La coyuntura política reciente ha estado marcada por distintos señalamientos entre autoridades locales y federales, así como por una solicitud de extradición emitida por Estados Unidos que ha generado debate en distintos sectores.
Por lo que propios y extraños, tanto simpatizantes de la 4T como opositores a ella, no dejan de relacionar ambos temas, a partir de que se mandó a llamar a la gobernadora al Senado para que explicara sobre la presencia de agentes de Estados Unidos (que la prensa norteamericana ha identificado como de la CIA).
Todo parecía indicar que el caso se le complicaba a la gobernadora del estado de Chihuahua, Maru Campos, pues tuvo que crear una comisión investigadora a cargo de la fiscal de la mujer, Wendy Chávez, y el fiscal general del estado, César Jáuregui Moreno, presentó su renuncia. Incluso este lunes 27 de abril, justo un día antes en que debía ocurrir la comparecencia de Maru al Senado, el tema de la mañanera fue la renuncia del fiscal de Chihuahua y la investigación que había iniciado ya la FGR.
Incluso la presidenta de la República dijo que esa comisión creada por Maru Campos no detendría la investigación federal a cargo de la FGR, que era la que iba a investigar sobre la presencia de los agentes norteamericanos.
Pasó el martes y la gobernadora de Chihuahua no asistió al Senado, como su propio partido había afirmado que lo haría, declarando ella que no tenía por qué ir a rendir cuentas al Senado, que se debía solamente a los chihuahuenses. Y al día siguiente, la noticia que corrió como reguero de pólvora fue que Estados Unidos estaba pidiendo la extradición del gobernador de Sinaloa por presuntos vínculos con el narcotráfico.
Lo extraño de esta petición de extradición es que, contrario a lo que ocurre con todas las solicitudes de extradición, que son información reservada, el propio gobierno de Estados Unidos lo hizo saber públicamente.
Y vino el comunicado de la Fiscalía General de la República, que es la instancia encargada de ejecutar las solicitudes de extradición, informando que no había pruebas para proceder a cumplir con la solicitud de extradición de Estados Unidos sobre el gobernador de Sinaloa.
Por supuesto que la oposición y medios informativos contrarios a la 4T inmediatamente montaron la narrativa: la 4T protege a delincuentes y narcotraficantes. Y vino la campaña: Maru Campos combate al narco y la 4T los protege.
La propia gobernadora Maru Campos el jueves declaró que ahí estaban con ficha roja de Estados Unidos los que querían que ella fuera a declarar al Senado. Por supuesto que el tema provocó un acalorado debate en el Senado, donde los panistas y la oposición ponían como heroína a Maru Campos y como delincuentes a todos los de la 4T.
A la par, en los propios medios de comunicación televisivos, incluso entre los comunicadores más críticos del gobierno, relacionaron esta solicitud de extradición de Estados Unidos y la acusación pública con la reacción del gobierno al descubrimiento de la presencia de agentes norteamericanos en México, pasando por la condena a Maru Campos y su citación al Senado.
Ya en la mañanera de este jueves treinta de abril, todos esperaban lo que tenía que decir la presidenta sobre la petición de extradición del gobernador de Sinaloa por Estados Unidos y la respuesta de la Fiscalía General de la República a la imposibilidad de acceder por la falta de pruebas.
La respuesta fue: no existen pruebas contra el gobernador de Sinaloa para proceder a atender la petición de extradición, mostrando incluso las pruebas en las que se basa Estados Unidos para solicitar la detención del gobernador de Sinaloa para extraditarlo: un pedazo de papel con nombres y montos escrito a mano de supuestos pagos del crimen organizado.
Y reafirmó su compromiso a colaborar, pero con pruebas y respeto a la soberanía mexicana. Por lo que se espera la respuesta del gobierno norteamericano y su reacción, donde muchos temen que Donald Trump despliegue agentes armados en México para detener a los que acusa, incluyendo a un senador del estado de Sinaloa que colaboró en el gobierno de Rubén Rocha Moya.
¿Usted qué considera que debería hacer la presidenta? ¿Debería acceder a la petición de Estados Unidos aún sin pruebas, o debería investigar sobre la existencia de dichos vínculos y, de confirmarse la acusación, proceder a quitarle el fuero al gobernador y extraditarlo como lo pide Estados Unidos?
Situación compleja la que enfrenta la presidenta Claudia, donde el mismo día de ayer jueves en la mañanera señaló que aún no se aclaraba lo que pasó en Chihuahua sobre la presencia de agentes norteamericanos, como si afirmara sin hacerlo que ambos eventos y esta reacción de Estados Unidos tienen relación.