nuevas convocatorias previstas durante el puente de Todos los Santos, los Mossos d'Esquadra desplegaron un dispositivo especial de seguridad. Numerosos establecimientos protegieron sus escaparates con estructuras de madera y metal por temor a que se repitieran los saqueos. La actuación policial del 31 de octubre permitió evitar nuevos disturbios de la magnitud de los registrados una semana antes.
Más allá de las detenciones, los acontecimientos abren un debate sobre la facilidad con la que determinadas convocatorias digitales pueden trasladarse a las calles y desembocar en episodios violentos. También plantean la necesidad de distinguir entre el derecho legítimo a manifestarse y las conductas delictivas, sin convertir la protesta juvenil en sinónimo de vandalismo.
El caso Blocus evidencia un desafío para las instituciones: prevenir la violencia organizada en internet sin restringir injustificadamente las libertades ciudadanas. La respuesta judicial será importante, pero también resultará necesario comprender los mecanismos de movilización y las circunstancias sociales que favorecen la participación de jóvenes, incluidos menores, en estos episodios. @mundiario
