El robo de electricidad para operar centros clandestinos de minería de criptomonedas podría castigarse con penas de cinco a 12 años de prisión, además de multas económicas, de acuerdo con una iniciativa presentada ante el Congreso de la Ciudad de México que busca combatir el denominado huachicol eléctrico.
La propuesta, impulsada por el diputado de Morena Alberto Martínez Urincho, plantea modificar el Código Penal Federal para sancionar específicamente a quienes utilicen ilegalmente la energía del Sistema Eléctrico Nacional para alimentar equipos informáticos dedicados al procesamiento masivo de datos y la generación de activos virtuales.
El proyecto legislativo contempla multas de mil a tres mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), así como el decomiso de los equipos utilizados para cometer el delito y la aplicación de las disposiciones legales correspondientes sobre las criptomonedas obtenidas mediante estas operaciones.
La iniciativa fue dada a conocer durante la sesión ordinaria del Congreso capitalino y busca frenar una modalidad de robo energético que, según el legislador, genera pérdidas millonarias y puede comprometer la infraestructura eléctrica.
La CFE recibe alrededor de 40 denuncias diarias relacionadas con 'diablitos' en la CDMX. Foto: Cuartoscuro | Source : Moisés Pablo¿Quiénes podrían enfrentar hasta 12 años de prisión por huachicol eléctrico?
La propuesta plantea adicionar el artículo 368 Sextus al Código Penal Federal para establecer sanciones específicas contra el aprovechamiento ilegal de electricidad destinado a la minería de criptomonedas.
De aprobarse, las penas se aplicarían a quienes, sin autorización, utilicen, aprovechen, comercialicen, trafiquen o alteren energía eléctrica de las redes nacionales para alimentar infraestructura tecnológica dedicada a la minería de activos virtuales.
Las sanciones también abarcarían instalaciones destinadas al procesamiento masivo de datos o a la resolución de algoritmos criptográficos cuando operen mediante el aprovechamiento ilícito de energía eléctrica.
Las penas podrían incrementarse hasta en una mitad cuando se presenten determinadas circunstancias agravantes.
Entre ellas se encuentran las conexiones clandestinas directamente a líneas de media o alta tensión, las alteraciones sustanciales del suministro eléctrico y la operación de centros informáticos ocultos a las autoridades.
Bajo ese supuesto, una pena máxima de 12 años podría elevarse hasta 18 años de prisión, si la reforma se aprueba en los términos planteados y se acredita alguna de las agravantes.
Cientos de cables (diablitos) se observan colgados de los postes de luz eléctrica, los cuales proveen de energía a los puestos informales de la avenida Santa María La Ribera. | Source : Moisés Pablo NavaCFE registra pérdidas millonarias por robo de electricidad en México
Para justificar la iniciativa, Martínez Urincho expuso las pérdidas económicas que enfrenta la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por conexiones ilegales, manipulación de medidores y otras modalidades de robo energético.
Según las cifras citadas en el documento legislativo, entre enero y julio de 2024 se registraron 6 mil 346 gigawatts-hora (GWh) de pérdidas no técnicas, con un valor comercial estimado en 13 mil 800 millones de pesos.
Estas pérdidas incluyen distintas formas de irregularidades en el consumo eléctrico, por lo que no corresponden exclusivamente a actividades relacionadas con la minería de criptomonedas.
El legislador argumentó que el crecimiento de las operaciones de minería digital representa un desafío para las autoridades cuando los responsables recurren a conexiones clandestinas para evitar los costos del suministro eléctrico.
Además del perjuicio económico, este tipo de instalaciones puede ocasionar sobrecargas y alteraciones en las redes de distribución, especialmente cuando se conectan de manera irregular a infraestructura de media o alta tensión.
Kathia Guajardo Bosques supervisó el recorrido de CFE.Minar criptomonedas requiere grandes cantidades de electricidad
Uno de los principales argumentos de la propuesta es el elevado consumo energético que necesitan los equipos informáticos utilizados para minar criptomonedas.
El proceso consiste en emplear computadoras especializadas para realizar cálculos criptográficos que permiten validar transacciones en determinadas redes de activos digitales, como Bitcoin, a cambio de posibles recompensas.
Sin embargo, estas operaciones requieren electricidad no solamente para mantener encendidos los dispositivos, sino también para alimentar los sistemas de ventilación y refrigeración que evitan su sobrecalentamiento.
“Una sola máquina minera moderna consume en promedio 3.5 kW por hora (alrededor de 84 kWh al día), lo equivalente al consumo de múltiples hogares residenciales”, señala Martínez Urincho en su propuesta.
El documento también menciona que la red de Bitcoin consume aproximadamente 121 terawatts-hora (TWh) de electricidad al año, de acuerdo con la estimación utilizada por el legislador.
No obstante, la minería de criptomonedas no está prohibida por sí misma en México. La iniciativa busca sancionar específicamente el uso ilegal de electricidad para desarrollar esta actividad.
De hecho, el artículo 368 del Código Penal Federal ya contempla el uso o aprovechamiento de energía eléctrica sin derecho ni consentimiento como una conducta equiparada al robo.
La nueva propuesta pretende establecer un supuesto penal específico relacionado con la infraestructura tecnológica utilizada para la minería de activos virtuales.
¿Cuándo entraría en vigor la reforma contra el huachicol eléctrico?
La iniciativa todavía no ha sido aprobada y deberá atravesar distintas etapas legislativas antes de convertirse en ley.
El proyecto fue turnado a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso de la Ciudad de México, presidida por el propio Martínez Urincho, para su análisis y eventual dictaminación.
En caso de obtener un dictamen favorable, la propuesta tendría que ser discutida y votada por el Pleno del Congreso capitalino.
Si consigue el respaldo necesario, será enviada al Congreso de la Unión para continuar su trámite legislativo, debido a que las modificaciones propuestas corresponden a un ordenamiento federal.
Por ahora, las penas de cinco a 12 años de prisión son únicamente una propuesta legislativa, mientras que el robo de electricidad continúa sujeto a las disposiciones penales actualmente vigentes.
