Las comunidades autónomas están empezando a cambiar la forma de sostener sus cuentas públicas. Después de más de una década dependiendo de los préstamos baratos del Estado para cubrir sus necesidades de financiación, los gobiernos regionales han comenzado a recuperar protagonismo en los mercados privados. El movimiento no es menor: los recursos procedentes de los mecanismos extraordinarios de liquidez han caído en 2026 a su nivel más bajo desde que se crearon en 2012, mientras que la financiación captada entre inversores y entidades privadas ha aumentado casi un 30%.
Este cambio refleja una transformación progresiva del modelo de endeudamiento autonómico. Lo que nació como una solución de emergencia durante la crisis de deuda soberana terminó convirtiéndose en una herramienta habitual para sostener las finanzas territoriales. Ahora, las restricciones introducidas por el Gobierno, la evolución de los ingresos públicos y una mayor facilidad para acceder al crédito están empujando a las comunidades a buscar alternativas.
El Ministerio de Hacienda ha previsto para este ejercicio 22.779 millones de euros a través de los mecanismos extraordinarios de financiación. La cantidad representa un descenso frente a los aproximadamente 25.000 millones del año anterior y queda lejos de los 38.667 millones alcanzados en 2020, durante la pandemia.
La evolución contrasta con el comportamiento de la financiación privada. Las autonomías han conseguido captar más de 15.290 millones de euros en los mercados durante 2026, frente a un volumen inferior en ejercicios anteriores. Esta cantidad equivale al 40% de los cerca de 38.000 millones que necesitan para cubrir sus compromisos financieros, especialmente los vencimientos de deuda.
El fin de una dependencia que comenzó con la crisis
Los mecanismos extraordinarios de liquidez surgieron en 2012, cuando varias comunidades tenían enormes dificultades para conseguir financiación por sus propios medios. La escalada de la prima de riesgo y el encarecimiento del crédito amenazaban con dejar a algunas administraciones sin capacidad para afrontar sus obligaciones.
El Estado intervino mediante préstamos en condiciones más favorables que las que ofrecía entonces el mercado. El Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) se convirtió en el instrumento más conocido de este sistema, que permitió garantizar pagos a proveedores, cubrir déficits presupuestarios y refinanciar obligaciones financieras.
Sin embargo, aquella respuesta excepcional terminó prolongándose durante años. Para algunas comunidades, el acceso a los recursos del Tesoro pasó a formar parte de su estructura habitual de financiación, reduciendo la necesidad de acudir a bancos, inversores institucionales o emisiones de deuda.
César Cantalapiedra, socio director del área de Finanzas Públicas de Analistas Financieros Internacionales (Afi), explica a El País que la reducción de estos mecanismos responde precisamente al objetivo de que las autonomías recuperen progresivamente el acceso a los mercados.
Andalucía cambia de estrategia y otras regiones diversifican sus préstamos
Uno de los movimientos más significativos de 2026 es el de Andalucía. La comunidad ha abandonado los mecanismos extraordinarios como fuente de financiación y ha optado por acudir exclusivamente al mercado privado.
Esta decisión la sitúa junto a Madrid, Galicia, Castilla y León, Asturias, Navarra y País Vasco, territorios que ya habían consolidado una estrategia de financiación menos dependiente de los préstamos estatales.
También se ha producido un cambio entre las comunidades que tradicionalmente recurrían casi exclusivamente al Tesoro. Castilla-La Mancha, Baleares, Aragón, Extremadura, Cantabria y La Rioja han comenzado a combinar los mecanismos públicos con recursos obtenidos de entidades privadas.
Madrid y Andalucía concentran buena parte de esta actividad. Ambas han captado aproximadamente 3.823 y 3.819 millones de euros, respectivamente, durante el ejercicio.
Alejandro Rodríguez Anglada, director de Soberanos y Finanzas Públicas de S&P Global Ratings, interpreta esta evolución como una normalización de las fuentes de financiación autonómica. El recurso a préstamos bancarios, entidades multilaterales y emisiones de bonos está ganando espacio frente al modelo basado casi exclusivamente en el crédito estatal.
