La Administración de Donald Trump ha llevado hasta el Tribunal Supremo una de las disputas electorales más delicadas de la víspera de las elecciones de medio mandato: impedir que California contabilice alrededor de 20.000 votos por correo de personas que el Gobierno federal considera posibles no ciudadanos estadounidenses. La petición de emergencia, presentada por el Departamento de Justicia después de dos resoluciones judiciales desfavorables, introduce una nueva tensión entre Washington y uno de los principales bastiones demócratas del país, precisamente cuando los estadounidenses se preparan para decidir la composición del Congreso.
El conflicto no se limita a determinar si algunas personas inscritas en el censo electoral cumplen los requisitos legales para votar. También plantea una cuestión institucional de mayor alcance: hasta dónde puede llegar el Gobierno federal para intervenir en la administración de unas elecciones cuya organización corresponde fundamentalmente a los estados. Y, sobre todo, qué consecuencias puede tener una actuación de última hora cuando millones de papeletas ya están en circulación o han comenzado a procesarse.
El Departamento de Justicia presentó el lunes una solicitud de emergencia ante el Supremo para que ordene a California separar las papeletas atribuidas a los aproximadamente 20.000 votantes cuestionados y evitar que sean contabilizadas hasta verificar individualmente su ciudadanía. La Administración sostiene que permitir su mezcla con el resto de los votos haría imposible recuperarlos posteriormente si se demostrara que fueron emitidos por personas sin derecho a participar en elecciones federales.
El fiscal D. John Sauer defendió que el Gobierno tiene posibilidades de ganar el litigio y que, si no se impide el recuento de votos presuntamente ilegales, se causaría un perjuicio irreparable a la soberanía federal. En su escrito, insistió en que, una vez mezcladas las papeletas, ya no habría forma de identificar y retirar las cuestionadas. Esta petición se presentó después de que el juez federal David O. Carter rechazara, el pasado 28 de octubre, la solicitud inicial del Departamento de Justicia, y de que un panel del Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito confirmara dicha decisión el viernes por dos votos contra uno. La mayoría de este tribunal consideró que aceptar la medida cautelar podría provocar la privación del derecho al voto y poner en peligro el correcto desarrollo de las elecciones en el estado.
La Administración pretende ahora que el Supremo intervenga provisionalmente mientras estudia el fondo de su recurso. La urgencia responde al calendario electoral: las elecciones se celebran este martes y el proceso de votación por correo en California comenzó semanas antes. Según la información aportada por las autoridades estatales, cientos de miles de papeletas ya han sido procesadas, lo que dificulta identificar y apartar ahora las correspondientes a las personas incluidas en la lista federal.
Los 20.000 votantes cuestionados y la respuesta de California
La relación de electores fue elaborada por el Departamento de Seguridad Nacional y remitida a las autoridades californianas y del condado de Los Ángeles. Al respecto, el Gobierno federal sostiene que esas personas aparecen inscritas en el censo pese a que, según sus comprobaciones, probablemente no tienen la ciudadanía estadounidense. Sin embargo, California rechaza esa interpretación; sus autoridades aseguran que el estado ya dispone de mecanismos para impedir que los no ciudadanos voten en elecciones federales y, al mismo tiempo, cuestionan la fiabilidad del procedimiento utilizado por Washington para identificar a los supuestos infractores. Argumentan, además, que la lista puede incluir a ciudadanos naturalizados cuyos datos no se han actualizado correctamente o cuya situación ha sido interpretada de forma errónea.
El problema es especialmente relevante porque la ciudadanía no siempre queda reflejada de manera inmediata y uniforme en las distintas bases de datos administrativas. Una discrepancia documental no demuestra por sí misma que una persona carezca del derecho a votar. Por eso, California considera que apartar automáticamente las papeletas a partir de una lista de sospechosos podría terminar excluyendo a ciudadanos que cumplen todos los requisitos legales.
El juez Carter expresó una preocupación similar. En su resolución sostuvo que nunca antes, según su criterio, el Gobierno federal había intentado presionar a una administración estatal y local para que abandonara sus procedimientos electorales en vísperas de una votación. También cuestionó la calidad de los datos federales y recordó que personas identificadas como posibles no ciudadanas en otros estados habían resultado ser ciudadanos estadounidenses naturalizados.
Su advertencia fue contundente: "Si el Poder Ejecutivo puede desestimar votos y amenazar una elección en curso debido a acusaciones no probadas, entonces nuestra democracia está en peligro". El Noveno Circuito también consideró que conceder la petición podía provocar una privación de derechos y comprometer el proceso electoral del condado afectado. La mayoría destacó que California cuenta con un sistema legal para cancelar inscripciones cuando se acredita que un elector no reúne las condiciones exigidas.
