La Comisión Nacional Antimonopolio ha indicado su interés por analizar los mercados laborales, particularmente en lo referente a las cláusulas que impiden la libre movilidad de los trabajadores. De esta manera, la autoridad mexicana se suma a la tendencia en otras jurisdicciones, particularmente los EUA y Europa. Sin embargo, este enfoque, aunque útil, puede ser insuficiente, pues el contexto de la economía mexicana dista de ser similar al de esos países.
La política de competencia fue diseñada en los años noventa en un contexto que requería la adaptación de las instituciones económicas al ámbito de los tratados comerciales y la incorporación de México a la OCDE. Aunque en su momento la ley mexicana adoptó conceptos y procedimientos estándar a nivel internacional, su diseño no contempló la dualidad de nuestra economía, en la que las actividades informales tienen una presencia extendida. Los datos oficiales más recientes, indican que 25.4% del PIB y 54.6% del empleo están relacionados con actividades informales.
La informalidad está vinculada con la fragmentación de los mercados. Las pequeñas unidades productivas enfrentan dificultades para crecer; operan en entornos de baja productividad y de baja formalización; evaden la regulación; tienen dificultades para acceder al crédito formal; tienen una baja adopción tecnológica y carecen de capacidad gerencial. La generación de empleos formales, bien remunerados y que ofrezcan al trabajador perspectivas favorables de desarrollo profesional es escasa en estos entornos.
Aghion ha estudiado la operación del mecanismo Schumpeteriano de la destrucción creativa, según el cual el desarrollo económico requiere de empresas productivas que desplacen a las improductivas, lo que permitiría una asignación eficiente de recursos. Sin embargo, la prevalencia de estructuras informales distorsiona la competencia y permite la existencia de mercados con muchos oferentes, que pueden parecer “competidos” pero que no funcionan de manera eficiente.
Aghion postula la existencia de una curva en forma de U invertida, según la cual demasiada presión competitiva podría desalentar la inversión en empresas rezagadas o sin capacidades productivas. En un entorno de informalidad, la fragmentación de los mercados es una señal de falla, no de dinamismo competitivo. Las pequeñas empresas, impregnadas de informalidad, compiten intensamente, pero no escalan, no invierten, no innovan y no generan una destrucción creativa en términos Schumpeterianos.
Este fenómeno ya fue advertido y analizado a profundidad por Santiago Levy, que ha postulado que México no solo tiene un problema de falta de competencia, sino también de mala asignación competitiva, porque en muchos mercados los recursos no sos asignados a quienes producen, innovan y pueden escalar. El marco institucional, particularmente la política de apoyos, ha agudizado el problema, al incentivar las actividades informales y castigar a quienes cumplen con sus obligaciones legales.
El problema es bastante complejo y su solución está fuera del alcance de la política de competencia, pues requiere el diseño de un marco legal e institucional que modifique los incentivos de los agentes económicos. Sin embargo, la política de competencia puede contribuir a atenuar los efectos de esta situación, mediante la implementación de criterios que favorezcan el crecimiento de los pequeños productores mediante la colaboración y coordinación, como acontece en las economías de nuestros principales socios comerciales, que históricamente han implementado políticas para asegurar la alimentación, la productividad agrícola, un ingreso razonable a los productores y la estabilidad de los mercados.
En México se requiere verificar las condiciones competitivas de los mercados laborales formales, pero también es necesario estimular la transformación de los mercados fragmentados e informales. Para ello, es importante facilitar la colaboración entre pequeños productores. La aplicación de criterios de ilegalidad rígidos impedirá el crecimiento de las pequeñas unidades productivas, en beneficio de los grandes corporativos y en detrimento de las posibilidades de acceso de un segmento importante de la población a plazas laborales formales y bien remuneradas.
*Especialista en competencia económica y regulación. Socio Director de Ockham Economic Consulting.