El Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, solicitó licencia temporal a su cargo ante el Conreso del Estado, luego de que se dio a conocer una investigación en su contra y señalamientos por parte de autoridades de Estados Unidos, en un caso que también es revisado por la Fiscalía General de la República.
En un mensaje dirigido a la población la noche de este viernes, casi a las 22:00 horas, el Mandatario estatal informó que su decisión busca facilitar el desarrollo de las indagatorias y garantizar la actuación de las instituciones de justicia.
“Lo hago con la finalidad de facilitar la actuación de las autoridades mexicanas en el proceso de investigación”, expresó.
Rocha Moya rechazó las acusaciones en su contra, mismas que calificó como “falsas y dolosas”, y aseguró que cuenta con una trayectoria que respalda su actuar público.
“Tengo la conciencia tranquila, una vida de trabajo respalda mis palabras. Lo digo clara y contundentemente. Son falsas y dolosas las acusaciones que se han vertido en mi contra. A mi pueblo y a mi familia los puedo ver de frente porque no los he traicionado y nunca, nunca los traicionaré”, afirmó.
El posicionamiento del Gobernador ocurre luego de que el gobierno de Estados Unidos señaló a 11 funcionarios y ex funcionarios de Sinaloa, incluido el propio Mandatario, por presuntos vínculos con el crimen organizado, específicamente con el Cártel de Sinaloa, a quienes acusa de conspirar para el tráfico de drogas a cambio de protección política y sobornos.
Sin embargo, la FGR aclaró este mismo viernes que la solicitud enviada por autoridades estadounidenses no constituye una petición formal de extradición, sino únicamente un requerimiento para aplicar una medida cautelar de detención provisional.
De acuerdo con el fiscal especializado Raúl Jiménez Vázquez, dicha solicitud carece de elementos esenciales, ya que “no hay ningún motivo, fundamento o evidencia” que justifique la urgencia de una detención de este tipo, la cual implica una restricción a derechos humanos.
El funcionario explicó que, conforme al Tratado Bilateral de Extradición entre México y Estados Unidos, este tipo de medidas solo pueden aplicarse cuando existen pruebas suficientes que acrediten la necesidad de evitar la evasión de la justicia, lo cual no fue incluido en el pedimento.
Ante ello, la FGR informó que solicitará formalmente a las autoridades estadounidenses la información, pruebas y documentación necesarias para poder realizar un nuevo análisis del caso, mientras que en México se mantienen abiertas investigaciones sobre los hechos señalados.
En su mensaje, Rocha Moya también aseguró que no permitirá que su persona sea utilizada para afectar al movimiento político al que pertenece, y reiteró que colaborará con las autoridades durante todo el proceso.