• Laura Ballesteros exige transparencia sobre las 5 mil firmas contra la Ley de Identidad de Género.
• El Ejecutivo estatal devolvió por segunda vez la legislación al Congreso local.
Laura Ballesteros Mancilla, coordinadora estatal de Movimiento Ciudadano, pidió al Ejecutivo estatal esclarecer el proceso en torno a la Ley de Identidad de Género. / Foto: Especial
Laura Ballesteros solicitó al Gobierno de Querétaro transparentar la recolección de firmas que derivó en la devolución de la Ley de Identidad de Género
La diputada federal y coordinadora estatal de Movimiento Ciudadano (MC) en Querétaro, Laura Ballesteros Mancilla, hizo un llamado al Gobierno del Estado para que informe con claridad y transparencia sobre la recolección de aproximadamente cinco mil firmas que habrían sido promovidas por integrantes de un grupo religioso para manifestarse en contra de la Ley de Identidad de Género.
La legisladora señaló que, tras la presentación de estas firmas, el Poder Ejecutivo devolvió por segunda ocasión la legislación al Congreso del Estado, situación que consideró necesario esclarecer ante la ciudadanía.
Ballesteros Mancilla sostuvo que corresponde al Gobierno del Estado explicar quiénes promovieron esta recolección de firmas, cuáles fueron los argumentos presentados y qué relación tuvieron con la decisión de devolver la legislación al Poder Legislativo.
Asimismo, destacó que Querétaro cuenta con un Congreso integrado por representantes electos democráticamente, cuya responsabilidad es legislar para toda la ciudadanía, respetando la pluralidad de opiniones y garantizando los derechos humanos.
MC Querétaro reiteró que el reconocimiento de los derechos de las personas de la diversidad sexual debe abordarse desde el respeto, la igualdad y la no discriminación y que las creencias religiosas merecen respeto, pero las decisiones del Estado deben responder a los principios constitucionales, la laicidad y la protección de los derechos de todas las personas.
Finalmente, Movimiento Ciudadano hizo un llamado a las autoridades estatales y legislativas para garantizar un proceso transparente, abierto al diálogo y respetuoso de los derechos humanos, en el que ninguna persona sea excluida por su identidad de género.
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