La intervención de Koldo García en el Tribunal Supremo ha asomado una grieta significativa en el relato consolidado hasta ahora por las defensas de los imputados en el caso Koldo. Su reconocimiento explícito de que las “chistorras” aludían a billetes de 500 euros no es, por sí mismo, una prueba de irregularidad penal, pero sí un elemento con capacidad para alterar el equilibrio político del caso.
Durante meses, el término “chistorras” había sido interpretado por los investigadores como una clave para referirse a grandes cantidades de dinero en efectivo, igual que “soles” o “lechugas”. La confirmación por parte del propio acusado refuerza esa interpretación y aporta coherencia a los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
El giro, sin embargo, no reside solo en la terminología. Lo relevante es el contexto en el que se produce, el reconocimiento llega acompañado de la afirmación de que parte de ese efectivo procedía de reembolsos internos del PSOE.
Esa versión entra en colisión directa con la declaración previa del exgerente socialista, Mariano Moreno Pavón, que negó de forma tajante el uso de billetes de alto valor en los procedimientos de caja del partido. La discrepancia no es baladí. Este contraste había llevado ya a abrir líneas de investigación en la fase de instrucción sobre el sistema de reembolsos y el manejo de efectivo en la sede de Ferraz, que ahora se instruye en la Audiencia Nacional. Aunque estas diligencias siguen bajo secreto, el daño político cae como una losa sobre el PSOE.
La sombra de la financiación irregular
El testimonio de Koldo García responde, en buena medida, a una estrategia de defensa. Al identificar el origen de parte del efectivo, intenta reducir la percepción de ingresos sin justificar. Sin embargo, ese movimiento desplaza la presión hacia la estructura de los socialistas, en virtud de su condición de exasesor ministerial y colaborador del entonces ministro de Transportes y secretario de Organización del PSOE.
El resultado es un efecto de suma cero: lo que puede aliviar su posición individual incrementa el coste reputacional del partido. En ese equilibrio inestable se explica el “temblor” político que ha vuelto a sacudir a Ferraz.
Las declaraciones también reavivan las acusaciones formuladas por Víctor de Aldama, quien apuntó a un sistema de comisiones vinculado a adjudicaciones públicas. Aunque Koldo García ha negado expresamente cualquier financiación ilegal —“el partido no coge dinero de nadie”, sostuvo—, la coincidencia parcial en el uso de efectivo refuerza, al menos en el plano político, la narrativa de sospecha.
Conviene subrayar que, en términos jurídicos, la existencia de pagos en metálico no implica automáticamente ilegalidad. La clave reside en su origen, su trazabilidad y su declaración. Pero en política, la percepción suele adelantarse a la prueba. @mundiario