La frontera sur de México se ha convertido en una jaula para la niñez migrante. Chiapas no es un paso seguro hacia Estados Unidos, sino el epicentro de una crisis humanitaria: lidera las deportaciones de niños, niñas y adolescentes (NNA) en el país, mientras el crimen organizado aprovecha su vulnerabilidad para reclutarlos.
En 2022, México retornó a 17 mil 711 NNA: uno de cada cuatro migrantes detenidos era menor de edad. Chiapas concentró 21.1 por ciento de los casos infantiles, el primer lugar nacional. La Red por los Derechos de las Infancias y Adolescencias en Chiapas (Redias) documentó 15 mil 374 detenciones de menores sólo en esa entidad, provenientes de 45 países.
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El perfil es desolador: 59.8 por ciento eran niños de 0 a 11 años, quienes viajaban con un adulto. Pero el grupo más alarmante es el de adolescentes no acompañados (20.6 por ciento). No huyen por pobreza, sino para salvar su vida.
Pandillas como MS-13 y Barrio 18, los reclutan por la fuerza o asesinan a sus familias. Al llegar a Chiapas, se topan con un Estado ausente y cárteles como el de Sinaloa y el Jalisco Nueva Generación, que controlan el territorio.
Una sentencia
Fabiola Díaz, de la Fundación Chiapaneca de Mujeres Migrantes, alerta: 40 por ciento de esos jóvenes terminan uniéndose a pandillas. No es elección: es una sentencia.
La Unicef advirtió que los protocolos migratorios se convierten en “una tragedia para la niñez”.
La violencia institucional persiste. El 1 de abril de 2025, la Guardia Nacional reprimió una caravana en Viva México que dejó siete menores heridos. En Frontera Comalapa, 18 niños no acompañados fueron detenidos cuando buscaban reunirse con sus familias en EU.
En 2022, los migrantes pagaron más de 10 mil dólares en promedio a traficantes, un negocio de 27 mil millones de dólares anuales. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y la Organización Internacional para las Migraciones investigan en Tapachula, pero activistas temen que sea tarde.
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Primer lugar en deportaciones
Chiapas no es sólo el primer lugar en deportación infantil: es símbolo de un fracaso estatal. Mientras el crimen organizado sigue con el reclutamiento de adolescentes en Tapachula, la pregunta no es si México podrá detener el flujo migratorio, sino cuántos niños más tendrán que ser deportados, reclutados o heridos antes de que el Estado actúe.
Durante la administración de Claudia Sheinbaum, la atención a menores migrantes no acompañados se gestiona a través del Instituto de Movilidad Humana, el cual sustituye las funciones de control del antiguo Instituto Nacional de Migración. Lo que prioriza su alojamiento en centros de asistencia social, pero no hay cifras de menores apoyados.