CIUDAD DE MÉXICO.— Movimiento Ciudadano (MC) presentó este jueves ante la Cámara de Diputados una solicitud de desafuero contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros funcionarios señalados por autoridades de Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico, en un contexto de creciente tensión política y repercusiones a nivel bilateral.
Jorge Álvarez Máynez, presidente de MC, y el diputado Gibrán Ramírez presentaron el recurso ante la Secretaría General de la Cámara Baja, a fin de retirar el fuero constitucional a los implicados y así puedan enfrentar las investigaciones sin esa protección legal.
Además de Rocha Moya, otros funcionarios incluidos en la petición son el senador Enrique Inzunza Cázarez y el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, además de otros servidores públicos estatales.
El documento fue turnado para su eventual análisis a la sección instructora, instancia legislativa encargada de revisar la procedencia de este tipo de solicitudes.
Buscan desafuero de Rocha Moya y otros funcionarios de Sinaloa
La solicitud presentada por MC busca activar la figura de declaración de procedencia, mecanismo que permite retirar el fuero a servidores públicos para que puedan ser sometidos a procesos penales.
Cabe señalar que este procedimiento suele derivar de una solicitud del Ministerio Público, pero en este caso fue promovido por legisladores, con base en señalamientos internacionales que aún deberán ser valorados por autoridades mexicanas.
La legislación mexicana prevé distintas vías para investigar y, en su caso, sancionar a funcionarios de alto nivel, entre ellas el juicio político, el desafuero y, en escenarios extremos, la desaparición de poderes en una entidad federativa.
De acuerdo con la Constitución, estos mecanismos implican procesos formales y decisiones institucionales de alto nivel, por lo que su resolución no es inmediata.
Acusaciones de Estados Unidos contra funcionarios de Sinaloa
La solicitud de desafuero se sustenta en una imputación presentada por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York contra al menos diez funcionarios y exfuncionarios mexicanos.
Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, los señalados habrían colaborado con el Cártel de Sinaloa, particularmente con “Los Chapitos”, en actividades relacionadas con el tráfico de drogas y armas.
Las acusaciones incluyen presuntos delitos de delincuencia organizada, encubrimiento, uso indebido de funciones públicas y violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
Asimismo, se sostiene que algunos de los implicados habrían facilitado el envío de narcóticos a territorio estadounidense y recibido sobornos a cambio de protección a grupos criminales.
Reacciones políticas y postura del gobierno federal
Tras darse a conocer los señalamientos, actores de oposición y representantes del sector empresarial han exigido la renuncia de Rocha Moya, al considerar que el caso afecta la credibilidad institucional en Sinaloa.
Sin embargo, este mismo jueves Rocha Moya rechazó las acusaciones, aseguró que no tiene nada que temer y descartó que vaya a renunciar.
Por su parte, y en la misma línea, el senador Inzunza calificó los señalamientos como falsos y con motivaciones políticas.
Desde el gobierno federal, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que no se protegerá a ninguna persona que haya cometido delitos, pero advirtió que las acusaciones “deben tener pruebas sólidas”.
* Con información de Infobae, Reforma y Azteca Noticias
