El accidente ferroviario de Urda ha llevado al Gobierno a activar una doble respuesta: ayudas económicas para las víctimas y sus familias, y un refuerzo de las medidas de seguridad en uno de los corredores más importantes de la red ferroviaria española. El Consejo de Ministros ha aprobado un paquete de 30 millones de euros destinado a paliar las consecuencias de la tragedia, que se saldó con 69 fallecidos y más de 200 heridos.
El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha detallado las medidas después de la reunión del Ejecutivo. El plan contempla incrementar las compensaciones económicas, adelantar el pago de indemnizaciones y ofrecer una atención específica a quienes han resultado afectados por el siniestro.
Entre las principales novedades figura la duplicación de la cuantía del seguro obligatorio de viajeros. El decreto también establece un mecanismo para anticipar las indemnizaciones, de manera que las familias no tengan que esperar a que terminen todos los procedimientos administrativos o judiciales para recibir una primera ayuda.
Los heridos contarán, además, con un procedimiento específico de incapacidad temporal y una cobertura mejorada. A ello se suma la creación de oficinas de atención integral en las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno, con el objetivo de centralizar los trámites y acompañar a las víctimas y sus allegados.
Menos trenes en la línea Madrid-Sevilla hasta la renovación de la seguridad
La respuesta del Gobierno no se limita a las compensaciones. Transportes ha anunciado también cambios operativos en la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla, donde se produjo el accidente. La medida más destacada será reducir las circulaciones ferroviarias hasta que esté implantado el sistema ERTMS de nivel 2, cuya entrada en funcionamiento está prevista para principios de 2027.
Adif instalará, además, un nuevo programa informático en sus centros de control. La herramienta incorporará alertas automáticas, libros electrónicos para registrar las comunicaciones entre los responsables ferroviarios, listas de comprobación para validar las operaciones y una representación visual más clara de la posición de los trenes y del estado de las vías.
El plan contempla también recurrir a la inteligencia artificial para mejorar la supervisión del sistema. Según ha explicado Puente, se trata de introducir herramientas que permitan a los operadores disponer de información más precisa y reducir el riesgo de errores durante la gestión del tráfico ferroviario.
Puente afronta la presión política en el Congreso
La jornada tiene también una dimensión política. Después de presentar las medidas aprobadas por el Consejo de Ministros, el titular de Transportes comparecerá a las 17.00 horas ante la Diputación Permanente del Congreso para dar explicaciones sobre el accidente y la actuación de su departamento.
La comparecencia llega en un momento de fuerte presión sobre el ministro. PP, Vox, PNV y Junts han anunciado que exigirán responsabilidades y reclamarán su dimisión. Puente, por su parte, ha defendido que su manera de asumir la responsabilidad es dar explicaciones y esclarecer lo ocurrido.
Mientras tanto, las familias de las 69 personas fallecidas ya han recibido la confirmación de las identificaciones. De acuerdo con el Centro Integrado de Datos, entre las víctimas hay 54 españoles y 15 extranjeros. En cuanto a los heridos, 26 permanecen ingresados en hospitales de Castilla-La Mancha, siete de ellos en unidades de cuidados intensivos.
El Gobierno intenta así responder a las consecuencias humanas de la tragedia y recuperar la confianza en la alta velocidad. Pero las ayudas económicas y los anuncios de inversión no cierran las preguntas sobre los fallos que precedieron al choque. La investigación tendrá que determinar cómo se produjo la secuencia de órdenes y qué responsabilidades corresponden a cada uno de los organismos implicados. @mundiario
