Un sismo, un accidente durante el recreo o una emergencia médica pueden obligar a una escuela a localizar urgentemente a los familiares de un estudiante. Pero ¿qué ocurrirá cuando los alumnos ya no puedan utilizar libremente sus teléfonos celulares?
La pregunta cobra importancia ante la entrada en vigor, este martes 3 de noviembre, de las restricciones establecidas por la Secretaría de Educación Pública (SEP) para escuelas públicas y privadas de educación básica en todo México.
La medida busca reducir las distracciones digitales y fortalecer la convivencia escolar. Sin embargo, también plantea un desafío para las familias: garantizar que exista una comunicación rápida y efectiva cuando ocurra una emergencia.
Aunque el acuerdo nacional contempla excepciones para estos casos, no establece un procedimiento detallado para comunicar incidentes a las familias. Esa responsabilidad deberá resolverse mediante los mecanismos existentes y los acuerdos de cada comunidad educativa.
¿Qué dice la SEP sobre las emergencias escolares?
El Acuerdo 09/09/26, publicado el 22 de septiembre en el Diario Oficial de la Federación, establece que los estudiantes de educación inicial, preescolar, primaria y secundaria deberán abstenerse de utilizar celulares y otros dispositivos electrónicos personales durante toda la jornada escolar, incluido el recreo.
Esto no significa que tengan prohibido llevarlos. Pueden conservarlos guardados y utilizarlos en situaciones excepcionales, como emergencias personales, necesidades de salud, discapacidad, accesibilidad, inclusión o actividades pedagógicas previamente programadas.
El punto siete del decálogo de educación básica, denominado Pido ayuda en una emergencia, indica que los alumnos deben acudir a sus profesores cuando necesiten comunicarse con sus familias.
El documento señala expresamente:
“Durante la jornada escolar, si necesito ayuda busco a mis maestras o maestros para que se comuniquen con mi familia”.
También establece que, ante una emergencia, la familia y la escuela utilizarán los medios de comunicación previamente establecidos para localizar al estudiante y atender la situación.
Pero el acuerdo no determina cuáles deberán ser esos medios, quién tendrá la responsabilidad de contactar a las familias ni qué procedimiento seguir cuando las comunicaciones habituales fallen.
Por ello, resulta importante conocer qué canales tiene disponibles cada plantel y cómo los utilizará ante accidentes, sismos o situaciones de violencia.
Las escuelas ya cuentan con lineamientos de seguridad
La ausencia de un protocolo específico en el nuevo acuerdo no significa que México carezca de disposiciones para atender emergencias escolares.
La propia SEP dispone de una Guía para elaborar o actualizar el Programa Escolar de Protección Civil, que contempla la organización de comités, brigadas, simulacros y planes para actuar ante situaciones de riesgo.
El documento también establece que los directorios escolares deben contener los teléfonos de madres, padres o tutores, así como información relevante sobre las necesidades de salud de cada estudiante.
Además, plantea identificar responsables de protección civil, establecer comunicación con los servicios de emergencia y organizar la entrega del alumnado a sus familiares cuando sea necesario.
En la Ciudad de México, la Autoridad Educativa Federal mantiene disposiciones operativas para el ciclo escolar 2026-2027, además de instrumentos específicos de protección civil y actuación ante sismos.
Aguascalientes establece el uso del teléfono fijo
Una referencia concreta se encuentra en Aguascalientes, donde el Instituto de Educación estatal publicó, el 10 de noviembre de 2025, un protocolo para regular los dispositivos digitales en escuelas públicas y privadas.
De acuerdo con el documento difundido en el Periódico Oficial del estado, ante una emergencia se privilegiará el uso del teléfono fijo del plantel para establecer comunicación entre los estudiantes y sus familias.
También contempla que, en casos extraordinarios y justificados, los estudiantes puedan utilizar sus celulares para contactar a sus familiares, con conocimiento del personal escolar y autorización de la autoridad correspondiente.
Esta disposición ofrece un ejemplo de cómo puede definirse un canal de comunicación, aunque su existencia no permite asegurar que todos los planteles cuenten con teléfonos funcionales o personal disponible para atenderlos.
La experiencia también plantea otras preguntas: ¿qué ocurre si falla la línea fija?, ¿existe un número alternativo?, ¿cómo se informa simultáneamente a decenas de familias durante una contingencia?
¿Qué deben preguntar las familias antes del regreso a clases?
La nueva regulación hace conveniente que madres, padres y tutores conozcan los mecanismos de comunicación establecidos por sus escuelas.
Antes del regreso a las aulas, pueden verificar cinco aspectos:
- Teléfono escolar: cuál es el número oficial del plantel y si funciona durante toda la jornada.
- Contacto alternativo: qué medio utilizar cuando la línea principal esté ocupada o fuera de servicio.
- Responsables: quién se encargará de avisar a las familias ante un accidente, una emergencia médica o una situación de violencia.
- Datos de emergencia: si los teléfonos familiares, contactos alternativos y necesidades médicas de los estudiantes están actualizados.
- Evacuación y entrega: dónde se reunirán los alumnos y cómo se verificará la identidad de las personas autorizadas para recogerlos.
En casos de riesgo inmediato, la atención de la emergencia debe tener prioridad sobre los trámites administrativos. Los protocolos escolares deben contemplar la intervención de los servicios de auxilio cuando corresponda.
La SEP también recomienda contar con programas escolares de protección civil, para que estudiantes y docentes sepan cómo actuar ante sismos y otros acontecimientos que puedan ponerlos en peligro.
Una responsabilidad que va más allá del celular
El acuerdo nacional establece que las autoridades educativas estatales tendrán 180 días naturales, a partir de su entrada en vigor, para emitir o armonizar las disposiciones que correspondan.
Mientras se desarrolla ese proceso, cada comunidad escolar deberá adaptar las reglas a sus necesidades y condiciones particulares.
La restricción de celulares no elimina el derecho de los estudiantes a recibir ayuda durante una emergencia. Tampoco sustituye la obligación de las autoridades escolares de proteger su integridad.
Por eso, más allá de decidir dónde guardar los teléfonos, las escuelas y las familias tendrán que asegurarse de que exista una forma efectiva de comunicarse cuando más se necesite.
