La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo descalificó las pruebas presentadas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos contra el Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios sinaloenses acusados de proteger al Cártel de Sinaloa para traficar drogas y armas hacia ese país, al calificarlas de insuficientes e inválidas conforme a la legislación mexicana.
Advirtió que, de no existir evidencia sólida, las imputaciones tienen un carácter político.
Sheinbaum Pardo exhibió frente a las cámaras la fotografía de un papel con letras y números escritos a mano, que el DOJ presentó como prueba de presuntos sobornos.
“Este es el único documento que en este escrito lo ponen como un documento de prueba: ‘Juanito, 30 mil pesos’. Digo, al menos es de llamar la atención. Es una hoja de papel”, afirmó.
Cuestionó que la acusación se sustente en testimonios de testigos cuya identidad se desconoce y en documentos que no cumplen con los estándares del sistema acusatorio mexicano.
Sheinbaum Pardo sostuvo que la Fiscalía General de la República tiene la obligación de investigar el caso y, de encontrar elementos constitutivos de un delito, proceder conforme al derecho mexicano.
“Si la FGR recibe pruebas contundentes e irrefutables conforme a la legislación mexicana, o en su propia investigación encuentra elementos constitutivos de un delito, deberá proceder conforme a derecho bajo nuestra jurisdicción”, leyó desde un posicionamiento oficial.
Precisó que la FGR, a través de su Fiscalía Especial para Asuntos Internacionales, deberá analizar la documentación recibida para establecer si existen los elementos probatorios necesarios para solicitar, en su caso, órdenes de aprehensión.
Reiteró que el Gobierno no encubrirá a nadie que haya cometido un delito, pero estableció que tampoco actuará sin evidencia suficiente.
“Nosotros no vamos a cubrir a nadie que haya cometido un delito; sin embargo, si no existen pruebas claras, es evidente que el objetivo de estas imputaciones por parte del Departamento de Justicia es político”, señaló.
Subrayó que cualquier actuación debe apegarse a la Constitución y a los tratados internacionales, pero siempre bajo jurisdicción nacional y en defensa de la soberanía mexicana.
Para ilustrar la exigencia de pruebas en casos similares, rememoró el caso del ex Secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda.
“La Fiscalía pidió pruebas, se analizaron y no tenían sustento. Tan es así que regresa el General y es liberado porque no había pruebas”, afirmó.
Sheinbaum Pardo insistió en que la ausencia de evidencia sólida abre cuestionamientos sobre la motivación de las acusaciones.
“Si esas pruebas no están, la pregunta es ¿cuál es la motivación?”.
El Gobierno de Donald Trump solicitó el 28 de abril la detención provisional con fines de extradición de Rocha Moya y otros nueve funcionarios y ex funcionarios de su entorno cercano, entre ellos el Senador por Sinaloa Enrique Inzunza Zazueta.
La petición, remitida a la Cancillería mexicana, fue difundida públicamente el 29 de abril.
Según el expediente presentado ante la corte estadounidense el 23 de abril, los señalados habrían conspirado con el Cártel de Sinaloa para introducir drogas a Estados Unidos a cambio de apoyo político y sobornos.
Sheinbaum Pardo también se pronunció respecto a la actitud de la oposición política, a la que acusó de aprovechar las acusaciones externas para atacar al Gobierno.
“La actitud de la oposición, de los adversarios del conservadurismo, se cuelgan del exterior para tener un argumento con el pueblo de México”, dijo.
