La 61ª edición de la Bienal de Venecia ni siquiera ha levantado el telón y ya se ha convertido en un campo de batalla. La dimisión en bloque de su jurado —un gesto sin precedentes— no solo desata una crisis institucional, sino que reconfigura por completo el sentido mismo de uno de los eventos culturales más influyentes del mundo. En lugar de expertos, será el público quien otorgue los premios. La pregunta ya no es quién ganará, sino qué queda de la autoridad artística.
La renuncia colectiva de los cinco miembros del jurado llega tras una decisión que había tensionado el ambiente durante días: la exclusión de Israel y Rusia de los galardones. Sin hacerlo explícito, el jurado había deslizado su postura apelando a los países cuyos líderes están acusados de crímenes contra la humanidad por la Corte Penal Internacional. Un posicionamiento político en un espacio que históricamente ha tratado de blindarse como territorio neutral.
Pero la respuesta de la organización, liderada por Pietrangelo Buttafuoco, ha sido tajante: revertir la exclusión, readmitir a ambos países y eliminar la ceremonia oficial de inauguración. Los premios se trasladan al cierre, el 22 de noviembre, y serán decididos por los visitantes. Un giro radical que rompe con décadas de tradición.
El movimiento no es solo logístico. Es simbólico. Y profundamente político. La Bienal, que se define como espacio de diálogo, ha optado por abrir la puerta a todos incluso a costa de dinamitar su propio sistema de legitimación.
El arte como campo de batalla político
La crisis revela una fractura que lleva tiempo gestándose: la imposibilidad de separar arte y geopolítica. En un mundo atravesado por conflictos, exigir neutralidad a las instituciones culturales empieza a parecer ingenuo. Pero tomar partido tampoco sale gratis.
El jurado dimitido defendía una idea clara: el arte no puede ser ajeno a los derechos humanos. La dirección de la Bienal, en cambio, reivindica la inclusión como principio absoluto. Dos visiones irreconciliables que han estallado en el peor momento posible: a días de la inauguración.
Las presiones externas han sido determinantes. Desde el Gobierno italiano hasta amenazas legales vinculadas al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pasando por la posible retirada de fondos europeos. La Bienal ha dejado de ser un evento artístico para convertirse en un problema de Estado.
Democracia cultural o espectáculo populista
La decisión de entregar el poder al público abre un debate incómodo. ¿Es esto una democratización del arte o una renuncia a la crítica especializada?
Convertir a los visitantes en jurado puede parecer un gesto inclusivo, pero también plantea riesgos evidentes. La valoración artística no es un referéndum. O al menos no lo era. La medida transforma la Bienal en algo más cercano a una experiencia participativa que a un espacio de validación cultural.
En el fondo, la pregunta es incómoda: ¿se puede sostener la autoridad del arte sin expertos? ¿O estamos asistiendo a su disolución en la lógica de la opinión?
Italia, Europa y el pulso institucional
La crisis también ha dejado al descubierto las tensiones dentro del propio Gobierno italiano. Mientras Giorgia Meloni se desmarca con cautela, figuras como Matteo Salvini celebran abiertamente la decisión de Buttafuoco.
En paralelo, la Unión Europea amenaza con retirar financiación por la inclusión de Rusia, lo que añade una dimensión económica al conflicto. La cultura, una vez más, atrapada entre principios y presupuestos.
La Bienal de Venecia siempre ha sido más que una exposición: es un termómetro del arte contemporáneo y de su tiempo. Pero esta edición corre el riesgo de quedarse sin relato.
Entre dimisiones, presiones políticas y decisiones improvisadas, lo que debería ser una celebración del arte se ha convertido en un escenario de incertidumbre. Y aún no ha empezado. @mundiario