-Los vínculos del narcolaboratorio con Sinaloa
-La narcoelección de 2021... y la de 2027
-El conflicto en redes sociales
-México se sigue desfasando de la economía de EU
En la vorágine mediática en la que está inmerso el país por asuntos de seguridad de corte internacional, una cosa ha quedado clara: desde Sinaloa era operado el famoso narcolaboratorio donde eran producidos decenas, incluso cientos de kilogramos de drogas sintéticas, básicamente cristal.
Después del hallazgo vino la sonada controversia que tiene a México inmerso en una crisis diplomática con los Estados Unidos, primero por la muerte de cuatro elementos de seguridad —dos norteamericanos y dos mexicanos— fallecidos en un accidente tras descubrir y desmantelar el macrocampamento narco en Chihuahua, y después por la acusación de los Estados Unidos contra el gobernador morenista de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y varios de sus colaboradores.
Es imposible desvincular una cosa de la otra: Estados Unidos está acusando a Rocha y a sus presuntos cómplices por narcotráfico, y ha quedado establecido que la fábrica de drogas sintéticas era propiedad de células del Cártel de Sinaloa.
Aunque fue localizada la gigantesca cocina en una remota zona boscosa del municipio chihuahuense de Morelos, todo el trasiego para su instalación, operación y logística era manejado desde municipios sinaloenses.
La versión más generalizada señala que pertenecía a “El Chapo” Isidro, Fausto Isidro Meza Flores, pero sea la facción que sea, no deja de ser Cártel de Sinaloa, con todos los grupos presuntamente protegidos por corporaciones policiacas municipales y estatales, dependientes precisamente del gobernador señalado, según las acusaciones del gobierno norteamericano.
De hecho, son células del Cártel de Sinaloa las que dominan los municipios serranos chihuahuenses colindantes con aquella entidad: Los Cabrera, por la zona de Durango; Los Salazar, por Chínipas; Los Salgueiro, por Guadalupe y Calvo, etc.
Así que el negocio afectado por la producción de drogas en el megalaboratorio forma parte de las tierras gobernadas por los hoy señalados. No dudemos que otra “bombita” relacionada específicamente con esos hechos venga por ahí.
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Nada escondida aparece la acusación —en el indictment publicado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos— contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, de haberse aliado con la facción “Los Chapitos” para ganar la elección de 2021.
Entre los cargos por tráfico de drogas y otros delitos, aparece de forma destacada ese señalamiento político, que directamente incide o habrá de incidir en la elección de 2027, tanto en esa entidad como en el resto del país, donde habrá de definirse si la 4T mantiene su mayoría calificada en la Cámara de Diputados.
En ese apartado hay todo un tema que los estrategas electorales morenistas tienen bien detectado, aunque no tan bien medido todavía. El señalamiento de que la pasada fue una narcoelección pesa mucho en la antesala de la próxima.
En Sinaloa, Morena conserva el 40 por ciento de las preferencias electorales, frente a un 13 por ciento del PAN, un 12 por ciento del PRI y un 9 o 10 por ciento de MC. No es una ventaja tan aplastante como en otros lugares —por ejemplo Juárez—, sobre todo porque los indecisos conforman alrededor de un 20 por ciento.
Pero la amenaza lanzada desde el país vecino de que quiere a Rocha Moya y que es un “no negociable”, podría repercutir contra los intentos de control que pretende mantener la 4T en la tierra de Joaquín “El Chapo” Guzmán, “El Mayo” Zambada y los narcotraficantes más importantes de México. Incluso podría rebasar el plano regional.
Peor aún si otro acusado de narco, el senador Enrique Inzunza, es el delfín de Rocha Moya para sucederlo en la gubernatura, aunque actualmente aparezca en tercer lugar de las encuestas morenistas, detrás de sus rivales internos Imelda Castro y Juan de Dios Gámez.
El intervencionismo norteamericano tendría aquí una punta de lanza, en una estrategia que ni los mejores estrategas del PRIAN hubieran soñado.
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Precisamente el conflicto entre panistas y morenistas por Rocha Moya se volvió tema de debate público y, sobre todo, de redes sociales.
La conversación se centró en acusaciones, reacciones y en la exigencia de consecuencias legales.
En redes, simpatizantes del PAN vinculaban el caso con figuras y episodios políticos previos, mientras usuarios afines a Morena señalaban a la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, en relación con el papel de agencias estadounidenses.
La disputa tomó forma a través de comparaciones, mensajes y versiones contrapuestas.
Así, el tema dejó de ser solo jurídico y pasó a ser interpretativo. Cada corriente política defendió su lectura sobre corrupción, legalidad y soberanía, manteniendo el foco en qué significa el caso y cómo debe procesarse.
También apareció el componente internacional: la acusación atribuida a autoridades de Estados Unidos colocó a México ante un reto institucional. Las decisiones en el marco jurídico pueden tener efectos políticos y repercutir en la relación bilateral.
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Desde hace ya más de cuatro años, el crecimiento económico de México se encuentra desfasado del comportamiento de su principal socio comercial, los Estados Unidos. Anteriormente iban de la mano.
Así, mientras en el primer trimestre de 2026 Estados Unidos creció 2 por ciento anual, México cayó 0.8 por ciento mensual y apenas se movió 0.2 anual.
Las causas están bien identificadas: son internas. Si bien las exportaciones muestran dinamismo, no ocurre lo mismo con el consumo, la inversión en infraestructura —gasto de gobierno— ni con la inversión privada, todo estancado.
Lo más preocupante no es solo la caída, sino su alcance: todos los sectores retrocedieron. La industria —clave para estados como Chihuahua— volvió a terreno negativo, mientras los servicios, que habían sostenido el crecimiento, comienzan a ceder. Es un enfriamiento generalizado.
A esto se suma el deterioro del mercado laboral. El empleo en los sectores económicos cayó 1.3 por ciento anual, confirmando que la desaceleración ya no es una percepción, sino una realidad que empieza a reflejarse en los puestos de trabajo.
Si la tendencia se mantiene, el riesgo no es solo crecer menos, sino entrar en una fase donde el enfriamiento se retroalimente: menos empleo, menor consumo y, con ello, más debilidad económica.