En México, mencionar la violencia hacia las mujeres no implica únicamente referirse a golpes o agresiones evidentes, como la mayoría de la sociedad suele pensar. Hoy, el país ha avanzado significativamente al identificar una de las modalidades más crueles y complejas de la violencia: la violencia vicaria, en la que el agresor emplea a hijos, hijas o seres queridos como herramientas para afectar a las mujeres. Muchos hombres buscan hacerles daño a través de las y los hijos.
A partir de enero de 2024, el Gobierno mexicano integró esta figura, legalmente llamada violencia a través de interpósita persona, en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, junto con modificaciones al Código Civil Federal y al Código Penal Federal. Así, se reconoce que no se trata de conflictos familiares, sino de una forma particular de violencia de género destinada a castigar, controlar y dominar.
En este contexto, se establece el Artículo 6, modificado para incorporar esta figura en el marco federal, donde se define, de manera resumida, que esta violencia es “cualquier acto u omisión que, con la intención de causar perjuicio o daño a las mujeres, se dirige contra hijas, hijos, familiares o personas cercanas”, incluso sin vivir en el mismo hogar. Igualmente, incluye comportamientos como amenazar con hacer daño o quitar a los hijos e hijas, emplearlos para obtener información, incitar a la violencia contra la madre, presentar acciones legales basadas en hechos falsos o condicionar el cumplimiento de las obligaciones alimentarias.
Sin embargo, la realidad trasciende lo que la ley establece. Hoy también observamos situaciones en las que el agresor interrumpe el contacto con sus hijas e hijos, no por falta de interés, sino como una forma de castigo hacia la madre, empleando la ausencia, el abandono o la ruptura de la relación como método de daño. En estas situaciones, quienes realmente experimentan las consecuencias inmediatas son las propias hijas e hijos, que se encuentran en medio de una violencia que no originaron.
Este reconocimiento jurídico significa que el Estado tiene la obligación de intervenir, resguardar y sancionar. Asimismo, implica que los tribunales no pueden continuar operando bajo una lógica de aparente imparcialidad cuando existe una dinámica de poder caracterizada por la violencia.
No obstante, al igual que en muchos asuntos en México, la dificultad no radica en el reconocimiento, sino en su aplicación.
En la práctica, numerosas mujeres en Chihuahua, y sobre todo en nuestra frontera, siguen lidiando con procedimientos legales en los que sus agresores y exparejas emplean a sus hijas e hijos como instrumentos de coerción. Conflictos sin fin, acusaciones distorsionadas, agotamiento emocional y un sistema que, en ciertos momentos, tarda en identificar el patrón de agresión subyacente a estos actos.
Este es el punto en el que la institucionalidad adquiere relevancia. Lugares como los Centros de Justicia para las Mujeres y la Fiscalía Especializada de la Mujer han sido fundamentales para atender estos casos, pero el reto es mayor: se necesita una respuesta integral que combine lo legal, lo social y lo psicológico. La violencia vicaria no solo perjudica a las mujeres; también afecta de manera directa a niñas, niños y adolescentes, colocándolos en el núcleo de un conflicto que compromete su bienestar emocional, su estabilidad y su derecho a desarrollarse en entornos seguros.
En el estado de Chihuahua, la violencia vicaria se ha integrado en el debate público y legislativo. Hoy en día, vemos a muchos padres e influencers hablando del tema; sin embargo, la realidad y las estadísticas muestran otra cosa. Hay avances significativos en su visibilidad y en la formación institucional, pero aún persiste el reto de lograr su implementación efectiva en la realidad social.
En la actualidad, es fundamental que los gobiernos refuercen las políticas públicas con enfoque de género, que se capacite a las autoridades en el reconocimiento de esta violencia y que se garantice el interés superior de la infancia como eje de cada decisión.
Proteger a las mujeres implica también cuidar a sus hijas e hijos.
Porque, en una sociedad que busca la justicia, ninguna modalidad de violencia debería ocultarse tras lo “familiar”.