El líder estatal del PAN en Querétaro, Martín Arango, aseguró que, como presidenta del Comité de Adquisiciones del IEEQ, María Nieto Castillo concedió contratos a empresas relacionadas con el escándalo de corrupción y conflicto de intereses en el INE
El dirigente del Partido Acción Nacional (PAN) en Querétaro, Martín Arango García, señaló a María Nieto Castillo, hermana de Santiago Nieto Castillo, de haber otorgado en el Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) los contratos por más de 35 millones de pesos a las empresas que hoy son señaladas en el presunto caso de corrupción y conflicto de intereses vinculado con el Instituto Nacional Electoral (INE) cuando Guadalupe Taddei Zavala era presidenta del Consejo General.
Este martes, en rueda de prensa, refirió que, cuando el órgano electoral local otorgó los contratos a Cajas Graf y Litho Formas, la hermana del actual coordinador de los Comités en Defensa de la Transformación en Querétaro era la presidenta del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del IEEQ.
“¿Saben ustedes quién era la presidenta del Comité de adquisiciones que contrató a estas empresas de las que hoy se le acusa a Guadalupe Taddei? La hermana de Santiago Nieto, María Nieto Castillo. Entonces, creo que este asunto va a dar mucho de qué hablar en los próximos meses aquí en Querétaro”, dijo.
Luego de que Morena pidiera que se investiguen los contratos que en 2021 otorgó el IEEQ a ambas empresas cuando era presidente del Consejo General del Instituto, Gerardo Romero Altamirano, actual secretario de Desarrollo Urbano del Municipio de Querétaro, el dirigente panista refirió que el funcionario municipal no recibió ningún cuestionamiento en su desempeño al interior del órgano electoral local.
Asimismo, recalcó que transcurrió el periodo previsto en la ley para que Romero Altamirano pudiera desempeñarse en el gobierno.
“El señor hoy es un ciudadano libre que nunca fue cuestionado en su administración porque no tenía ningún vínculo partidista. Existe un tiempo de ley para que no puedan trabajar en administraciones que ellos mismos designaron como árbitros electorales, ya ha transcurrido. No hay alguna excepción y por el contrario, lo que sí existe es un derecho constitucional de la persona para poder emplearse en lo que es su derecho, en algo lícito, como lo es el gobierno municipal en este caso”, declaró.