Cataluña y Comunidad Valenciana siguen dependiendo del Tesoro
El cambio, sin embargo, no avanza al mismo ritmo en todo el territorio. Las diferencias entre comunidades evidencian que el acceso a la financiación privada depende también de la situación de sus cuentas públicas y de la confianza que generan entre los inversores.
Cataluña y la Comunidad Valenciana continúan siendo las principales beneficiarias de los mecanismos extraordinarios. Entre ambas han recibido casi el 80% de los recursos previstos por esta vía para 2026: 9.216 millones de euros para Cataluña y 8.717 millones para la Comunidad Valenciana.
No es una casualidad. Ambas regiones presentan elevados niveles de endeudamiento y mayores dificultades para conseguir financiación privada en condiciones competitivas. Murcia comparte parte de estas limitaciones.
La magnitud de sus obligaciones financieras reduce su margen de maniobra y las mantiene más vinculadas a los préstamos del Estado. En consecuencia, la transición hacia un modelo de financiación más diversificado puede resultar mucho más lenta para estos territorios.
Desde 2012, las comunidades autónomas han recibido más de medio billón de euros a través de los distintos mecanismos extraordinarios de liquidez. Una cifra que permite dimensionar hasta qué punto el Estado ha asumido durante años un papel central en la financiación de las administraciones regionales.
El Gobierno quiere reducir el peso del FLA
La disminución de los préstamos estatales también está relacionada con las decisiones adoptadas por el Ejecutivo. El Gobierno restringió en 2025 el acceso al FLA y mantuvo operativo el compartimento de Facilidad Financiera, que ofrece préstamos con condiciones menos exigentes.
Al mismo tiempo, flexibilizó los requisitos para que las comunidades pudieran obtener recursos en los mercados. En 2026, las regiones que cumplen determinados criterios fiscales pueden combinar ambas vías, siempre que mantengan el déficit y la deuda dentro de los límites establecidos.
La reforma pretendía preparar el terreno para una futura desaparición progresiva de estos instrumentos. El proyecto de ley de condonación parcial de la deuda autonómica contemplaba que, en 2029, el FLA se transformase en una red de financiación de último recurso.
Sin embargo, el adelanto electoral ha dejado en suspenso esa iniciativa y ha complicado el calendario de cambios. La incertidumbre política introduce así una variable adicional en la evolución del endeudamiento territorial.
Más autonomía financiera, pero también nuevos riesgos
La recuperación del acceso a los mercados representa una señal favorable para las finanzas autonómicas, aunque no significa que todas las comunidades hayan resuelto sus problemas de deuda.
Financiarse mediante inversores privados exige asumir las condiciones que impone el mercado. Los tipos de interés, la percepción de solvencia y el apetito de los compradores pueden determinar cuánto cuesta obtener recursos y qué administraciones tienen más dificultades para conseguirlos.
Además, el escenario financiero empieza a ser menos favorable que durante los años de tipos reducidos. El aumento de los intereses puede encarecer progresivamente la refinanciación de las obligaciones pendientes.
Aun así, los expertos de Afi y S&P Global Ratings consideran que la tendencia continuará si se mantienen unas condiciones económicas relativamente estables. La recaudación pública y la contención del déficit están contribuyendo a mejorar la capacidad de financiación de España.
El verdadero desafío será evitar que la reducción de la dependencia del Estado se traduzca en mayores desigualdades entre territorios. Mientras Madrid y Andalucía encuentran margen para financiarse por su cuenta, Cataluña y Comunidad Valenciana siguen necesitando un respaldo público mucho más amplio.
La transición, por tanto, no supone el final de la intervención del Tesoro, sino un cambio en su papel: de principal fuente de financiación para numerosas autonomías a respaldo para aquellas que todavía no pueden competir en igualdad de condiciones en los mercados. @mundiario
