La comparecencia de Óscar Puente este martes en el Congreso se producirá en un escenario previsiblemente bronco para el ministro. La Diputación Permanente, convertida durante el periodo preelectoral en una suerte de minipleno de las Cortes, exhibirá una mayoría circunstancial de 35 votos sobre 69 —PP, Vox, Junts y PNV— dispuesta a exigir su dimisión por la tragedia ferroviaria de Urda, que dejó 69 muertos en la línea Madrid-Sevilla. El Gobierno, sin embargo, no contempla por ahora esa salida. Pedro Sánchez mantiene su confianza en su titular de Transportes y La Moncloa sostiene que debe ser él quien pilote la respuesta a la crisis.
La aritmética parlamentaria convierte la sesión en un mensaje especialmente áspero para el ministro. El PP y Vox ya habían situado el cese a su continuidad como una de las principales responsabilidades políticas derivadas del accidente. Pero la reclamación ha ido más allá de la oposición tradicional y ha alcanzado a Junts y PNV, dos formaciones que en distintos momentos han sido necesarias para la estabilidad del Ejecutivo de coalición del PSOE y Sumar en esta legislatura.
La posición de Alberto Núñez Feijóo es incluso más ambiciosa que la mera sustitución de Puente. El líder del PP considera la dimisión del ministro «imprescindible, pero insuficiente» y ha convertido la gestión de Urda en uno de los ejes de su estrategia de cara al 29-N. En Génova creen que la responsabilidad última corresponde a Sánchez, por lo que, si el presidente no cesa a Puente, sostiene Feijóo, serán los ciudadanos quienes los cesen a ambos “en las urnas”.
Los de Santiago Abascal ha endurecido todavía más el discurso y ha utilizado el sobrenombre de “Óscar Muerte” para referirse al titular de Transportes. PP y Vox coinciden, además, en reclamar una revisión profunda de la gestión de las infraestructuras y de los servicios públicos si llegan al Gobierno. La oposición pretende así que Urda no quede reducido a una crisis ministerial, sino que se convierta en un examen sobre el estado de la red ferroviaria y las decisiones adoptadas durante los últimos años, porque aseguran en Génova y Bambú que no se fían de la gestión de Sánchez al frente del Estado.
La novedad de cara a la comparecencia de este martes radica, sin embargo, en el desplazamiento de los socios del Gobierno. Junts considera “inaplazable” la dimisión de Puente y su portavoz en el Congreso, Miriam Nogueras, ha reclamado también que sea Sánchez quien dé explicaciones en las Cortes. El PNV mantiene una posición similar. Su portavoz, Maribel Vaquero, ha señalado que, si Puente no dimite, debe ser el presidente quien lo cese.
#EnDirecto | Feijóo, a Óscar Puente: "El calvario no lo está sufriendo usted. El calvario es de las familias que esperan un cuerpo, de quienes no volverán a ver a sus seres queridos" https://t.co/noG2eyhyVy
— Europa Press (@europapress) November 2, 2026
Junts y PNV rompen el blindaje en el Congreso
“El presidente del Gobierno lo que dijo fue que era inasumible que pasara por segunda vez en un periodo de 10 meses un accidente de estas características. Estamos de acuerdo. Por lo tanto, se tendrán que asumir las responsabilidades políticas. Eso puede ser una dimisión o puede ser un cese, y está en manos del presidente decidirlo y en manos también del ministro”, dijo Vaquero en declaraciones a El Diario Vasco la semana pasada.
A estas voces podría sumarse además el Frente Amplio. La candidata a la presidencia y exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ya ha revelado que su formación ha trasladado a La Moncloa que Puente debería abandonar el cargo “lo antes posible”. El accidente de Urda, por tanto, amenaza con romper uno de los pocos cortafuegos que todavía protegían al ministro, toda vez que el conjunto de sus socios no vería con malos ojos que saliera del Ejecutivo.
Por su parte, Puente llega a la sesión asegurando que ha “dado la cara” desde el primer momento, ha comparecido ante los medios y pretende situarse al frente de la respuesta institucional. El ministro insiste en que su obligación es permanecer en el puesto para adoptar medidas y ofrecer soluciones después de una tragedia que ha puesto bajo escrutinio el funcionamiento del sistema ferroviario.
Además, puede recordar los precedentes en los que responsables políticos del PP evitaron comparecencias parlamentarias tras grandes tragedias, como el accidente de Angrois, el accidente del metro de Valencia o el Yak-42. Es una estrategia destinada a trasladar el debate desde la responsabilidad individual del ministro hacia la exigencia de explicaciones políticas que, según el Gobierno, también debe aplicarse a quienes ocuparon antes sus responsabilidades.
La Moncloa evita, por ahora, sacrificar a Puente
La posición de Sánchez permanece intacta. El presidente ha respaldado a Puente pese a las siete reprobaciones que el ministro acumula entre Congreso y Senado, la última de ellas después del accidente de Adamuz. La relación entre ambos dirigentes es estrecha y el jefe del Ejecutivo considera que apartarlo ahora podría interpretarse como una admisión prematura de responsabilidades antes de que concluyan las investigaciones.
El problema para el Gobierno es que la crisis llega en el peor momento político posible. La precampaña del 29-N apenas comenzaba a recuperar para el PSOE un discurso centrado en la gestión y en la economía cuando Urda alteró completamente las prioridades. La tragedia ferroviaria amenaza con dominar la campaña y proporciona a la oposición un argumento difícil de desplazar del debate público.
Por eso la estrategia de La Moncloa pasa, al menos de momento, por mantener a Puente como rostro de la respuesta del Gobierno y elevar simultáneamente la presión sobre la estructura ferroviaria. El foco se concentra especialmente en Adif y en su presidente, Luis Pedro Marco de la Peña.
Toda la presión sobre el presidente de Adif
Marco de la Peña tiene su cargo a disposición del ministro, según fuentes internas citadas por El País en el entorno de Adif. La presión sobre el presidente del gestor ferroviario se ha intensificado conforme la investigación ha empezado a poner el foco en las decisiones adoptadas durante la incidencia que precedió al choque.
Su eventual salida es reclamada también por sectores de la oposición y por algunos aliados parlamentarios del PSOE. Puente y Marco de la Peña comparecieron juntos tras la tragedia y ambos habían asumido meses atrás el compromiso de evitar que un accidente como el de Adamuz volviera a repetirse en la misma línea.
El perfil de Marco de la Peña añade una dimensión particular al debate. Ingeniero de Caminos, con experiencia tanto en el sector privado como en la Administración, fue responsable de Infraestructuras y Transportes del Gobierno vasco antes de asumir la presidencia de Adif en septiembre de 2024. Su trayectoria técnica dificulta presentar el problema exclusivamente como una cuestión de perfiles políticos colocados al frente de las empresas públicas. @mundiario
