El crecimiento de la inteligencia artificial y de las grandes infraestructuras digitales puede tener un coste que va mucho más allá de la tecnología: el recibo de la electricidad. España se encuentra ante una decisión que afecta tanto a su capacidad para atraer inversiones millonarias como al bolsillo de millones de consumidores. Si el Gobierno no consigue sacar adelante la normativa que obliga a los centros de datos a respaldar su actividad con energía renovable, los hogares y las empresas podrían asumir un sobrecoste cercano a los 2.000 millones de euros anuales.
La advertencia procede de una modelización elaborada por los expertos internacionales de PyPSA Labs, que analiza cómo cambiaría el funcionamiento del sistema eléctrico español ante la incorporación de 4.000 megavatios (MW) de potencia de centros de datos. Sus resultados apuntan a un problema estructural: estas instalaciones necesitan electricidad de manera constante, incluso durante las horas en las que la producción solar y eólica disminuye.
El debate, por tanto, no se limita a determinar cuántos centros de datos puede albergar España. La cuestión de fondo es quién asumirá el coste energético de una expansión tecnológica que exige enormes cantidades de electricidad y qué condiciones deben cumplir las empresas para evitar que su crecimiento termine encareciendo la energía para el resto de la sociedad.
El gas natural amenaza con encarecer la electricidad
El escenario más desfavorable planteado por PyPSA Labs contempla que los centros de datos puedan conectarse a la red sin obligaciones específicas de generación renovable adicional ni correspondencia horaria entre su consumo y la electricidad limpia contratada.
En esas circunstancias, las centrales de ciclo combinado tendrían que incrementar considerablemente su actividad para cubrir los momentos en los que las renovables no producen suficiente energía. El estudio calcula que sería necesario consumir 45,89 teravatios-hora (TWh) adicionales de gas natural al año.
La consecuencia no sería únicamente ambiental. Al aumentar la presencia del gas en la generación eléctrica, esta tecnología tendría más influencia en la formación del precio mayorista. La simulación estima un incremento medio de 7,74 euros por megavatio-hora (MWh), una subida que terminaría repercutiendo en los consumidores.
El impacto económico calculado se sitúa entre 1.850 y 1.950 millones de euros anuales. Una factura colectiva que no recaería exclusivamente sobre las compañías tecnológicas, sino también sobre los hogares, las pequeñas y medianas empresas y las industrias que necesitan electricidad para desarrollar su actividad.
A este encarecimiento se sumarían las emisiones adicionales. El escenario sin regulación supondría liberar 9,25 millones de toneladas más de CO2 cada año, una consecuencia que también pondría en entredicho los objetivos de descarbonización del sistema energético español.
El decreto que enfrenta al Gobierno con las tecnológicas
En el centro de la controversia se encuentra el proyecto de real decreto impulsado por el Ministerio para la Transición Ecológica. La iniciativa pretende establecer condiciones de sostenibilidad, resiliencia y soberanía digital para los centros de datos, además de vincular su acceso a la red eléctrica con determinadas garantías energéticas.
Uno de sus requisitos más exigentes establece que, durante cada hora del año, al menos el 80% de la electricidad consumida por estas instalaciones debe estar respaldada por contratos de energía limpia generada en ese mismo periodo.
La propuesta ha encontrado una fuerte resistencia entre las grandes compañías tecnológicas y Spain DC, la asociación que representa al sector. Sus representantes consideran que las condiciones planteadas pueden entrar en conflicto con el derecho comunitario y advierten de que podrían restar competitividad a España frente a otros mercados europeos, especialmente Portugal.
El enfrentamiento refleja dos prioridades que no siempre avanzan en la misma dirección. Por un lado, el país quiere posicionarse como destino estratégico para las inversiones vinculadas a la inteligencia artificial y los servicios digitales. Por otro, necesita evitar que esa expansión dependa de un consumo energético que incremente la utilización de combustibles fósiles y traslade sus costes al conjunto de la población.
Dos estudios con conclusiones diferentes sobre el recibo de la luz
La discusión económica también enfrenta dos interpretaciones sobre el efecto de los centros de datos en el sistema eléctrico. Mientras PyPSA Labs advierte del encarecimiento asociado a una mayor utilización del gas, un informe de EY sostiene que la incorporación de estas instalaciones puede contribuir a reducir determinados costes de la factura.
La consultora calcula que entre 3,5 y 4 gigavatios de nueva potencia podrían aportar entre 118 y 642 millones de euros en peajes durante 2030. Al distribuir los costes fijos del sistema entre un volumen superior de consumo, los hogares podrían beneficiarse de una reducción anual de entre 73 y 394 millones de euros.
Sin embargo, ambos análisis no miden exactamente el mismo efecto. El posible ahorro en peajes no elimina el impacto que tendría una mayor demanda sobre la generación eléctrica ni sobre los precios del mercado mayorista.
De hecho, las estimaciones de PyPSA Labs apuntan a que el coste energético adicional superaría ampliamente los beneficios asociados al reparto de los costes fijos. El resultado sería un saldo negativo para los consumidores si la expansión de los centros de datos se produce sin suficientes garantías de abastecimiento renovable.
Una regulación demasiado rígida también puede tener costes
La solución tampoco consiste necesariamente en imponer cualquier condición ambiental sin valorar sus consecuencias técnicas. La propia modelización de PyPSA Labs identifica limitaciones en el diseño actual del decreto, especialmente por la exigencia de alcanzar el porcentaje mínimo de energía limpia en cada una de las 8.760 horas del año.
Esta obligación podría forzar a los operadores a construir instalaciones renovables y sistemas de almacenamiento sobredimensionados para cubrir los momentos de menor producción eólica y solar. Según el análisis, esa rigidez podría provocar que aproximadamente un tercio de la electricidad renovable generada terminase desaprovechándose.
El investigador Paweł Czyzak defiende que la sincronización entre consumo y generación es fundamental para reducir los efectos negativos sobre los precios, las emisiones y el uso del gas. Sin embargo, los expertos también plantean flexibilizar el mecanismo de cumplimiento mediante una correlación horaria ponderada sobre el conjunto del año.
Este planteamiento permitiría conservar el objetivo de abastecimiento limpio sin obligar a las empresas a cumplir exactamente el mismo porcentaje durante todas las horas, independientemente de las condiciones meteorológicas.
La expansión digital no puede convertirse en otra factura para los ciudadanos
La decisión que tiene por delante el Gobierno trasciende la regulación de una industria concreta. España necesita infraestructuras capaces de sostener el desarrollo de la inteligencia artificial, el almacenamiento de información y los servicios digitales, pero también debe garantizar que esa transformación no comprometa la estabilidad económica y ambiental del sistema eléctrico.
El despliegue de centros de datos puede generar inversiones, actividad empresarial y oportunidades tecnológicas. Sin embargo, esos beneficios pierden parte de su atractivo si el coste de alimentar las instalaciones termina repartido entre consumidores que no participan directamente de sus ventajas.
La disyuntiva no debería reducirse a elegir entre inversión tecnológica y electricidad asequible. El verdadero desafío consiste en establecer unas reglas que obliguen a las grandes infraestructuras a asumir su responsabilidad energética sin imponer requisitos técnicamente inviables.
El futuro decreto será determinante para resolver ese equilibrio. Si fracasa o pierde sus principales exigencias, el crecimiento digital podría añadir una presión de miles de millones de euros sobre el mercado eléctrico. Si sale adelante con un diseño más flexible, España tendrá la oportunidad de atraer inversiones sin convertir la expansión de la inteligencia artificial en un nuevo problema para el recibo de la luz. @mundiario