La controversia enfrenta dos principios jurídicos. Por un lado, la legislación federal prohíbe que los no ciudadanos voten en elecciones federales. La ley de 1996 invocada por el Departamento de Justicia establece consecuencias penales para esa conducta. Por otro, la Constitución estadounidense atribuye a los estados una responsabilidad central en la organización y administración de las elecciones, aunque el Congreso y el Gobierno federal disponen de competencias de supervisión.
Mientras Washington sostiene que California está obstaculizando la aplicación de una norma federal y que, en virtud de la cláusula de supremacía constitucional, la legislación nacional debe prevalecer en caso de conflicto con las disposiciones locales, California responde que no está desobedeciendo la ley, sino defendiendo sus propios procedimientos de verificación para evitar que ciudadanos legítimos pierdan su derecho al voto por errores administrativos. En este escenario, nadie discute que los extranjeros sin ciudadanía tienen prohibido votar en elecciones federales; la verdadera cuestión radica en si el Gobierno federal puede exigir que se inmovilicen miles de papeletas antes de demostrar de manera efectiva que sus titulares son personas no habilitadas para sufragar.
Además, la petición llega cuando el margen temporal para corregir posibles irregularidades es mínimo. California tiene unos 23 millones de votantes registrados y todos reciben una papeleta por correo. Separar miles de votos después de iniciado el procesamiento podría obligar a revisar procedimientos, registros y sistemas de recuento en plena jornada electoral.
El contexto político explica la repercusión nacional del litigio. California es el estado más poblado de Estados Unidos, cuenta con 52 escaños en la Cámara de Representantes y constituye uno de los principales territorios electorales del Partido Demócrata. Los republicanos de Trump intentan conservar el control del Congreso, mientras que los demócratas necesitan una ganancia neta de cuatro escaños para recuperar la mayoría en la Cámara.
No significa que los 20.000 votos cuestionados vayan a determinar por sí solos el resultado nacional. Sin embargo, la disputa puede afectar a elecciones locales y federales, además de establecer un precedente sobre la capacidad del Ejecutivo para intervenir en los procedimientos electorales estatales.
Un día antes, un juez federal había desestimado una demanda del Departamento de Justicia relacionada con la certificación de la elección al Senado en Alaska. Washington pretendía impedir que se certificara inmediatamente un resultado ajustado si existía la posibilidad de que la confusión entre dos candidatos con el mismo apellido hubiera influido en la votación. El juez consideró que la investigación solicitada no podía desarrollarse sin comprometer el secreto del voto. La Administración ha recurrido esa decisión.
Ambos episodios reflejan una estrategia más activa del Departamento de Justicia en busca de controversias electorales. La diferencia con la práctica tradicional resulta significativa: históricamente, el departamento ha procurado actuar con cautela para evitar que sus facultades de investigación y persecución penal puedan interpretarse como instrumentos al servicio de una candidatura o de un partido.
El voto de los no ciudadanos y las acusaciones de fraude
Trump ha convertido la supuesta presencia de votantes no ciudadanos en los censos electorales en uno de los argumentos recurrentes de su discurso sobre la seguridad de las elecciones. Sin embargo, las investigaciones disponibles no respaldan la existencia de un fenómeno generalizado.
Una investigación de Reuters publicada en julio identificó 129 casos en los que personas no ciudadanas habían sido acusadas de votar ilegalmente desde la aprobación de la ley federal de 1996. Según ese trabajo, muchos de los casos parecían estar relacionados con confusiones de los votantes o errores administrativos, más que con una operación deliberada de fraude electoral. Estudios independientes y auditorías estatales también han concluido que el voto ilegal de no ciudadanos es poco frecuente.
La Administración defiende que está obligada a hacer cumplir la ley y que sus actuaciones no favorecen a ningún candidato. La portavoz del Departamento de Justicia, Kiersten Pels, ha insistido en que el organismo está aplicando la legislación federal. El fiscal general, Todd Blanche, mantiene igualmente que el objetivo es proteger la integridad electoral.
Los críticos, en cambio, consideran que intervenir antes del recuento y la certificación puede generar incertidumbre, alimentar sospechas sobre el resultado y erosionar la confianza en el proceso. La controversia se agrava por los antecedentes de Trump, que ha difundido afirmaciones falsas sobre un fraude generalizado en las elecciones de 2020, ganadas por Joe Biden y cuyo resultado fue confirmado por los procedimientos institucionales.
La resolución del Tribunal Supremo puede llegar en cualquier momento, aunque no existe un plazo obligatorio para que los magistrados respondan a la solicitud. Si acepta la petición, California podría verse obligada a modificar procedimientos electorales cuando la votación ya está en marcha. Si la rechaza, quedaría reforzada, al menos en este litigio, la posición de los estados frente a las intervenciones federales de última hora.
El desenlace también tendrá implicaciones para futuras elecciones: determinará qué margen tiene el Ejecutivo para cuestionar censos electorales, exigir información y solicitar que se aparten papeletas antes de que exista una verificación individual de los votantes afectados. @mundiario
