Guanajuato.- El Pleno del Congreso de Guanajuato aprobó este jueves una reforma al Código Penal estatal para reconfigurar el delito de cobranza extrajudicial ilícita e incrementar su punibilidad cuando haya intervención de servidores públicos.
En lo sustancial, las modificaciones contemplan que se entienda por cobranza extrajudicial ilícita, el uso de violencia o intimidación, ya sea personalmente o a través de cualquier medio, en contra del deudor o de alguien con quien este se encuentre ligado por algún vínculo familiar, afectivo o que haya fungido como referencia o aval, para requerir el pago de un crédito o una deuda.
Así también, contempla un incremento a la pena de prisión cuando intervenga algún servidor público, además de la destitución del empleo, cargo o comisión públicos e inhabilitación para desempeñar otro hasta por un tiempo igual al de la pena de prisión impuesta.
“Cierran la puerta”
Para la fracción del PRI, con esta reforma se “cierra la puerta” a la cobranza extrajudicial ilícita de préstamos “gota a gota”, apoyada en prácticas de hostigamiento, intimidación y uso de la fuerza “que ningún guanajuatense merece”, afirmó el diputado Alejandro Arias Ávila.
Resaltó que hablar de cobranza extrajudicial ilícita es hablar de personas, de familias enteras que viven con miedo, de comerciantes que abren su negocio sin saber si ese día les tocará ser amenazados, y de mujeres, adultos mayores y jóvenes que viven bajo la presión de prácticas ilegales disfrazadas de deudas.
Víctimas
Prácticas ilegales que “terminan destruyendo el tejido social, porque ahí afuera, en las colonias, en los mercados y en los comercios, hay personas que están siendo víctimas de prácticas que ningún guanajuatense merece”, agregó el coordinador.
Arias Ávila apuntó que quizá la pieza más importante es la que el PRI impulsó desde el inicio: la agravante por intervención de servidores públicos.
En el dictamen se establece que, si en la comisión de ese delito intervienen funcionarios, la pena se incrementará de dos tercios del mínimo a dos tercios del máximo, con lo que la penalidad pasaría de 1 año a 1 año 6 meses, y de 4 años a 6 años 6 meses, respectivamente, además de que en esos casos se impondría destitución e inhabilitación para ocupar cargos públicos por un tiempo igual al de la pena.
Para resaltar la importancia de considerar esa agravante, manifestó que el propósito es no permitir que “ningún funcionario, de ningún nivel y de ningún partido, utilice su investidura para intimidar, cobrar ilegalmente o extorsionar a las personas”.
Adiós a prácticas abusivas: Carlos Abraham
Carlos Abraham Ramos Sotomayor manifestó que con estas reformas se cierra la puerta a prácticas abusivas que trasladan ese hostigamiento a terceros, ampliando indebidamente el alcance de la presión y generando entornos de miedo a la sociedad.
Añadió que además se instruye un castigo mayor cuando en esos cobros ilegales y violentos participe un servidor público, si alguien desde el servicio público usa su posición para intimidar, ayudar o permitir ese tipo de cobros ilegales, el daño será mayor porque se pierde la confianza en las instituciones.
El miedo cambiará de lado: Rolando Alcántar
El diputado Rolando Fortino Alcántar Rojas del PAN precisó que el miedo, el temor, cambiará de lado.
Precisó que estaban a favor de garantizar la legítima recuperación del crédito, pero eso estaba lejos del terror y de las deudas impagables, que afectaban no solo a quien contrajo la deuda sino a su entorno.
Rehenes de prestamistas
En agosto del año pasado, AM publicó el testimonio de dos comerciantes del Mercado Hidalgo, en la capital, que fueron extorsionados por prestamistas colombianos. Los comerciantes consideraron positiva la propuesta de incrementar las penas a quienes abusan en los cobros.
Señalaron que además de sancionar, es fundamental garantizar la seguridad de las víctimas, sobre todo al presentar denuncias formales. “Estamos hablando de personas que son delincuentes y te tienen muy bien ubicado”, comentó uno de los afectados.