Según el Diccionario de la Lengua Española, la palabra escándalo tiene varias acepciones: Alboroto, tumulto, ruido; Hecho o dicho considerados inmorales o condenables y que causan indignación y gran impacto públicos; Desenfreno, desvergüenza, mal ejemplo; Asombro, pasmo, admiración; Acción o palabra que es causa de que alguien obre mal o piense mal de otra persona.
Estas ideas, todas, encajan perfectamente en lo que ha sucedido en el Instituto Nacional Electoral (INE), en donde su presidenta Guadalupe Taddei Zavala, muy a su pesar, tuvo que renunciar ante las graves acusaciones e investigaciones, tanto de medios de comunicación como de la propia Auditoría Superior de la Federación (ASF), por presuntos actos de corrupción y desvío de recursos públicos.
La crisis que esto ha generado es histórica. Lo preocupante es que se haya registrado, además, en medio de un complejo proceso electoral (¿O habrá sido esa la intención?); el caso es que el escándalo es mayúsculo.
El filósofo y jurista Norberto Bobbio, en “La democracia y el poder invisible”, expone que en esta forma de gobierno en donde nada puede permanecer “confinado en el espacio del misterio”, el escándalo público nace cuando se hace del conocimiento de todos un acto o una serie de actos que se habían mantenido secretos o escondidos, “pues no se podían hacer públicos, porque si se hubiere hecho así, no habrían podido ser cometidos”.
Enseguida reflexiona sobre la corrupción pública: “¿Qué funcionario público podría declarar en público, en el momento en que toma posesión de su cargo, que se apropiará de dinero público (peculado), o de dinero no perteneciente a la Administración pública, pero que puede disponer del mismo por razones de su cargo (malversación), o bien que obligará a algunos a darle dinero abusando de su condición o de sus funciones (concusión), o se servirá de su cargo para procurarse ventajas personales (interés privado en el ejercicio de un cargo)?”.
Para luego acotar: “Es evidente que semejantes declaraciones harían imposible la acción declarada, porque ninguna Administración pública confiaría un cargo a quien la hiciese. Esta es la razón por la que semejantes acciones deben ser desarrolladas en secreto, acciones que, una vez hechas públicas, suscitan esa turbación de la opinión pública que se llama precisamente ‘escándalo’. Solo el tirano platónico puede cometer públicamente incluso esos actos inmundos que el ciudadano privado lleva a cabo a escondidas, o bien, si los ha reprimido, les da rienda suelta únicamente en el sueño, como violar a la propia madre. El criterio de la publicidad para distinguir lo justo de lo injusto, lo lícito de lo ilícito, no vale para quien, como en el tirano, coinciden lo público y lo privado, por cuanto que los asuntos de Estado son sus asuntos personales, y a la inversa”.
La democracia exige, pues, que las y los ciudadanos observemos las decisiones que toma el poder para poder evaluarlas. Paradójicamente, la máxima autoridad electoral del Estado mexicano -responsable de garantizar el ejercicio de los derechos político-electorales de la ciudadanía y cuya actuación debe apegarse por mandato constitucional a los principios de legalidad, certeza, imparcialidad, objetividad, independencia y máxima publicidad- actuó a espaldas del pueblo y en secreto para ocultar la asignación de contratos millonarios de material electoral con base en favoritismos obscenos y redes de interés personales con proveedores.
Fueron las investigaciones por parte de periodistas y las filtraciones de videos (¿Con qué intención?, es otra historia que no puede quedar en la oscuridad) las que desnudaron lo que había sido confinado “al espacio del misterio” de manera injusta e ilícita.
Y de ello estaban enterados personajes importantes de Morena como el diputado federal Ricardo Monreal -¡nada más ni nada menos que el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y coordinador del Grupo Parlamentario de Morena!- quien, hasta estallado el escándalo, admitió públicamente que se había enterado hacía “dos o tres meses” de que el Órgano Interno de Control del INE investigaba, desde seis meses antes, presuntas irregularidades y conflictos de interés ligados a Guadalupe Taddei.
¿Cuántos morenistas lo sabían?, ¿la presidenta Claudia Sheinbaum estaba enterada? ¡Seguramente!, y sin embargo, fue “ante los hechos divulgados” que la ASF salió a confirmar que había “indicios suficientes” para indagar.
Lo más grave de todo esto, aunque la presidenta pretenda exonerar a su partido, es que el propio López Obrador defendió y elogió la trayectoria de Taddei tras haber sido electa en la tómbola; y que uno de los tres poderes del Estado, el Legislativo con la sobrerrepresentación de Morena y aliados, fue quien le otorgó a la señora “superpoderes unipersonales”, lo que rompió con los contrapesos del Consejo General del INE.
Ojalá que este escándalo tan doloroso para las y los mexicanos, porque demuestra un desprecio por el bien común, logre sacudirnos a tal grado que nos mueva no solo al repudio, sino a acciones concretas.
¡Si lo sucedido en el INE pasa a la historia como la anécdota de una manzana podrida más, significaría que tenemos el gobierno que merecemos!
